En la Cordillera, el agua no siempre se ve. A veces corre como río; otras, está contenida en hielo o en suelos congelados que se descongelan de manera periódica. Lo que está en discusión por estas horas no es sólo una ley ambiental, sino el modo en que el país decide administrar esa reserva estratégica en un contexto de necesidad económica y de cambio climático.
El Senado dio media sanción a una reforma de la Ley 26.639 —Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial—, sancionada en 2010 ante la pérdida gradual de cuerpos de hielo atribuida entonces al calentamiento global. La norma protege cerca de 17.000 glaciares en Argentina y establece límites a actividades que puedan afectarlos, entre ellas la minería. Con los cambios impulsados por el oficialismo, el territorio alcanzado por la protección sería menor y las provincias pasarían a ser la autoridad de aplicación final para habilitar o no emprendimientos en esas áreas.
El argumento central de quienes promueven la reforma es que la ley actual frena el desarrollo de industrias consideradas estratégicas, en particular la minería vinculada a la transición energética. Del otro lado, organizaciones ambientales plantean que la discusión no es “minería sí o minería no”, sino dónde y bajo qué reglas.
“Somos parte de Wetlands International, una red de más de 20 países, y tenemos una posición de diálogo con todos los sectores. No estamos en contra de la minería, para que no haya una lectura equivocada, de preconcepto”, aclara Román Baigún, biólogo y coordinador del Programa Conservando los Humedales Altoandinos de Fundación Humedales.
Glaciares como humedales: el agua más allá de la lluvia
¿Por qué una organización dedicada a humedales interviene en el debate sobre glaciares? Baigún Lo explicó: “Las sociedades se fundan en los humedales: hay recursos constantes de agua y otros que sustentan la vida. Y los glaciares pueden ser tomados como humedales; de hecho, las zonas periglaciares son un humedal. Lo que permiten es disponibilidad de agua más allá de las épocas en que caen las precipitaciones, y a partir de ahí se permite la vida que rodea a estos ambientes”.
En esa definición aparece una idea clave: no se trata sólo de bloques de hielo visibles, sino también de su entorno. “Si estamos hablando de un ambiente periglaciar, no es de segundo orden. Es la zona donde periódicamente el agua se congela y se descongela; el suelo tiene hielo, aunque no se vea fácilmente. Y el ambiente periglaciar es tan importante como el glaciar. Son zonas que están sujetas al congelamiento del agua en su interior y por eso son imprescindibles de ser conservadas y no ser afectadas por las actividades humanas”, sostiene.
Baigún agrega una imagen que ayuda a entender el proceso: “Uno piensa que son rocas que están congeladas, pero no. El hielo está todo el tiempo desplazándose; cuando hay pendiente va bajando, es como un río en cámara lenta. Y esa agua, al cabo de décadas, desde la más alta cordillera llega al pie de la zona de deshielo y es el agua que pasa a formar los ríos”.
En un escenario de alteración climática, esa función reguladora cobra mayor relevancia. “Hoy en día está comprobado que hay una alteración en los patrones climáticos que afectan la disponibilidad del agua: hay mayor transpiración, mayor evaporación por más altas temperaturas. Y parte de la adaptación a estos cambios es tener estos sistemas que regulan la disponibilidad de agua”, afirma.
Desarrollo sí, ¿pero dónde?
El oficialismo plantea que la Argentina necesita explotar recursos minerales estratégicos para insertarse en la transición energética global y obtener mayor cantidad de divisas de esa actividad. Baigún no discute ese objetivo, pero introduce una condición: “Cuando decís ‘voy a trabajar en minería’ en la cordillera, donde hay tantos recursos minerales imprescindibles para una transición energética que todos anhelamos —todos queremos cambiar la matriz dependiente de hidrocarburos y estamos de acuerdo en que necesitamos su desarrollo—, el tema es dónde. Para eso está el ordenamiento territorial, y lo menciona la Ley General del Ambiente, que es simplemente decir dónde se van a hacer intervenciones que impactan en el ambiente y dónde no”.
