La provincia de Santa Fe dio inicio este lunes a una nueva etapa en su sistema penal con la implementación paulatina de los juicios por jurados populares. En ese marco, el ministro de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Daniel Erbetta, defendió fervientemente la participación ciudadana en los tribunales y aseguró que la población general está mucho más preparada para determinar las responsabilidades frente a los hechos concretos que los propios magistrados profesionales.
El primer caso bajo esta modalidad analiza un doble crimen, descripto como un femicidio seguido de homicidio, ocurrido en abril del año pasado en la calle Uruguay al 5300, en la ciudad de Rosario. Con los ciudadanos civiles ya sentados en el estrado para seguir atentamente las evidencias, el cortesano santafesino reflexionó, en diálogo con Radiópolis (Radio 2) sobre este avance institucional y destrozó los prejuicios contra el sistema.
Al ser consultado sobre si las personas comunes están listas para semejante tarea, el magistrado reformuló el planteo. "¿Si los jueces técnicos, los jueces profesionales estamos preparados para aceptar que un ciudadano participe en un poder del Estado como es el Poder Judicial y pueda asumir la responsabilidad de juzgar a un par?", se preguntó retóricamente. En ese sentido, fue contundente: "Yo diría que está más preparado el ciudadano común para poder juzgar sobre los hechos, porque los ciudadanos en un jurado son jueces de los hechos, no del derecho".
Para sostener su postura, Erbetta detalló las dinámicas a las que se expone un funcionario del sistema. Explicó que los magistrados tienen estabilidad y que el instinto de preservar su trabajo impacta en las formas de decidir, además de poseer sesgos particulares. "Es mucho más probablemente presionable un juez técnico que 12 ciudadanos que van a deliberar y que además van a ser jueces de un solo caso", subrayó. Finalmente, valoró que este sistema le otorga a la Justicia un "nivel de legitimidad enorme" al ser producto de una deliberación sostenida entre seis mujeres y seis varones.
Entre los días 8 al 11 de junio en el Centro de Justicia Penal de los Tribunales de la ciudad de Rosario se lleva adelante el sexto juicio oral y público bajo la modalidad de tener un jurado popular. Doce ciudadanos son los responsables de emitir un veredicto que podrá ser condenatorio o absolutorio. La jueza a cargo del juicio es Eleonora Verón, mientras que por el órgano acusador actuará el fiscal Alejandro Ferlazzo. La defensa técnica la ejercerá la defensora pública Nora Gaspire.
El martes 9 y el miércoles 10 desde las 8.30 se continuará con el debate y con las declaraciones testimoniales. El jueves 11 desde las 8.30 se producirán los alegados de clausura y el jurado popular pasará a deliberar y emitir su veredicto condenatorio o absolutorio desde las 14 aproximadamente.
El caso
En esta primera oportunidad, se juzga un caso de femicidio ocurrido en 2025. Rosario3 publicó en su momento el hecho ocurrido el 6 de abril de 2025. Se trató de un doble crimen. Aníbal Cabaña fue imputado por el femicidio de su ex pareja –con la que estaba en proceso de divorcio– y el homicidio del por entonces novio de la mujer. La Justicia le había impuesto una restricción de acercamiento días antes del ataque, cometido el domingo en Uruguay al 5300.
El fiscal Alejandro Ferlazzo, a cargo de la investigación por el doble homicidio de Natalia Ocampo (47) y César Valenzuela (48)
Además, informó que el pasado 26 de marzo el Juzgado de Familia había dictado una orden de restricción que no logró impedir el desenlace fatal.
En la audiencia imputativa, Cabaña fue acusado de homicidio doblemente calificado, portación ilegítima de arma de fuego y encubrimiento, ya que la pistola utilizada tenía la numeración limada. El juez Hernán Postma dictó prisión preventiva sin plazo. Según la calificación legal que formuló la Fiscalía, la pena en expectativa es prisión perpetua.
De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el domingo 6 de abril de 2025 a las 13.45, cuando Cabaña se presentó en una pensión ubicada en Uruguay al 5300, donde vivía Ocampo, con quien se encontraba en proceso de separación tras 18 años de relación. Logró ingresar al lugar utilizando las llaves que le había sustraído a su ex pareja.
Una vez dentro de la vivienda, se dirigió a la planta alta, donde se encontraba Valenzuela, actual pareja de la mujer. Pateó una puerta divisoria para acceder al sector de living-cocina y allí ejecutó al menos ocho disparos con una pistola Bersa calibre 9 mm. Primero le disparó a Natalia Ocampo dos veces en la cabeza y una vez en el cuerpo. Luego, tras un forcejeo, le disparó cinco veces a César Valenzuela, también en el cráneo y en el torso.
“La conducta fue dirigida hacia su esposa, expareja, en el marco de una relación de aproximadamente 18 años atravesada por un contexto de violencia de género”, sostuvo por entonces el fiscal Ferlazzo. Y añadió que el mismo 26 de marzo, a las 7.30 de la mañana, Cabaña había amenazado a Ocampo mediante gestos intimidantes.
El fiscal también indicó que el vínculo “estuvo signado por episodios de violencia desde sus comienzos” y que desde 2010 había denuncias en su contra por parte de la víctima. El femicidio, sostuvo, se produjo en un contexto de maltrato físico y psicológico, y también de violencia económica, ya que el agresor hostigaba a la mujer para apropiarse de bienes que consideraba suyos.