“Esto es un chino” o “es una chinada”. En Argentina, esa expresión popular remite a algo difícil, complicado, enrevesado o difícil de entender, y su origen tiene que ver con que los caracteres del idioma chino nos resultan ininteligibles.
En los ambientes políticos santafesinos, estos días se echó mano seguido a esa frase para referirse a la más sorprendente de las innovaciones introducidas en el nuevo Código Electoral de Santa Fe.
Entre los 297 artículos que aprobó la Cámara de Diputados de la provincia, el 44 dice que nadie puede ser candidato en más de una lista o categoría. Acto seguido, establece una excepción. Dice que en las elecciones primarias “una misma persona puede ser inscripta como precandidata a gobernador en hasta tres fórmulas internas de una misma agrupación política, siempre que cada fórmula sea acompañada por una persona distinta como precandidata a vicegobernador, con paridad de género”. Por último, aclara que no es la remake de la ley de lemas: “Los votos obtenidos por las distintas fórmulas internas no se acumulan entre sí”.
Sí, a partir de 2027, en Santa Fe el voto popular podría definir no solo la preferencia por un candidato para disputar la gobernación, sino también quién lo acompaña de vice. Raro. La verdad es que cuesta hacerse a la idea de algo que no conocemos, de lo que no tenemos ejemplos a mano. Ni siquiera lo teníamos en el radar como posibilidad.
Gracias a una búsqueda sencilla en la web se puede verificar que Santa Fe está importando un instrumento electoral que se usa en otras latitudes. En 17 de los 50 estados de Estados Unidos los votantes eligen por separado al gobernador y al vice. Y eso en la elección general, lo que conlleva la posibilidad —y de hecho ocurrió— de que un gobernador tenga un vice de otro partido. Se agradece que el modelo santafesino no llegue tan lejos.
Pasada la sorpresa inicial, es cuestión de observar las múltiples aristas del asunto: las implicancias, por qué esta innovación aparece ahora, qué problema viene a resolver, qué hizo que tuviera amplio apoyo en la Cámara baja —más los votos que sumará en el Senado— y a quién jode y a quién beneficia, si es que jode a alguien.
Lo primero para decir es que el Código Electoral votado en Diputados y que el Senado convertirá en ley en cuestión de días cumplió la premisa de dar continuidad al “espíritu de la reforma constitucional”, que implicaba consensos amplios aun cuando los votos del oficialismo fueran suficientes. Un resultado de 43 a 4 en la Cámara baja, que en el Senado podría ser 19 a 0, no deja lugar a dudas.
El artículo 44 —el que habilita el voto a vices— tuvo diez votos menos a la hora de la votación en particular. El interbloque justicialista votó a favor de la ley, pero en contra de ese artículo. Esa posición tuvo una sólida argumentación de la diputada Celia Arena, aunque desde afuera se hicieron oír posiciones contrarias, como las del rossista Germán Martínez o el massista Diego Giuliano. Los dardos de ambos van dirigidos fundamentalmente al perottismo, al que acusan de tener acuerdos con el gobernador Pullaro. Acertado o no ese señalamiento, lo cierto es que el peronismo navega en aguas divergentes. Los senadores del PJ, socios del rossismo y del massismo en la interna partidaria, también acompañarán la ley electoral.
El acompañamiento del bloque Somos Vida, que lidera Amalia Granata, se definió horas antes de entrar al recinto de sesiones. En una reunión en la que por el oficialismo estuvieron el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y un puñado de legisladores radicales y socialistas, y el diputado Emiliano Peralta por el granatismo, se definió agregar al artículo 121 que “en las categorías de diputados provinciales y concejales municipales” pasan a las elecciones generales las agrupaciones políticas aunque no hayan alcanzado el umbral mínimo de votos, si la lista de gobernador sí lo superó.
El temor de Somos Vida radicaba en que si en 2027 Granata tiene que competir por la gobernación, la lista de diputados no supere el umbral de las Paso ante la ausencia de un elector de peso. Si bien ese umbral es bajo, Granata no quería arriesgarse a perder el espacio en el que se hizo fuerte en las últimas dos Legislaturas. La otra condición que puso el bloque fue quitar la obligación de presentar candidatura a la gobernación para poder competir en la categoría de diputados. De este modo, Granata llega a 2027 con distintas opciones según el escenario que más le convenga. Puede jugar a gobernadora y arrastrar una lista de diputados propios, o repetir la lista exclusiva para la Cámara baja como hizo hasta ahora.
Las reformas electorales pueden tener distintas motivaciones, pero siempre estarán supeditadas a un criterio de conveniencia elemental. Nadie promueve una reforma que lo perjudique o lo condicione. La que acaba de votarse parte de un mandato constitucional ineludible, al que se agregaron dispositivos funcionales que podrían facilitar situaciones problemáticas de la coalición gobernante.
Esto no es malo de por sí. El problema aparece cuando se tocan los sistemas electorales para inclinar la cancha y, para peor, en un marco de acuerdos débil. No pareciera ser el caso porque, si se observa el amplio apoyo que cosechó, cabe deducir que otras fuerzas políticas no ven una amenaza en las nuevas reglas electorales y, por el contrario, visualizan que agregan herramientas que podrían usar en el futuro. Entre las fuerzas con representación parlamentaria, la excepción es el Frente Amplio por la Soberanía, que esgrime una amenaza existencial en el incremento del piso de votos para entrar en el reparto de bancas, del 3 al 4%.
