La investigación penal contra al menos tres psicólogas acusadas de elaborar informes falsos y “calcados” para sustentar causas de abuso y separar a padres de sus hijos sumó un nuevo capítulo judicial en Rosario. Tras el reclamo de un grupo de abogados por las importantes demoras en el expediente, iniciado en septiembre del año pasado, el fiscal regional Matías Merlo decidió rechazar el pedido de apartamiento de la fiscal original, Guillermina Aiello, e incorporar a dos nuevas funcionarias para reforzar el caso: Guillermina Toprno y Bárbara Glikman. Mientras la Justicia pone la lupa sobre un presunto entramado sistémico vinculado a una ONG cuya sede local luce abandonada, los denunciantes aseguran que, después de que se hicieron públicos los ocho casos originales, recibieron consultas de cerca de 150 personas de distintas localidades del país por situaciones similares.
En paralelo, este viernes se llevará a cabo una audiencia clave en la Cámara de Apelaciones para revisar la absolución de un hombre que lleva ocho años sin ver a su hija, uno de los casos que destapó el escándalo.
La decisión de ampliar el grupo de fiscales llega, desde el punto de vista de los abogados, después de meses de estancamiento. El penalista José Nanni, en diálogo con El Tres, cuestionó duramente los tiempos de la Justicia al señalar que “estamos teniendo una sensación media amarga con el avance de la investigación”.
El abogado enfatizó: “Es muchísimo tiempo. No se ha producido todavía un solo allanamiento, no se ha secuestrado un teléfono celular, una computadora”.
Según las presentaciones, los informes psicológicos elaborados por estas profesionales —que actuaban como peritos de parte— se incorporaban como prueba clave en causas penales. A partir de esos peritajes, la Justicia de Familia disponía graves restricciones o incluso la suspensión total del vínculo paterno en contextos de separaciones conflictivas.
Si la causa penal luego se caía o los acusados eran absueltos, el daño ya estaba hecho: la desvinculación se prolongaba durante años.
Nanni describió que, tras la difusión de las denuncias contra las profesionales, comenzaron a detectar distintas anomalías, entre ellas la repentina modificación de la página web de la asociación a la que pertenecían. “Hasta el viernes de la semana pasada uno podía consultar la página web de la ONG y estaba todo listado con foto, todo de cada uno de los miembros, inclusive estas tres psicólogas que tenemos identificadas. Ahora ha desaparecido”, afirmó.
En el centro del caso aparece la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos (Aevas), presidida por el ex juez federal Carlos Rozanski, quien recientemente emitió un comunicado para rechazar las acusaciones y calificarlas de difamatorias.
Sin embargo, las sospechas sobre un posible accionar coordinado crecen, especialmente al observar su base de operaciones en Rosario. “El domicilio que se había fijado de la ONG acá en la ciudad de Rosario, una casa por lo menos en calle Rioja a la altura del 3000”, relató Nanni, en línea con reportes periodísticos que describen el lugar, ubicado en barrio Echesortu, como una “casa fantasma”, sin actividad institucional aparente.
Efecto cascada
La onda expansiva de la denuncia generó un efecto cascada. Lo que comenzó con ocho casos testigo escaló rápidamente. “El impacto que ha tenido esta denuncia hizo que nos encontremos con innumerables casos que nos van llegando”, admitió el letrado, para luego dimensionar la magnitud del fenómeno: “Tenemos hoy en carpeta más de 150 casos para analizar que nos vienen llegando de distintas localidades”.
El expediente que funcionó como punta de lanza para descubrir esta supuesta red de informes calcados fue el de Pablo Barra, denunciado en 2018 y absuelto en primera instancia en agosto del año pasado. Este viernes, el juez de segunda instancia Javier Beltramone presidirá la audiencia en la que se revisará esa absolución.
Barra, que lleva casi ocho años impedido de ver a su hija, prestó un testimonio desgarrador sobre el calvario judicial. “Si querían la verdad, hoy la verdad está. Y es más, estamos analizando que lo que a mí me llevó a juicio haya sido algo fraudulento”, sostuvo. Y agregó: “A mi hija le robaron el padre”.
El caso expone además una falla estructural del sistema judicial: la desconexión de tiempos entre los tribunales penales y los de familia. “Una cosa es el carril penal que transita una denuncia y otro el que se transita en el juzgado de familia”, se analizó, remarcando que muchas veces el fuero penal desestima la acusación, pero el impedimento de contacto persiste.
Nanni ratificó ese cuello de botella que, según sostienen los denunciantes, afecta a decenas de niños y padres: “No puede avanzar el juez de familia si es que existe una investigación abierta”.
