Falta muy poco para el 1 de enero. Desde ese día que da comienzo a 2019, el programa nacional Incluir Salud empezará a depender de los Ejecutivos provinciales. La cuenta regresiva arrancó pero, ni las personas con discapacidades afectadas ni los transportisas que se encargan de sus traslados saben cómo se instrumentarán los servicios. A medida que se acerca la fecha, crece la incertidumbre y la preocupación. Desde Igualdad y Participación, los diputados Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani presentaron un pedido al gobierno santafesino para conocer cómo se hará cargo del programa.
La Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes) encendió el alerta ante la disposición de la Agencia Nacional de Discapacidad que dispuso a partir del 1 de enero de 2019 la provincialización del Programa Incluir Salud. Según informaron en un comunicado de prensa “no se han conocido posicionamientos de la Provincia al respecto”. Pablo Bolego, presidente de la asociación, admitió que temen que “Santa Fe no tenga los recursos para sostener el programa” y asimismo, se preguntó “con que cápitas van a pagar el transporte”.
De acuerdo a lo que precisaron desde Atraes, las cápitas que precisamente son los recursos que gira a las provincias el programa Incluir salud son en el presente de 280 pesos por cada beneficiario (para cubrir protesis, sillas, pañales). Ahora, el traspaso pasará a las provincias: “Evidentemente creemos provincializar será muy negativo para nosotros porque los recursos no alcanzarán”, remarcó y agregó: “Trasladan el programa a las provincias como lo hicieron en su momento con parte de la educación y después las provincias no tienen los recursos para costear y sostener estos servicios”, se quejó.
En tanto el transportista explicó que, las instituciones en discapacidad para pagar el servicio de transporte tendrán que facturar a la Provincia: “Muchas no están incluidas en el régimen de prestadores de servicio de transporte porque antes al ente nacional facturaban integralmente”, señaló. “Esto hace que las instituciones deberán reempadronarse a Afip, Todo hace que se sigan sumando conflictos”, arrojó Bolego.
En tanto, desde Atraes exigen respuestas del gobierno provincial para conocer “su posicionamiento. Atraes necesita saber si Santa Fe adherirá al traslado del programa Incluir Salud y conocer en detalle cual será la mecánica administrativa para la aplicación de este sistema”, alertaron. “Sabemos de las dificultades presupuestarias de las provincias, incluyendo la nuestra y por eso necesitamos saber como cubrirán insumos tales como medicamentos, prótesis, sillas de ruedas, y también el transporte”, precisó por último.
Pedido de informe
El pedido de informes presentado en la legislatura provincial por Igualdad y Participación, solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud, de respuesta sobre varias cuestiones que hacen a la prestación del programa Financiar Incluir Salud -PFIS- que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Se solicita saber a partir de qué fecha esta prevista la entrada en vigencia del traspaso a las provincias del pago de las prestaciones de transporte, cuál es la cantidad de personas con discapacidad beneficiarias del PFIS que son usuarios/as de la cobertura de transporte en el territorio provincial y con qué fondos prevé la provincia afrontar estas obligaciones. Además, el pedido de informes plantea saber cuáles son los procedimientos administrativos que se implementarán a partir de la entrada en vigencia del traspaso a la provincia a fin de evitar demoras en las rendiciones de facturación, cadena de pagos para prestadoras de servicios de transporte y/o evitar restricciones y suspensiones para los/as beneficiarios/as.
"Sabemos que el programa viene sufriendo recortes en los últimos tiempos y esta decisión profundiza aún mas ese ajuste, generando una situación de angustia e incertidumbre tanto a las instituciones y transportistas que prestan servicios a beneficiarios y beneficiarias del programa, como así también a las familias sobre quienes peligra la continuidad de la cobertura", explicó Augsburger, al tiempo que agregó que "es fundamental que desde el Estado se den todas las herramientas que favorezcan el desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad, para que puedan ejercer una ciudadanía plena. En este sentido, es necesario también que el gobierno de información clara sobre la forma en que esta prestación se continuará garantizando para calmar el malestar que generan estas malas decisiones".
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