La ley de lemas de 1990 se hizo para que el peronismo pudiera ganarle a Usandizaga y superar la imposibilidad de ordenar su interna. El sistema de neolemas en la elección presidencial de 2003 tuvo el propósito de evitar el regreso de Menem al poder y esquivar la fractura del PJ. La sanción del sistema de primarias en Santa Fe en 2006 tenía la premisa de eliminar los lemas, pero garantizando no volver a las internas cerradas del PJ, lo que más adelante resultó una fórmula también útil para el Frente Progresista. Una intención similar persiguió la adopción de las PASO a nivel nacional en 2009. Y hoy en día la insistencia de La Libertad Avanza en eliminar las PASO o el intento por habilitar listas colectoras tienen como propósito limitar a la oposición para darle más posibilidades a la reelección de Milei.
Unidos está consiguiendo en Santa Fe resolver preocupaciones propias con alto consenso político. ¿Cuáles eran esas preocupaciones? El radicalismo, con Pullaro a la cabeza, avanzó muy firme en reformar la boleta única en las elecciones generales, pegando las categorías de diputados y concejales con las de gobernador e intendentes. Pero esa modificación alteraba los equilibrios entre los socios de la coalición.
Ocurre que, al quitarle competitividad a la categoría Diputados y subordinarla al arrastre del gobernador, el socialismo perdía su principal espacio de protagonismo, no solo por la cantidad de bancas que tiene y aspira a conservar —hoy es la fuerza legislativa más numerosa—, sino porque desde allí construye identidad. Para el PS es vital conservar esa identidad y no diluirse dentro de Unidos bajo el mando de la UCR. Desde esa identidad hace de contrapeso dentro de la coalición y disputa con candidaturas propias en las principales ciudades.
Rápido de reflejos, el gobernador Pullaro —y otros dirigentes de la UCR también— abrazó la propuesta. ¿Por qué? Porque “el chino” que le ofrecía el socialismo no solo no le generaba ningún perjuicio, sino que le solucionaba el dilema de cómo reequilibrar los espacios de protagonismo —y poder— entre la UCR, el PRO y el PS, teniendo en cuenta que el escenario de 2023 ya no es el mismo.
Con el artículo 44 encaminado, el socialismo gana porque amplió su menú de opciones posibles para cuando llegue el momento de negociar candidaturas y espacios de cada uno de los integrantes de Unidos. No deja de asumir un riesgo importante. El primero es el más lógico: tener que ir a una competencia de vices y que el resultado no sea el esperado, que la fórmula votada sea otra. El otro es que el gobernador, en este caso Pullaro, le dé mayor vuelo a una lista que a otra, ya sea con una vice radical o con Gisela Scaglia, si es que se repite la dupla de 2023. Esa cuota de riesgo requerirá un profundo debate dentro del PS sobre qué tanto conviene ir a una contienda interna o conseguir un acuerdo integral que ahorre el desgaste de una campaña primaria.
Si bien en 2027, con Pullaro como gran elector, la competencia de vices es útil para Unidos, en 2031 la imposibilidad de un nuevo mandato cambiará completamente el escenario y la competencia se centrará en la candidatura a gobernador o gobernadora. En ese caso, llevar más de una candidatura a vice podría dividir los votos y hacerle perder frente a otra fórmula que a lo mejor sacó menos votos, pero los concentró todos en una misma combinación.
Lo que es importante tener en cuenta es que la competencia de precandidatas o precandidatos a vice no es una obligación, como sí lo es que todas las agrupaciones políticas participen de las PASO. En este caso es un instrumento optativo que cada fuerza política puede usar o no. Su sola existencia influirá en la mesa de negociación donde se definan los armados electorales. Porque, en definitiva, abrir a la competencia la categoría vicegobernación no es más que apuntalar y promover el coalicionismo, abriéndole alternativas y dotándolo de mayor capacidad de contención de sus partes.
En este sentido se entiende que el interbloque justicialista se haya desmarcado en el punto más polémico y, a la vez, más innovador de la ley, porque necesita reafirmar su condición de oposición. Pero, a la vez, es muy posible que en el futuro le eche mano. La razón es que el artículo 44 no tiene una única forma de uso y puede resultar conveniente en escenarios de lo más variados.
Es que se trata de una herramienta útil cuando una coalición tiene un gran elector, como es Pullaro, que no tiene competencia, pero sí varios aliados que aspiran a integrar la fórmula o a tener un lugar de centralidad en la propuesta electoral. En este caso, sirve para dirimir la interna de una coalición.
En otro caso, la razón puede obedecer a cuestiones de táctica y estrategia electoral. Si una fuerza política tiene un candidato a gobernador con acotado desarrollo territorial, podría convenirle echar mano a la posibilidad de desplegar distintas fórmulas para tener más llegada gracias a la pertenencia geográfica de quien ocupe el segundo lugar.
Un punto que se mencionó poco y nada en el debate es si someter al voto popular al o a la vicegobernadora no representa un riesgo de meter ruido en la gobernabilidad bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, si el o la precandidata de la fórmula que gana la interna —o el grupo o partido que representa— se sintiese suficientemente empoderado o empoderada como para maniobrar con cierto grado de autonomía o diferenciarse del gobernador o gobernadora. Los cortocircuitos con vices tienen un rico y extenso historial en el país, tanto en el Congreso de la Nación como en las legislaturas provinciales.
Por último, el artículo 44 enfrentará cuestionamientos de inconstitucionalidad. Lo adelantó el FAS y lo predijo el diputado nacional y exconstituyente Diego Giuliano (PJ). Entienden que las PASO son parte del proceso electoral y, por lo tanto, la fórmula de gobernador y vice también es indisoluble en esa instancia. El oficialismo no ve una contradicción constitucional, justamente por entender que las PASO son una instancia de selección de candidatos. Al respecto, la Constitución provincial sólo dice: “El gobernador y vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, a simple pluralidad de sufragios”.