Una mejora realizada sobre la colectora de la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Funes, derivó en una intimación de Vialidad Nacional para que se retire la obra y se restituya el sector “a su estado original”. La intervención había sido impulsada por el Hotel Sol de Funes para mejorar el acceso al complejo y otros espacios de la zona.
El caso tomó estado público en los últimos días luego de que trascendiera la carta documento enviada al titular del hotel desde el 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional. Allí se exige remover la obra en un plazo de diez días hábiles por haber sido ejecutada sin autorización.
Según pudo reconstruir Rosario3 a partir de consultas con fuentes vinculadas al organismo nacional, el problema no pasa únicamente por la realización de trabajos sobre jurisdicción nacional, sino por la falta de aprobación definitiva del trámite correspondiente.
De acuerdo a esas fuentes, el hotel había iniciado gestiones para obtener el permiso, pero nunca completó toda la documentación técnica requerida. Además, aseguran que la intervención finalmente ejecutada fue superior a la que originalmente se había presentado ante Vialidad.
El procedimiento para este tipo de obras exige la presentación de documentación técnica detallada, metodología de ejecución, cronogramas, medidas de seguridad vial, informes ambientales y responsables técnicos, entre otros requisitos.
En Vialidad explican que esos controles no son solamente administrativos. La preocupación central pasa por las responsabilidades legales y técnicas que asume el organismo sobre cualquier intervención realizada en trazas nacionales.
Por ese motivo, el organismo necesita contar con información precisa sobre las condiciones en las que se ejecutan este tipo de mejoras: materiales utilizados, compactación, drenajes, pendientes y medidas de seguridad vial, entre otros aspectos.
La obra realizada en Funes había mejorado un tramo deteriorado de la colectora utilizado por trabajadores, proveedores y visitantes de la zona. Sin embargo, al no contar con autorización final aprobada, quedó bajo observación administrativa.
El caso abrió además una discusión sobre cuál debería ser la salida técnica ante situaciones de este tipo: si corresponde remover completamente las obras ejecutadas sin permiso o avanzar en instancias de verificación y regularización posteriores.
Mientras tanto, la intimación sigue vigente y el conflicto quedó planteado entre la necesidad de controlar intervenciones sobre infraestructura nacional y el impacto concreto de una mejora que hoy ya está siendo utilizada diariamente.