Ante la denuncia contra tres profesionales acusadas de amañar informes que habrían favorecido la separación de padres denunciados de abuso de sus hijos, el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Rosario manifestó “preocupación” por el “tratamiento que se viene realizando de situaciones que involucran a infancias judicializadas”.
En ese marco, la entidad dejó en claro que los informes psicológicos son un elemento más pero no determinan decisiones judiciales que deben basarse en un enfoque interdisciplinario y pidió una reunión con la Corte Suprema de Justicia.
El comunicado del Colegio de Psicólogos sostiene que los hechos que se conocieron a partir de la difusión del caso de las profesionales denunciadas “ponen nuevamente en evidencia las falencias en las políticas públicas en el campo de las infancias”, de las cuales “el sistema judicial no es una excepción”.
Y agrega: “¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para hacer justicia? ¿Qué recursos reales hay en el Sistema de Protección Integral para hacer lugar a estas problemáticas?. La inacción en la construcción de políticas y prácticas acordes a los marcos normativos que regulan la protección de las infancias terminan muchas veces haciendo lugar a falsos síndromes o patologizando, lo que no hace otra cosa que ocultar la voz de los niños en los procesos judiciales”.
El Colegio denunció un “vaciamiento de las políticas sociales, en especial aquellas destinadas a la niñez y la adolescencia”, y sostiene que esa situación propicia “el auge de discursos que tienen por objetivo la deslegitimación de un campo de prácticas”.
En esa línea, advirtió que en estas narrativas se “revictimiza” a los niños y niñas. “Escuchar las voces de las infancias en un marco interdisciplinario es un desafío que aún hoy se enfrenta con las prácticas adultocéntricas. En un contexto en el que las vulneraciones de los derechos, a través de las diversas violencias, se ha incrementado, urge generar e implementar recursos e interpelar las coordenadas de tiempo y espacio en el que se suceden estos abordahes”, sostiene el texto.
Que suma otra advertencia: “Mientras tanto, niñas y niños pasan judicializados gran parte de sus vidas, en un sistema que no está preparado ni problematiza la necesidad e abordar la complejidad y la particularidad de las problemáticas que atraviesan”.
El Colegio de Psicólogos sostiene que “entender esta complejidad implica reconocer que realizar un diagnóstico de vulneración de derechos no es responsabilidad de una sola disciplina” y ubica el informe psicológico como “una herramienta que nuestra práctica aporta”. Pero que “de ninguna manera constituye una sentencia, sino que debe ser considerado en el marco de otros elementos que corresponden al proceso judicial relevar para generar condiciones de legalidad en la resolución de los casos conflictivos”.
“Los informes psicológicos son registros de la singularidad y del entramado familiar en el que se encuentran inmersas las infancias. Su elaboración, así como las técnicas utililzadas para su confección, son herramientas validadas de nuestro campo y todo psicólogo matriculado se encuentra en condiciones de habilitación para realizarlos, atendiendo a las particulridades del campo de prácticas donde se solicite”, agrega.
Y hace un llamado a “los actores involucrados en las políticas de infancias” para que asuman las responsabilidades para “producir transformaciones hacia un sistema judicial que aloje a cada niño, niña o adolescente que requiera de un tratamiento cuidadoso, acorde a sus necesidades singulares”.
Justamente con ese fin es que el Colegio pide una reunión “en carácter de urgencia con la Corte Suprema de Justicia, en resguardo de las infancias, del campo de prácticas y del colectivo de psicólogos y psicólogas”.