La Justicia federal ordenó la exhumación de los restos de una mujer en la ciudad de Santa Fe para determinar si podría ser hija de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.
El procedimiento se realizó el 26 de marzo en el Cementerio Municipal y forma parte de una investigación que lleva adelante el fiscal Roberto Salum, desde la sede descentralizada de Reconquista, con intervención de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado.
La causa se inició a partir del testimonio de una víctima del terrorismo de Estado que, en otra investigación, mencionó la posible existencia de una persona nacida entre 1974 y 1976 cuya partida de nacimiento presentaba inconsistencias.
A partir de ese dato, el Ministerio Público Fiscal comenzó una pesquisa preliminar ante la sospecha de un posible delito de lesa humanidad vinculado a la sustracción y ocultamiento de menores, así como a la supresión de identidad.
Durante la investigación, los fiscales lograron identificar a la persona mencionada, pero constataron que había fallecido en 2023 y que sus restos se encontraban enterrados en el cementerio de la capital provincial.
Ante esa situación, se solicitó preservar el cuerpo y luego se pidió formalmente su exhumación para obtener muestras genéticas que permitan avanzar en la identificación.
La medida fue autorizada por el juez federal Aldo Alurralde, quien ordenó la extracción de material para su análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La exhumación se realizó durante la mañana del 26 de marzo y se extendió por unas dos horas. Personal especializado extrajo piezas óseas que serán utilizadas para obtener el perfil genético.
Luego del procedimiento, el ataúd fue reubicado en su lugar de sepultura.
En el operativo participaron distintas áreas, entre ellas fuerzas de seguridad, equipos forenses, la Municipalidad de Santa Fe y organismos especializados en derechos humanos.
Búsqueda de identidad
Las muestras ya fueron enviadas al Banco Nacional de Datos Genéticos, donde serán comparadas con registros de familiares de personas desaparecidas.
La investigación se enmarca en las causas por delitos de lesa humanidad y en las políticas de restitución de identidad de posibles víctimas de apropiación durante la dictadura.
Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que, a 50 años del golpe militar, el paso del tiempo vuelve urgente este tipo de medidas, tanto por el envejecimiento como por el fallecimiento de personas que podrían haber sido víctimas de estos delitos.