La Legislatura de Santa Fe tendrá esta semana una definición clave sobre el futuro de los cuidacoches. El proyecto que modifica el Código de Convivencia provincial tiene preferencia para ser tratado este jueves en el Senado, donde la Cámara alta deberá resolver si acepta los cambios introducidos por Diputados o si insiste con el texto original que había aprobado en marzo. Todo indica que irá por la ratificación de su propia media sanción.
La diferencia no es menor. El proyecto que salió del Senado, impulsado por el senador por el departamento Rosario Ciro Seisas y consensuado con el gobierno provincial, tenía como eje la prohibición de la actividad de cuidacoches en la vía pública. En cambio, la versión que aprobó Diputados cambió el enfoque: ya no penaliza la sola presencia de una persona que cuida autos, sino las conductas intimidatorias o la exigencia de dinero en lugares donde la actividad no esté autorizada o esté prohibida por una ordenanza local.
Consultado por Rosario3, Seisas sostuvo que su intención es que el Senado insista con la versión original. La diferencia central con el texto aprobado por Diputados está en el artículo 1, porque relativiza la prohibición. "Quedó redactado de una manera en que tenés que demostrar que hay intimidación o amenaza”, entiende el senador.
En otras palabras: el Senado había votado una norma más dura, orientada a prohibir la actividad en los lugares no autorizados. Diputados reformuló el texto y lo convirtió en una regulación con sanciones específicas para los casos en los que haya presión, intimidación o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
Qué había aprobado el Senado
La media sanción original del Senado incorporaba el artículo 66 bis al Código de Convivencia y establecía sanciones para quienes, sin autorización, ofrecieran o exigieran dinero a cambio de permitir estacionar, cuidar, lavar o limpiar vehículos en espacios públicos.
Según ese texto, la infracción se configuraba cuando una persona ofrecía o realizaba tareas vinculadas al cuidado de vehículos en la vía pública “a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica, ya sea voluntaria o no”, en lugares donde esa práctica estuviera prohibida por normativa local.
El esquema de sanciones contemplaba trabajo comunitario de 2 a 10 días para la primera infracción, prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la falta y arresto de 10 a 20 días en caso de reincidencia.
También preveía agravantes que podían duplicar las penas: si había violencia o amenazas, si la actividad se realizaba en zonas de estacionamiento medido, en inmediaciones de eventos masivos, en horario nocturno, en zonas sensibles como escuelas, bancos o edificios públicos, o si se aprovechaban situaciones de vulnerabilidad.
Además, el Senado había incluido sanciones más severas cuando se comprobara que la actividad estaba organizada por dos o más personas. En esos casos se preveían penas de arresto de 10 a 20 días, con posibilidad de agravamiento si había organizadores o coordinadores.
Qué cambió Diputados
Diputados aprobó el proyecto el 4 de junio, pero con modificaciones sustanciales. La iniciativa tuvo 25 votos a favor, 17 en contra y una abstención, con acompañamiento del interbloque oficialista.
El primer cambio central fue de enfoque. La Cámara baja dejó de hablar de una prohibición general de la actividad y acotó las sanciones a quienes “exijan o requieran de manera intimidatoria” una retribución económica por el uso de espacios públicos destinados al estacionamiento o por tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos.
Además, condicionó la aplicación de las sanciones a dos requisitos: que la actividad se realice sin autorización de la autoridad competente y en lugares donde exista una prohibición establecida por normativa local vigente. Ese punto es clave porque deja en manos de cada municipio la decisión de prohibir, autorizar o regular la actividad en su territorio.
La sanción principal que incorporó Diputados es la prohibición de concurrencia al lugar donde se cometió la infracción, por un plazo de hasta 60 días. Ese plazo puede extenderse de 60 a 120 días cuando la conducta ocurra en zonas de estacionamiento medido, en inmediaciones de eventos masivos o cuando exista aprovechamiento de desigualdades vinculadas al género, la edad o la discapacidad de la víctima.
Diputados también estableció que la sanción pueda ser reemplazada por trabajo comunitario cuando exista acuerdo entre las partes o cuando así lo disponga el juez.
Otro cambio fue la incorporación de una figura específica para quienes organicen o coordinen estas actividades. En esos casos, el proyecto prevé arresto de hasta 10 días y prohibición de concurrencia al lugar por un plazo de hasta 240 días.
El reclamo de las ciudades
Seisas cuestionó que Diputados haya intentado atender reclamos de distintos sectores sin tomar suficientemente en cuenta la posición de las ciudades, que venían pidiendo una ley marco provincial para poder actuar sobre el problema.
“Entiendo que se haya intentado atender o escuchar los reclamos de sectores varios, pero en Diputados no se tuvo tan en cuenta a las ciudades, que fueron muy claras al pedir una ley marco a la que pudieran adaptarse”, sostuvo.
El senador mencionó entre esas ciudades a Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, Rafaela, Santo Tomé, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Sobre ésta última aclaró que no está en contra, aunque allí el tema no tiene las proporciones que alcanza en Rosario o en la capital provincial.
La versión de Diputados también le da un rol central a los gobiernos locales, aunque desde otro enfoque. La acción pública contravencional en los casos vinculados a cuidacoches será ejercida exclusivamente por el municipio donde ocurra el hecho.
Además, los municipios podrán pedir intervención policial para hacer cesar la actividad y desplazar a los presuntos infractores del espacio público.
Ese punto busca compatibilizar la ley provincial con la autonomía municipal y con la competencia local sobre el uso del espacio público. En la práctica, la ley provincial fijaría un marco de sanciones, pero cada ciudad deberá definir por ordenanza dónde la actividad está prohibida o bajo qué condiciones puede desarrollarse.
Abordaje social y nuevos cargos judiciales
Diputados incorporó además un capítulo de abordaje social. El texto obliga al Poder Ejecutivo provincial a implementar acciones de prevención e inclusión para las personas que realizan esta actividad, con capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y asistencia en salud mental y consumos problemáticos.
También insta a los municipios a desarrollar programas similares y promueve convenios entre la Provincia, los gobiernos locales y entidades públicas o privadas.
Pero uno de los agregados que generó más ruido político fue la creación de dos nuevos cargos de jueces de primera instancia, uno con asiento en Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe, para integrarlos a los Colegios de Jueces Penales.
Ese punto fue cuestionado por la oposición, que consideró que una ley contravencional no debería utilizarse para modificar la estructura del Poder Judicial ni crear cargos judiciales penales.
Más allá de la discusión por la redacción final, Seisas pidió cautela sobre el impacto de la norma. Señaló que, aun si se aprueba la versión original, la ley no resolverá de manera automática un problema de larga data.
“Hay que ser cautos: si la ley se aprueba, de ninguna manera viene a resolver 30 años una norma de siete artículos”, advirtió.
El senador planteó que, una vez sancionada, deberá complementarse con convenios entre los municipios y la Provincia para ordenar los controles y avanzar, donde sea posible, en mecanismos de inclusión gradual.
“Si se aprueba, se va a buscar firmar convenios con Provincia para control y para acordar una inclusión gradual donde sea posible”, señaló.
Y resumió el objetivo de la iniciativa con ejemplos concretos de la vida cotidiana: “Solamente cuando lleguemos al día en que vayas a un recital y no te cobren, vayas a la cancha y no te aprieten o pares en un semáforo y no intimiden a hombres y mujeres, vamos a poder decir que empezamos a arreglar el tema”.