Después de una jornada larguísima, en la que otra vez el acuerdo dentro del oficialismo fue un verdadero trabajo de parto, Unidos llegó a un dictamen de mayoría en la comisión de Justicia de la Convención Constituyente que se convertirá en la base sobre la cual se rediseñará el Poder Judicial santafesino.
El texto fija cómo quedará compuesta la Corte Suprema, le da un lugar institucional al procurador general, redefine el Ministerio Público ubicándolo como un órgano extrapoder con dos cabezas –Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Defensa– y establece reglas nuevas para la designación y el juzgamiento de jueces, fiscales y defensores. Los distintos sectores de la oposición presentaron otros cuatro dictámenes de minoría.
El resultado de la compleja negociación dentro del oficialismo terminó alumbrando un mix entre los proyectos del radicalismo y el socialismo. Los primeros sostuvieron cuestiones que para la administración Pullaro eran claves: que el gobernador conserve un margen de discrecionalidad para escoger a los aspirantes a jueces y fiscales, y que la política tenga mayor peso que la corporación judicial en el juzgamiento y remoción de los mismos. El socialismo consiguió que los concursos de selección estén a cargo de un organismo técnico, aunque bajo la órbita del Ejecutivo, y que el juzgamiento de magistrados y acusadores quede en manos de tribunales ad hoc en los que, a diferencia de lo que pretendía la UCR, no participará el Ejecutivo sino representantes del Legislativo.
Otro poroto para el PS es que el mandato del fiscal general y del defensor general no coincidirá con el del gobernador, lo que desde su punto de vista les brinda un grado mayor de independencia.
Los siguientes son los puntos principales del dictamen que, por la mayoría que tiene Unidos en la Convención, se terminará convirtiendo en letra constitucional. Lo leyó el presidente de la comisión, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, lo que muestra el peso que el gobierno le dio al tema.
Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia pasará a estar integrada por siete ministros. Su composición “procurará la paridad de género y la representación territorial, de acuerdo con lo que establezca una ley especial”.
La designación seguirá a cargo del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Los ministros conservarán la inamovilidad mientras mantengan idoneidad y cesarán de pleno derecho a los 75 años, sin posibilidad de prórroga. Esto seguramente fortalecerá, luego de la reforma, el embate del gobernador Maximliano Pullaro conta los tres magistrados del máximo tribunal que superan esa edad. Seguirán sujetos a juicio político, mientras que los demás jueces tendrán un mecanismo específico de enjuiciamiento. La Corte tendrá a su cargo los recursos de inconstitucionalidad, la revisión penal en casos autorizados, los conflictos de competencia y entre poderes, los incidentes de recusación de sus propios ministros y los juicios de responsabilidad civil contra magistrados.
Procurador General
La Procuración General quedará dentro del Poder Judicial. Su función será dictaminar ante la Corte y defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad.
El procurador será designado por el Ejecutivo con acuerdo legislativo, durará cinco años en el cargo y podrá ser reelegido por un solo período. Percibirá la misma retribución que los ministros de la Corte y podrá ser removido por la Asamblea Legislativa con mayoría absoluta.
Por cláusula transitoria, Jorge Barraguirre, actual procurador, continuará integrando la Corte con la misma jerarquía y remuneración hasta cumplir la edad jubilatoria.
Ministerio Público
El dictamen de mayoría incorpora una sección dedicada al Ministerio Público, que se define como “un órgano independiente de los otros poderes del Estado, con autonomía funcional y autarquía financiera”. Se divide en el Ministerio Público de la Acusación, encargado de la persecución penal con énfasis en la protección de las víctimas, y el Ministerio Público de la Defensa, que debe garantizar el acceso a la Justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. El esquema es similar al que establece el artículo 120 de la Constitución nacional, incorporado en la reforma de 1994.
Los organismos estarán encabezados por un fiscal general y un defensor general, designados por el Ejecutivo con acuerdo legislativo. Duran cinco años en el cargo, pueden ser reelegidos por un único período y perciben la misma remuneración que los ministros de la Corte. El texto especifica que cada mandato se computa, de modo que el actual período de la fiscal general y de la defensora provincial será considerado como primero a los fines de una eventual reelección. Sus mandatos no coinciden con el del gobernador, lo que busca darles mayor independencia. También podrán ser removidos por la Legislatura, por mayoría absoluta, en caso de mal desempeño o delito doloso.
Los fiscales y defensores que están debajo de quienes conducen ambos departamentos del Ministerio Público gozan de inamovilidad hasta los 75 años y una retribución equiparable a la de los jueces.
Cláusulas transitorias:
La fiscal general, el auditor de gestión y los fiscales regionales del MPA, así como la defensora provincial y los defensores regionales, seguirán en sus cargos hasta que terminen sus mandatos actuales, que se consideran como primer período a los fines de una eventual reelección.
