La regulación y sanción de la actividad de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe entró en etapa de definiciones. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que introduce modificaciones sustanciales a la iniciativa que venía con media sanción del Senado. Por este motivo, el expediente deberá regresar a la Cámara alta para su redacción definitiva.
La votación reflejó la fuerte división política en torno al tema. La propuesta fue acompañada únicamente por el interbloque oficialista de Unidos para Cambiar Santa Fe, sumando 25 votos afirmativos frente a 17 en contra y una abstención.
A diferencia del texto original del Senado, que planteaba una veda total, la versión de Diputados condiciona las sanciones a que la actividad se desarrolle sin autorización estatal. Además, se aplicará específicamente en sectores urbanos donde rija una prohibición local dictada por los municipios.
De esta manera, el control del espacio público queda bajo la órbita de los gobiernos locales, una postura que en Rosario es seguida muy de cerca.
El foco en Rosario y la postura de Javkin
Para la ciudad de Rosario, el debate legislativo resulta de vital importancia. El intendente Pablo Javkin ya defendió activamente la necesidad de contar con una ley provincial. Para el mandatario, la norma es una herramienta fundamental para poner un freno a las extorsiones en las calles.
No obstante, Javkin remarcó que cualquier medida punitiva debe ir acompañada de herramientas de contención y políticas sociales. El intendente hizo hincapié en la necesidad de asistir a las personas que se encuentran en situación de calle.
Este reclamo coincide con las preocupaciones de la Iglesia Católica. Días atrás, la Pastoral Social de Rosario expuso ante los legisladores provinciales. En esa oportunidad, pidió separar tajantemente a los "trabajadores informales" de las "mafias extorsivas".
Debido a este pedido religioso y a resistencias internas dentro del oficialismo, el debate en el recinto se había postergado semanas atrás para abrir instancias de diálogo. Esas reuniones terminaron modificando el texto definitivo.
Penas, multas y abordaje social
La nueva redacción incorpora el artículo 66 bis al Código de Convivencia provincial. Establece una pena de prohibición de concurrencia de hasta 60 días para quienes exijan retribuciones económicas de manera intimidatoria por el cuidado o lavado de autos.
La sanción se elevará y podrá ir de 60 a 120 días si la actividad se realiza en zonas con estacionamiento medido o en las inmediaciones de eventos masivos. El texto prevé que el castigo pueda ser reemplazado por trabajos comunitarios.
Asimismo, se creó una figura penal específica para los eslabones superiores. Quienes organicen o coordinen estas actividades ilegales recibirán hasta diez días de arresto. También se les aplicará una restricción de acercamiento al lugar por un plazo de hasta 240 días.
Como contrapartida a las sanciones, la ley obliga al Ejecutivo provincial y a los municipios a implementar programas de inclusión. Los mismos deberán ofrecer capacitación en oficios, intermediación laboral y asistencia en salud mental o consumos problemáticos.