Según el especialista, el área alcanzada por la protección es acotada. “El porcentaje de cobertura de la zona de glaciares y periglaciares es muy menor, alrededor del 1%. Es muy menor en relación a las áreas posibles. El conflicto está porque hay áreas de emprendimiento con mineras con nombre y apellido que quieren trabajar en estas áreas de glaciares”, señala.
Y agrega un dato de contexto económico: “La necesidad de divisas desde afuera para nuestra economía tan vapuleada pasa a ser un tema central, pero hay otros lugares donde trabajar y bienvenido sea si están bien hechos, por supuesto, con todos los recaudos para ambientes tan sensibles como son los humedales de altura”.
Quién controla y con qué reglas
Uno de los cambios más discutidos es el rol que tendrían las provincias como autoridad de aplicación final. Baigún advierte sobre posibles conflictos de interés de los gobiernos provinciales y aún de las propias compañías: “Esto es como el viejo dicho de darle al zorro a cuidar las gallinas. Malamente puede una empresa que tiene como objetivo maximizar sus ganancias y minimizar las erogaciones que puedan suponer el cuidado del ambiente, no pagar por el insumo agua o los impactos que pueda tener, levantar todos los beneficios económicos que puedan y, en el tiempo que tengan, irse. No puede ser nunca la empresa la que controle, desde ya”.
También cuestiona que el control quede exclusivamente en manos provinciales. “¿Y por qué no puede ser sólo una provincia? Primero porque los recursos de las provincias son reducidos y las mineras dan mucho dinero, pero ese dinero puede llevar a aceptar todo sin miramientos. Para eso está el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), un instituto formado por más de 140 investigadores. Sion científicos que, ente otras tantas tareas, hacen modelos hidrológicos que permiten ver dónde están situados estos glaciares y periglaciares, que se rompen el alma yendo al terreno a comprobar lo que ven en imágenes satelitales, a comprobar que es un insumo de agua para las cuencas que están abajo”.
En su mirada, lo que debería evitarse es la competencia regulatoria entre provincias. “El Estado nacional uniforma, hace que todas las reglas estén claras, todos iguales para todas las empresas, que no haya competencia entre provincias para atraer inversiones e ir bajando los requerimientos ambientales. Que no haya esa competencia, sino que la ley sea pareja para toda la Argentina y con gente que no esté sesgada, que no tenga intereses para un lado ni para el otro. Esa es la imparcialidad deseada con estas leyes de presupuestos mínimos”.
Un recurso que no reconoce límites administrativos
El agua que se origina en la Cordillera no queda en la montaña. “No es sólo decisión de las provincias cordilleranas, y por eso tiene que intervenir la Nación, porque el agua que sale de la Cordillera llega a otras provincias también y tiene implicancias para todos los habitantes de la nación”, subraya Baigún.
Menciona, como ejemplo, conflictos interprovinciales históricos: “La minería se puede hacer por fuera de estas áreas menores, y no es que el país no va a marchar, sino que, por el contrario, en una tendencia de sequía y alteraciones hídricas, contar con esta constancia de agua es imprescindible: agua de calidad para consumo, para desarrollo de actividades recreativas y de producción. Y eso excede a las provincias cordilleranas, porque por ejemplo Mendoza y La Pampa están en conflicto desde hace décadas por el río Atuel, que viene de las montañas”.
La discusión legislativa continuará en Diputados. Mientras tanto, el debate expone una tensión que atraviesa al país desde hace años: cómo combinar la necesidad de divisas y desarrollo con la preservación de sistemas naturales que funcionan como reservas de agua en un contexto de mayor sequía y variabilidad climática.
La pregunta de fondo no parece ser sólo cuánta superficie se protege, sino qué reglas se fijan para decidir dónde intervenir y quién tiene la última palabra cuando lo que está en juego no es sólo un proyecto productivo, sino la regulación de un recurso que no reconoce fronteras administrativas. Como el agua.