Los agentes que hoy se desempeñan en el MPA y en la Defensa Penal continuarán en sus cargos con los mismos derechos salariales y de carrera. Más adelante, cuando se dicten las leyes orgánicas, se prevé el traspaso de los empleados de las defensorías civiles y del ministerio pupilar (organismo que garantiza el resguardo del patrimonio de las personas vulnerables controlando la actuación de los curadores y tutores) al nuevo Ministerio Público.
Designación y juzgamiento
La designación de jueces, fiscales y defensores seguirá siendo facultad del Ejecutivo con acuerdo legislativo, con un paso previo: concursos “transparentes, públicos y con participación ciudadana”.
Para ello se crea el Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público, un órgano técnico que funcionará en el ámbito del Ejecutivo. Estará integrado por un representante del Poder Judicial, otro del Ministerio Público, un diputado, un senador, un abogado de los colegios profesionales y un académico de universidades públicas.
Ese Consejo organizará concursos y convocará a los jurados. Los concursos no se harán cuando se produzca la vacante sino por anticipado, para tener listas de aspirantes de reserva. Según el fuero en el que haya que cubrir un cargo, se propondrán al gobernador los posibles aspirantes sin un orden de mérito determinado. El mandatario escogerá de la nómina elevada, con su propio criterio, el nombre para enviar el pliego a la Asamblea Legislativa. Una ley específica regulará la integración y funcionamiento del Consejo.
Para el juzgamiento de magistrados, fiscales y defensores se crearán tribunales ad hoc integrados por un magistrado o miembro del Ministerio Público, dos senadores, dos diputados y dos abogados. Es decir, cuatro representantes políticos y tres de la corporación judicial. El procedimiento será “acusatorio, oral y público, con todas las garantías del debido proceso y del derecho de defensa”.
Cláusulas transitorias:
Los concursos en trámite al momento de la reforma continuarán con las reglas actuales.
Hasta que se sancione la ley del Consejo, seguirá vigente el sistema actual de designación de jueces, fiscales y defensores.
Lo mismo ocurrirá con los procedimientos disciplinarios: hasta que haya ley nueva, se aplicará la normativa vigente.
El Tribunal de Enjuiciamiento funcionará una vez que se sancione la ley que regule su actividad.
Defensoría del Pueblo
El dictamen también incorpora a la Constitución la Defensoría del Pueblo, con la misión de “promoción, protección y defensa de los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública”. Su designación, remoción y funciones se definirán por ley.
Tiempo para las leyes
Las cláusulas transitorias fijan un plazo de dos años para la sanción de todas las leyes necesarias para implementar la reforma. Mientras tanto, continuarán aplicándose las normas actuales en lo que no resulten incompatibles.
También disponen que los procesos judiciales ya iniciados ante la Corte sigan hasta su conclusión con la normativa vigente, que los juicios de expropiación se tramiten en la Justicia Civil y Comercial hasta que haya una nueva ley, y que los procesos contencioso-administrativos y los recursos contra el Tribunal de Cuentas se resuelvan en los órganos competentes según la legislación que se dicte.
El último dictamen
La comisión de Justicia fue la última en emitir dictamen. La semana que viene comenzará el trabajo de la comisión Redactora, que deberá ordenar los artículos reformados y agregados en un cuerpo armónico.
La reunión de este jueves comenzó a las 9, pasó a cuarto intermedio, se retomó cerca de las 17 y volvió a interrumpirse. A las 19.30, según contó el convencional de Unidos Lucas Incicco, todavía faltaban las cláusulas transitorias del dictamen de mayoría. Finalmente, cerca de las 21, llegó la fumata blanca.
Otra vez, como en la mayoría de las comisiones, todo el tiempo se consumió en las discusiones internas del oficialismo. Así, casi no hubo posibilidad de acercar posiciones con la oposición: el verdadero debate se dio dentro del propio frente de gobierno.
Los otros bloques, incluso algunos con coincidencias parciales, presentaron sus propios despachos: fueron cuatro además del que llevó todo el día consensuar a radicales, socialistas y el PRO. Eso generó malestar en la oposición y un reconocimiento autocrítico del presidente de la comisión, Lisandro Enrico.
Aun sin haber leído el dictamen de mayoría, las críticas opositoras llegaron después del primer cuarto intermedio. La más dura fue la de la convencional Lucila Lehman, que advirtió sobre situaciones que, según su visión, podrían generar un “escándalo nacional”. Mencionó como “malísimo” que el Consejo Asesor a cargo de los concursos quede bajo la órbita del Ejecutivo y como “bravísimo” que el tribunal de enjuiciamiento de jueces y fiscales tenga mayoría política. También sostuvo que el hecho de que las ternas no sean vinculantes es “gravísimo” y que, aunque el MPA sea considerado extrapoder, si el fiscal general lo designa el gobernador “eso altera el orden republicano”.
