A medida que pasan los días, los Juegos Suramericanos capturan mayor atención popular. Es lo que muestran las redes, las visualizaciones de las transmisiones televisivas, el registro de QR, la asistencia a escenarios de competencia y los fan fest. El gobierno provincial trabajó para que eso ocurra y por eso los funcionarios sudan satisfacción a pesar de los contratiempos y dificultades que les presenta una organización de la complejidad y escala del evento.
Los Juegos Suamericanos transpiran deporte pero también política. Ejemplo de ello fueron la decisión del gobernador Pullaro de subir a la exvicegobernadora Gisela Scaglia al escenario de apertura cuando dio la bienvenida a las delegaciones; y el protagonismo de un socialista –el diputado y presidente del partido Joaquín Blanco– a la par de ministros y voceros oficiales radicales y del PRO, que hasta ahora los monopolizaban micrófonos y cámaras.
A mitad de semana Pullaro convocó en Rosario a los gobernadores de Provincias Unidas. El jujeño Sadir fue el único que se bajó por cuestiones de agenda. “No hubo reuniones ni conversaciones políticas”, aseguran desde el gobernador para abajo. ¿Y entonces qué?
En la práctica fue una visita relámpago en la que todos ganan. Los gobernadores mostrarán en sus provincias el acompañamiento y apoyo a sus deportistas. A su vez sumaron volumen a un acontecimiento cuyo anfitrión es un socio fundador de Provincias Unidas y que para el gobierno nacional pareciera pasar desapercibido.
El mensaje de fondo es la reunión misma y esa foto de tipos que conversan distendidos, que sintonizan entre sí. Refuerza la idea de un grupo de gobernadores de mantenerse juntos y trabajar para que no regrese al poder el kirchnerismo, o una fuerza que lo incluya. En términos del propio Pullaro: “Yo espero que el kirchnerismo no tenga ninguna posibilidad de ser competitivo el año próximo”.
Tumbar las Paso
La competitividad del peronismo está directamente atada a que haya elecciones Paso. Por eso, Pullaro respondió que podría apoyar la suspensión de esas elecciones. El resto de los integrantes de Provincias Unidas están de acuerdo salvo el cordobés Llaryora, que por ahora no tomó posición, en parte porque el peronismo lo presiona para que no se sume y en parte porque gana tiempo.
La Casa Rosada viene apurada para neutralizar las Paso. Manda al jefe de Gabinete Santilli a convencer a los gobernadores aliados, pero la faena está atravesada por una maraña de situaciones. Los gobernadores se tomarán su tiempo. En sus provincias se eligen diputados y senadores. ¿Les conviene suspenderlas? Además, cuanto más tiempo pasa, más es la desesperación del gobierno por inclinar la cancha a favor de la reelección.
Patricia Bullrich, jefa de bancada en el Senado de La Libertad Avanza, está viendo esa complejidad. Por eso avisó que todavía no están los votos para bajar las primarias.
Bullrich es un dolor de cabeza para los hermanos Milei y sus pretensiones de obediencia incondicional. Cuando sale a paso cambiado del gobierno, como hizo esta semana con el tema de las elecciones Paso y con las reforma en el área discapacidad, es porque les está avisando al presidente y a su hermana que la tienen que tratar como una aliada y no como una empleada.
Bullrich les está diciendo a los Milei lo que los Milei ya deberían haber entendido. Que no es lo mismo ella que el ecosistema de libertarios ignotos empoderados a dedo. Lo que está haciendo es poner en valor el 24% que sacó en la elección presidencial de 2027 y el 50% de 2025 en Ciudad de Buenos Aires.
¿Desafía a los Milei porque quiere ser candidata a presidenta en 2027, o llevarse el electorado de Juntos por el Cambio, o solo exige respeto y participación en la toma de decisiones? Todas esas posibilidades quedan abiertas y a libre interpretación en la magistral pieza de comunicación que difundió el viernes basada en la canción de Lali Espósito, inesperadamente usada como un grito de autonomía contra el principal detractor de la artista.
Las buenas, las malas y la oposición
En medio de los Juegos Suramericanos, pasaron otras cosas. Por un lado la calificadora de riesgo Fintch elevó el perfil crediticio independiente de la Provincia, ubicándolo al tope de las provincias junto con Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Poco después llegaron malas noticias desde el Indec con un pronunciado aumento de la desocupación, llegando el 11,5% del Gran Rosario la tasa más alta de todos los 31caglomerados urbanos del país. Se empieza a consolidar la tendencia que ya se veía en el primer trimestre. La desocupación escala y lo va a seguir haciendo si la política económica no atiende ese flanco. Los cierres de firmas y/o cesantías son noticia diaria. Ayer Walter Andreozzi, dirigente de la Federación Industrial de Santa Fe arrobó al presidente y el ministro de Economía para anoticiarlos por la red X que “Adient Automotive Argentina SRL decidió cerrar su planta en Pueblo Esther y comenzará a operar como importadora de las butacas que le vende a General Motors. Este cambio en su matriz derivó en el despido de los 70 empleados. TMAP @JMilei y @LuisCaputoAR”.
La oposición busca ocupar parte de la conversación política para no dejar todo bajo monopolio de los Juegos Suramericanos y el gobierno de Unidos.
