El velero del quebrado y preso financista Luis Herrera se remató judicialmente a 38.500 dólares, luego de que el primer intento de subasta fracasar porque la base había sido muy alta. La embarcación es un Oceanic 321 modelo 1995 con 10 metros de eslora llamado AMIC.
En el mismo remate, realizado esta semana, también se vendieron su oficina de calle Rioja 1474 (piso 3) a 152 mil dólares y tres cocheras en ese edificio que se colocaron a 10.500 dólares, 11.500 dólares y 8.500 dólares.
Esta tanda de remates consiguió unos 221.000 dólares que se suman a los 450 mil dólares obtenidos cuando la Justicia le vendió su colección de autos de lujo.
Todo lo recaudado ingresa a la masa de la quiebra para intentar cubrir parte de la deuda con los 689 acreedores admitidos, cuyo pasivo verificado supera los 50 millones de dólares.
En paralelo, la defensa del empresario busca un acuerdo con la Fiscalía y los querellantes en la causa penal para evitar el juicio oral a cambio de 6 años de prisión efectiva.
El caso del financista Herrera
En lo formal, la investigación se encuentra en la etapa previa a la audiencia preliminar preparatoria del juicio. En materia civil y comercial, Herrera quebró y se le estuvieron liquidando los bienes.
La causa investiga una presunta maniobra de administración fraudulenta por al menos 30 millones de dólares. Para Fiscalía, Herrera captaba ahorros de particulares pagando muy altas tasas de interés en dólares con la promesa de invertirlos en complejas y lucrativas operatorias en el mercado de futuros de Chicago, pero en rigor se trataba de un simple esquema piramidal.
Aunque la investigación reunió 462 casos, solamente 129 llegarían a juicio, por un perjuicio económico calculado en 9.870.478 dólares. Si se considera la totalidad de los hechos denunciados, la suma asciende a 34.850.235 dólares.
En octubre de este año, la defensa del financista presentó ante Fiscalía una propuesta de juicio abreviado para intentar cerrar la causa que está pronta a ir a juicio penal.
El planteo contempla una condena de seis años de prisión efectiva para Herrera y de cuatro años para cada uno de sus hijos, Diego e Ignacio, además de la inhabilitación para ejercer el comercio. Marcela Fernández, esposa del financista, quedaría fuera del eventual acuerdo.
El primer intento de juicio abreviado contemplaba una pena de cinco años de prisión para Herrera y la libertad de sus dos hijos, imputados por administración fraudulenta y lavado de dinero.
En aquella oportunidad, hacia junio de este año, el acuerdo para resolver el proceso mediante un procedimiento abreviado no logró el consenso de los ahorristas, si bien había algunos querellantes muy interesados que trabajaron el entendimiento junto con las autoridades judiciales.