En un nuevo capítulo del conflicto que paraliza la actividad portuaria, la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó formalmente a 536 profesionales de practicaje y pilotaje a retomar de inmediato sus funciones, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias e incluso posibles denuncias penales. La medida fue oficializada este martes mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial.
La intimación se conoció un día después de que el Centro de Navegación (CNAV), entidad que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, solicitara formalmente la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y de la Prefectura Naval para destrabar el conflicto.
La decisión alcanza a todos los prácticos y pilotos incluidos en un anexo de 20 páginas que acompaña la publicación oficial, con el listado completo de los profesionales intimados. El documento enumera 536 nombres, correspondientes a los trabajadores habilitados para prestar el servicio.
En el edicto, la Prefectura ordenó a los profesionales "la inmediata puesta a disposición de sus servicios" para cumplir las funciones previstas en el régimen establecido por el Decreto 690/2026, norma que desreguló la actividad y originó el conflicto con el sector.
Además, el organismo advirtió que quienes no acaten la intimación podrán ser sancionados administrativamente por cometer una falta grave. También señaló que cualquier acción destinada a sostener la interrupción del servicio podría quedar alcanzada por los artículos 190 y 194 del Código Penal, que contemplan penas para quienes pongan en riesgo la seguridad de la navegación o entorpezcan el funcionamiento del transporte.
El paro por tiempo indeterminado fue resuelto por los profesionales del practicaje luego de la entrada en vigencia del decreto impulsado por el Gobierno nacional, que modificó el régimen vigente desde 1991. Entre otros cambios, la nueva normativa crea un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales, habilita la libre elección de prestadores y faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a fijar tarifas máximas.
Los trabajadores reclaman que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue esa norma y, mientras tanto, resolvieron dejar de asistir a los buques que ingresan o salen de los puertos argentinos.
La medida ya tiene un fuerte impacto sobre el comercio exterior. Según datos del Centro de Navegación (CNAV), alrededor de 140 buques permanecen a la espera de confirmación del servicio de practicaje, lo que afecta especialmente a las terminales agroexportadoras del Gran Rosario y otros puertos del país. También se registraron desvíos de operaciones hacia Montevideo y puertos del sur de Brasil, mientras las cámaras empresarias advirtieron sobre pérdidas económicas e inconvenientes en el abastecimiento de combustibles.