El acuerdo de comercio e inversiones firmado con Estados Unidos no inaugura la política económica del gobierno argentino: la confirma. Lejos de ser un punto de llegada, es una pieza más de un programa que ya está en marcha y que tiene un eje nítido: la apertura indiscriminada de importaciones como herramienta de disciplinamiento económico y redefinición del modelo productivo.
El gobierno de Javier Milei presenta el acuerdo como un hito histórico. En su narrativa, la Argentina se reinserta en el mundo, abandona el proteccionismo y se convierte en un socio confiable de Estados Unidos. La apertura aparece como sinónimo de modernidad. La competencia externa, como antídoto contra décadas de ineficiencia. El mensaje es coherente, ideológico y deliberado. También es brutal en sus efectos.
Porque el desarme del entramado productivo argentino no es una consecuencia no deseada: es parte constitutiva del modelo que este gobierno impulsa. La liberalización comercial no llega como resultado de una estrategia de desarrollo ni como culminación de un proceso de fortalecimiento interno, sino como punto de partida. La secuencia importa: primero se abren las importaciones, luego -eventualmente- se verá qué sobrevive.
Los datos acompañan esa lectura. En poco menos de dos años de gestión, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cerraron cerca de 20.000 empresas con empleo registrado y se perdieron más de 260.000 puestos de trabajo formales, con especial impacto en industria, construcción y pymes. No se trata de un ajuste marginal, sino de una contracción acelerada del tejido productivo.
La apertura no llega sobre una industria fortalecida, sino sobre una estructura ya tensionada y ahora directamente expuesta.
En ese contexto, el acuerdo con Estados Unidos funciona como ancla externa de una política doméstica ya definida. La reducción de aranceles, la aceptación de estándares regulatorios estadounidenses y la apertura del mercado argentino a bienes industriales de alta competitividad refuerzan una dinámica que el propio Gobierno viene promoviendo: inundar el mercado de importados para forzar una reasignación rápida de recursos. No hay gradualismo ni red de contención. Hay shock.
El modelo de desarrollo que propone la administración de Javier Milei es explícito. Una economía primarizada, abierta, con especialización en sectores donde la Argentina tiene ventajas naturales -agro, energía, minería- y con un Estado reducido a funciones mínimas. La industria no es un objetivo estratégico, sino una variable de ajuste. Si es competitiva, sobrevivirá. Si no, deberá reconvertirse o desaparecer. No hay política industrial, ni protección selectiva, ni instrumentos de transición. Hay mercado y selección natural.
Esa lógica quedó sintetizada en una frase del ministro de Economía, Luis Caputo, cuando dijo que no compra ropa en la Argentina. No fue una anécdota: fue una definición de modelo. Si ni siquiera el encargado de la política económica considera valioso consumir producción local, la apertura indiscriminada deja de ser un desliz y pasa a ser un programa.
Desde esa lógica, el acuerdo ofrece beneficios concretos: más acceso al mercado estadounidense para ciertos productos, ampliación de la cuota de carne, expectativas de inversión en minerales críticos y una señal política clara de alineamiento con Washington y con Donald Trump. Para el Gobierno, eso alcanza. La industria que quede en el camino es parte del costo necesario para “normalizar” la economía.
El problema es la gran asimetría. La industria argentina compite sin crédito, sin escala, con costos logísticos elevados, con un mercado interno deprimido y sin protección cambiaria. Competir con Estados Unidos -o con cualquier país del mundo- en esas condiciones no es una apuesta a la eficiencia, sino una invitación al cierre. El acuerdo no corrige esa fragilidad: la institucionaliza.
Así, lo que se presenta como integración al mundo es, en los hechos, una redefinición regresiva del desarrollo. No porque la Argentina se abra, sino porque se abre sin estrategia productiva, sin compensaciones y sin un proyecto de industrialización alternativa. El acuerdo con Estados Unidos no crea ese rumbo, pero lo consolida y lo blinda.
Un desarrollo regresivo no implica necesariamente ausencia de crecimiento, sino un proceso en el que la economía pierde complejidad productiva, empleo y capacidades propias, mientras concentra la renta y el poder económico en menos actores. La apertura y la eficiencia operan como justificación, pero el resultado es una estructura más simple, más dependiente y más desigual.
La analogía que varios analistas han hecho con el pacto Roca-Runciman se refuerza por un dato incómodo: ambos acuerdos se firman con potencias en fase de declive relativo. En 1933, el Reino Unido intentaba preservar su influencia comercial frente al ascenso de Estados Unidos. En tanto hoy, es el país de Trump el que busca asegurar mercados, recursos y alineamientos en un mundo cada vez más disputado por China.
En ambos casos, el acceso a mercados centrales se compra al precio de una inserción subordinada, con beneficios concentrados y costos estructurales para el desarrollo productivo. La Argentina aparece no como socio de una potencia en expansión, sino como pieza funcional en la estrategia defensiva de un poder que busca contener su pérdida de centralidad.
La discusión de fondo ya no es comercial ni técnica. Es política. El Gobierno de Javier Milei eligió un modelo donde el desarrollo productivo deja de ser una prioridad y pasa a ser una consecuencia eventual del mercado. El acuerdo lo refleja con claridad. Las preguntas que quedan abiertas son varias. Aunque la más urgente es si ese modelo es sostenible económica, política y -sobre todo- socialmente. Y cuánto tiempo tardarán en verse sus costos reales.