Cuando dentro de diez días la Legislatura se vista de gala para que los convencionales juren la nueva Constitución santafesina no para todos se tratará de una fiesta. Es que así como hay sectores que ganan poder –como el gobernador que podrá ser reelecto y los municipios que tendrán autonomía– y otros que conservan el que tienen –como los senadores–, también están quienes lo ceden en el marco del rediseño institucional que implica la reforma. Y no son actores menores, sino pilares históricos de un statu quo en proceso de reconfiguración que ahora ven que los empujan fuera de la foto.
Es esto lo que explica las presiones de última hora de dos instituciones que son de las más representativas de un bloque de poder que se consolidó durante décadas en una provincia que durante mucho tiempo se caracterizó por ser tradicional y conservadora: la Iglesia y la Justicia.
Ambas intentan por estas horas generar cambios de última hora en los textos de la nueva Constitución que los involucra, antes de que se aprueben en las sesiones plenarias de la Convención Constituyente. Este miércoles se votará el capítulo judicial, y el viernes se reformará el artículo 3, que aborda la relación entre Estado y religión.
"La religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes", dice el texto actualmente vigente.
La redacción propuesta en el dictamen de mayoría, que aún debe pasar por la comisión Redactora y luego aprobado en el recinto, plantea: "La Provincia no establece religión oficial, asegura la distinción entre el orden civil y el religioso. La relación entre el Estado, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad".
Esta nueva redacción deja conformes, entre otros, a los laicos y a sectores de las iglesias evangélicas que son aliadas del gobernador Maximiliano Pullaro y que incluso tienen un referente dentro del bloque de convencionales del oficialismo: el pastor y diputado provincial Walter Ghione.
Pero la Iglesia Católica, aunque ya no es la misma de la época en la que monseñor Edgardo Storni le daba órdenes a los gobernadores, parece no aceptar la posibilidad de quedar en igualdad de condiciones justamente con los evangélicos y lanzó en estos días una ofensiva pública con un comunicado de las cinco diócesis de la provincia, pero también otra más reservada con gestiones ante convencionales que tienen vínculos históricos con la institución.
¿Qué pide? Ser nombrada a modo de reconocimiento histórico. “Cuando hay un vínculo fuerte, genuino, cultural, social, entre una sociedad, un estado y una confesión religiosa, es legítimo, no es ilógico o una pretensión desmedida, pedir que ese vínculo se exprese con una mención. La mención no es un privilegio, no es pedir tener más que los otros, no es volver a la confesionalidad. Es expresar una nota de la identidad de nuestro pueblo”, dijo el arzobispo de Santa Fe, Sergio Fenoy.
Algo que, desde su punto de vista, sería un retoque mínimo: “Es mencionar el adjetivo católico. Nada más que eso, porque con respecto a los otros términos del artículo que se ha reformado, estamos de acuerdo. Así que no es que hay que hacer otra redacción o poner mucho más. Basta el adjetivo”.
Entre los convencionales están quienes, como los senadores, son parte de la tradición conservadora que le dio a la Iglesia Católica un lugar privilegiado en el bloque de poder histórico de la provincia y creen que hay que responder afirmativamente al pedido de los obispos. Pero también sectores más jóvenes y progresistas de la oposición que se muestran dispuestos a conformar a los referentes católicos si solo se trata de una mención.
Sin embargo, el acuerdo entre Pullaro y los sectores evangélicos también pesa y, se sabe, la llave para destrabar la cuestión la tiene el oficialismo, donde también son muchos los laicos. “Las presiones cruzadas ganaron fuerza en las últimas horas”, describió a Rosario3 uno de los neutrales.
Algo parecido a lo que pasa con el capítulo judicial, donde colegios y federaciones de magistrados también emitieron comunicados para reclamar cambios antes de que el tema se trate el miércoles en el recinto. Apuntan contra dos cuestiones: que el gobernador pueda elegir de las listas de aspirantes a jueces que surjan de los concursos los nombres de quienes propondrá para cubrir los cargos vacantes sin seguir un orden de mérito y que en el tribunal de enjuiciamiento haya mayoría política, pues serán cuatro legisladores y tres representantes de los estamentos.
El titular de la comisión que trabajó la cuestión, Lisandro Enrico, admitió que persisten debates sobre el tribunal de enjuiciamiento y de hecho la comisión Redactora, que debe elaborar el texto final que se tratará este miércoles en el plenario, pasó a un cuarto intermedio tras abrir la reunion de esta mañana para continuar las negociaciones dentro del propio oficialismo y con la oposición.
Según trascendió, también la Corte Suprema, actor fundamental del bloque histórico de poder justamente junto a la Iglesia y los senadores, mete ruido para, según reveló una fuente política a Rosario3, al menos condicionar la autonomía del Ministerio Público de la Acusación. Ese organismo saldrá de su órbita y será finalmente extrapoder, tal como batalló desde antes del inicio de la Convención la fiscal general, María Cecilia Vranicich.
Acaso los últimos movimientos de Vranicich pusieron en alerta a los jueces del máximo tribunal. Como contó David Narciso en su columna del domingo, la funcionaria, ante la situación de que la independencia del MPA es un hecho inminente, solicitó a la Corte que se le permita tomar juramento a los nuevos fiscales que asumieron las últimas dos semanas. El tribunal respondió negativamente.
Para los tres miembros de la Corte más antiguos la sensación de que están en retroceso es lógica: ceden control disciplinario, pierden toda influencia sobre el organismo que comanda las investigaciones penales y encima se deja en claro que hay un límite constitucional para que los magistrados mayores de 75 años puedan continuar en sus cargos.
Es cierto, ellos juraron por otra Constitución y ya dieron la discusión de la edad, por ahora manteniéndose en sus puestos. Pero es un secreto a voces que después de la reforma constitucional, el gobernador Pullaro irá, texto de la nueva Carta Magna en mano, por el recambio final en el máximo tribunal.
¿Será acaso tallar en quiénes son su reemplazo también una aspiración de estos cortesanos?