El debate por la construcción del parque acuático en la zona de La Florida, en el marco de un proyecto de renovación integral de toda la costanera norte, sumó un nuevo capítulo en los estrados judiciales. Tras la audiencia convocada por los amparos presentados contra el proyecto del Ejecutivo, la procuradora de primera instancia del Ministerio Público, María Laura Martínez, aclaró su rol en el proceso y advirtió sobre documentación faltante. Mientras la oposición política exige mayor transparencia, la Municipalidad defiende la intervención como una urgencia para reparar infraestructura crítica y evitar un mayor deterioro.
El conflicto se tramita actualmente a partir de cuatro causas distintas, impulsadas tanto por representantes políticos de La Libertad Avanza y Ciudad Futura, como por organizaciones de la sociedad civil vibnculadas a las actividades del río. Durante una entrevista con Radiópolis (Radio 2), Martínez explicó que su participación responde a un control de legalidad y observancia de los intereses generales, en cumplimiento con normativas de jerarquía constitucional. "De lo que se trata esta intervención es de un control de legalidad", remarcó la procuradora, al intentar separar su tarea técnica de la disputa política.
En la reciente audiencia judicial, la Municipalidad presentó documentación técnica y administrativa sobre la licitación, cuya inversión supera los 13.700 millones de pesos. Sin embargo, para la funcionara del Ministerio Público existen faltantes clave a la hora de resguardar los recursos naturales compartidos.
Uno de los ejes centrales de la controversia es el impacto ecológico de la obra en la ribera. Al ser consultada sobre los permisos correspondientes, la funcionaria judicial fue contundente respecto al estado de las presentaciones del municipio en el expediente. "Yo lo que te puedo decir es, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol tiene que ver con la legalidad y hasta donde yo veo, hasta donde yo pude ver, no hay hasta el momento una licencia ambiental otorgada", explicó.
Martínez profundizó en la necesidad de cumplir con el paradigma ambiental vigente y los tratados internacionales, como el acuerdo de Escazú, que, según señaló, garantiza el acceso a la información y a la justicia en estas materias. Además, marcó una contradicción normativa que dificulta el debate vecinal: "Nuestra ley provincial no prevé la participación ciudadana. Cuando sí lo hace la ley nacional. Por lo tanto, nuestra ley provincial debería hacerlo y si no, nosotros deberíamos pedirlo".
Mientras la Justicia analiza las casi 700 páginas del expediente, los sectores demandantes solicitan que se declare nulo el decreto del Ejecutivo que aprueba el procedimiento licitatorio. Desde la oposición sostienen que existen interrogantes sobre el desarrollo previsto y cuestionan los estudios urbanísticos e hidráulicos de la intervención.
Por su parte, fuentes de la Municipalidad justificaron los trabajos aludiendo al estado crítico del conducto Piaggio, ubicado en el sector. Para el gobierno local, la verdadera urgencia radica en reparar esa tubería para evitar daños mayores sobre el entorno y restituir las condiciones sanitarias, destacando que el proyecto contempla una planificación integral para toda la costanera norte rosarina y no es una actuación improvisada.