El gobierno provincial continúa intimando a familiares de alumnos y alumnas involucrados en amenazas falsas en escuelas lo cual ha generado, de acuerdo al gobierno provincial, una atenuación de los llamados y escritos que comenzaron a intensificarse tras el tiroteo y homicidio en San Cristóbal. En este sentido, la secretaria de Coordinación Técnica de Santa Fe, Georgina Orsiani, brindó algunos patrones del fenómeno.
La funcionaria negó rotundamente que haya un estamento social determinado que esté relacionado a las amenazas. En diálogo con Radiópolis (Radio 2), aclaró que la problemática alcanzó tanto a escuelas públicas como privadas de todo el espectro de la sociedad y en diferentes puntos geográficos de la provincia.
No obstante, sí se detectó una mayor concentración de episodios en escuelas secundarias dentro de los grandes cascos urbanos, aunque en el interior provincial también hubo registros preocupantes en colegios primarios. Para Orsiani, la clave del fenómeno radica en la tecnología y la imitación de contenidos publicados en redes sociales. “Entendemos que acá el entorno digital ha sido el desencadenante, la gran viralización, la irresponsabilidad en cuanto a la viralización”, subrayó.
Frente a este escenario, la secretaria recalcó la necesidad urgente de tomar un rol activo desde el hogar: “Por eso somos muy enfáticos y en cada oportunidad que tenemos lo recalcamos la importancia de poder hablar con nuestros hijos, de poder trabajar mancomunadamente con los docentes, con las instituciones educativas, pero acá con un rol fundamental como familia o como responsables de la tutela de nuestros niños”.
En baja
El gobierno provincial confirmó que las intimaciones económicas a familias de alumnos por las falsas advertencias a escuelas comenzaron a dar resultados positivos y bajaron drásticamente las comunicaciones al 911. Orsiani detalló que ya se efectivizaron 11 notificaciones por resarcimiento de daños, mientras que otras 18 se encuentran en pleno trámite administrativo, lo que permitió desacelerar la ola de casos que afectó a Rosario y a diversas localidades del territorio santafesino.
Durante las semanas de mayor conflictividad, el Estado provincial debió destinar enormes esfuerzos logísticos y operativos para atender las falsas alarmas. Orsiani graficó el volumen del problema al recordar las cifras de esos días críticos y el desgaste de los recursos de seguridad. “Recordemos que en el transcurso de una semana de los cinco días hábiles que los chicos concurren a la escuela, hemos tenido inclusive alrededor de 355 noticiamientos al 911”, precisó.
Sin embargo, tras la decisión de cobrar los costos a los responsables, la situación mostró un cambio notable. En el cierre del último reporte, se registraron apenas cinco hechos aislados: uno en Villa Constitución, otro en Las Rosas y tres en la ciudad de Santa Fe.
El impacto económico y administrativo
Las sumas exigidas por el gobierno en las notificaciones oscilan entre los dos y tres millones de pesos. Al respecto, la funcionaria explicó la lógica detrás de esta política pública que busca generar conciencia ciudadana y recuperar los fondos estatales perdidos. “Las reacciones por parte de los responsables o de los progenitores en algunos casos que han recibido las notificaciones ponen de manifiesto la gravedad que este hecho tiene y como siempre señalamos, la verdad es que la forma que los argentinos tenemos de reflexionar y de reaccionar es cuando nos tocan el bolsillo”, afirmó.
En el caso de que las familias sancionadas no cuenten con los recursos para hacer frente a la liquidación impuesta, existen mecanismos jurídicos establecidos para continuar con el reclamo. Se otorgan cinco días hábiles para responder al requerimiento, que tiene carácter netamente administrativo. Si no hay contestación ni voluntad de arreglo, “se notifica a la Fiscalía de Estado para que se pueda perseguir judicialmente el cobro de esta liquidación que se practica y que se acompaña en cada intimación”, apuntó.