Una de esas intervenciones surgió de un sector del peronismo. Un tuit del diputado nacional Germán Martínez apuntó a un decreto del Poder Ejecutivo por el que 57 mil millones de las cuentas del Iapos Complementario pasan a rentas generales. El tema tomó vuelo entre algunos dirigentes sindicales y despertó una lógica preocupación entre afiliados a la obra social de los empleados públicos, lo que llevó al Ministerio de Economía a explicar que se trata de una adecuación presupuestaria que no implica transferencias de Iapos hacia otras dependencias de la administración provincial. “El decreto 1878/26 es una readecuación interna del presupuesto del Iapos, que transfiere partidas de Iapos complementario para la atención de los gastos prestacionales vinculados con la cobertura médico asistencial del organismo de seguridad social, es decir el Iapos básico”. Se explicó también que como los aportes al sistema básico y complementario se administran por separado, la transferencia funciona como una suerte de préstamo interno para sustentar prestaciones que se reintegran a fin de año, cuando ingresan los aportes patronales y de trabajadores por el aguinaldo, y que no implican recorte de servicios.
En paralelo a la respuesta administrativa, el gobierno sumó un condimento político en su respuesta a la oposición. Publicó un listado de 11 decretos análogos en los últimos 8 años. Al menos tres de ellos en la gestión del exgobernador Omar Perotti firmados por el rafaelino y sus exministros Martorano y Agosto. Los tres hoy son diputados provinciales. “No encontramos otra explicación que el clima de precampaña para que quieran instalar temor y dudas entre los afiliados cuando estas readecuaciones son comunes, no repercuten en los servicios y ellos mismos las usaron”, retrucó un ministro del gabinete provincial.
Las cuentas públicas
Las cuentas públicas de la provincia son el debate en el que oficialismo y oposición cruzan espadas. Mientras la Casa Gris dice que el resultado económico (ingresos corrientes vs. gastos corrientes) está equilibrado y con un pequeño superávit de 48 mil millones, la oposición pone el ojo en el resultado financiero negativo (ingresos totales vs. gastos totales, incluyendo en este caso inversión de capital y compromisos financieros) de 717 mil millones.
¿Qué significa? Que los ingresos corrientes de la provincia alcanzan para cubrir las funciones y servicios básicos del Estado. Y que los vencimientos de deuda y sobre todo el robusto plan de inversión pública que lleva adelante el gobierno de Unidos se sostiene en otras fuentes de financiamiento.
El gobierno responde que tiene las cuentas en orden, que no se endeuda para gasto corriente, que está al día en los pagos. Y que la inversión (obra pública, infraestructura para los JJSS, maquinaria, compra de equipamiento para seguridad, educación y salud, entre otros) se financió en el primer semestre mediante una combinación de ahorro y recursos de capital (11,61 %); disponibilidades acumuladas de ejercicios anteriores, derivadas de los superávits de 2024 y 2025 (70,26 %); préstamos destinados a obra pública (6,58 %); entre otras fuentes menores. “La inversión pública se sostiene con fuentes genuinas de financiamiento y recursos acumulados en ejercicios anteriores”, afirma el gobierno.
Si la caída de ingresos propios y por coparticipación ya no permite generar ahorro, la primera pregunta es cómo se va a sostener el costoso plan de obra pública en ejecución. La respuesta está en el financiamiento que el gobierno se aseguró en su momento para blindar el programa.
Se trata de los 800 millones emitidos en el mercado de capitales, 75 millones de crédito de la CAF por los Juegos Suramericanos y otros 15 millones de esa misma entidad del Plan de Conectividad. En total, casi 900 millones de dólares (equivalente a 1,35 billones de pesos).
Con eso, el ministro de Economía, Pablo Olivares, duerme tranquilo de noche. Tiene el financiamiento asegurado del plan de inversión del actual gobierno y los vencimientos de noviembre próximo y el de 2027 de la emisión de títulos echa en 2016. ,
Ese escenario se alivianaría si se recuperara la actividad económica y con ella la recaudación permitiera un mayor nivel de ahorro. Nadie por ahora está viendo ese escenario. Los pronósticos son más bien en sentido contrario.
La segunda pregunta es qué pasará en el próximo periodo de gobierno. Porque si el financiamiento disponible alcanza para solventar los compromisos de esta gestión, la próxima estaría ante un escenario de ahorro cero y el desafío de encontrar nuevas fuentes de financiamiento o no hacer obra pública. Cabe recordar que la provincia tiene margen económico para tomar crédito y muy buena nota de las calificadoras de riesgo. Si las condiciones de mercado lo permitieran, queda un excedente de crédito por tomar de 200 millones de dólares de crédito de los 1.000 millones autorizados por la Legislatura.
De todos modos, Unidos y la oposición peronista coinciden en que la tendencia futura es preocupante y exigirá revisar la lógica del gastos y los ingresos si la película sigue siendo la misma, con recursos del Estado a la baja, actividad económica pisada y cada vez más ajuste en las cuentas públicas nacionales.
El último informe del Iaraf que dirige el economista Nadín Argañaraz permite visualizar que Trasferencias a provincias y municipios y Bienes de uso son los dos componentes del gasto público nacional más impactados por el ajuste entre enero y agosto (-86 y -83% respectivamente). Justamente dos componentes muy relacionados a las provincias.
Si bien Santa Fe ya acomodó su estructura a esa realidad, nada garantiza que no deba profundizarlo. El ajuste del gasto nacional, que ya lleva un impactante 14% del PBI en dos años y ocho meses, no puede detenerse porque la recaudación sigue cayendo y los próximos vencimientos de deuda son sumamente exigentes.
Quizás sea momento de recordar aquella frase de un Milei furioso porque los gobernadores retaceaban apoyo a la primera ley Bases: "Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos".