El 15 de marzo de 2025, el directorio de la Corporación Andina de Fomento, reunido en Santiago de Chile, escuchó a Pablo Quirno —entonces secretario de Finanzas del gobierno de Javier Milei y ahora canciller— defender la solicitud de 150 millones de dólares para la reparación y ampliación de la malla de accesos portuarios del Gran Rosario. Al cabo del día, los funcionarios del organismo multilateral aprobaron el préstamo. De inmediato, la Provincia solicitó permiso a la CAF para ganar tiempo con las licitaciones de las obras mientras se realizaba el resto de la tramitación. A pesar de que las licitaciones avanzaron y de que fueron funcionarios libertarios quienes expusieron y defendieron el proyecto, el decreto del Estado nacional que avala la operación se hace esperar. Pasó más de un año.
El tema volvió a la luz porque lo mencionó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su paso por la Bolsa de Comercio de Rosario. El ministro no tiene por qué conocer los detalles —dijo que el gobierno está “negociando más financiamiento con la CAF para nuevas obras de acceso a puertos”—, pero esa imprecisión alertó a funcionarios provinciales y al ecosistema institucional de la Bolsa de Comercio. ¿Cambiará algo después de que la Bolsa y lobistas privados del conglomerado agroexportador le hicieran saber la necesidad de no seguir estirando los plazos?
Históricamente, la firma para liberar los créditos concedidos por organismos internacionales fue una herramienta de negociación política que los gobiernos de turno se guardan para sí. El antecedente más reciente, que también demandó gestiones público-privadas, es el préstamo de 75 millones para los Juegos Suramericanos. También se demoró, al punto que ralentizó el inicio de obras. Milei firmó el decreto el 26 de febrero, en coincidencia temporal con un Congreso que debatía leyes centrales para los intereses del oficialismo.
¿Especula el gobierno nacional con la forma en que votan senadores y diputados del oficialismo santafesino en el Congreso a cambio de la firma? ¿Son problemas burocráticos o cuestiones políticas los que extienden los plazos?
Los grandes puertos, organizaciones de productores, operadores de logística, municipalidades del Gran Rosario y, obvio, la Provincia, son los principales interesados. El gobierno de Maximiliano Pullaro resolvió darle una solución al problema de los accesos del Gran Rosario tras 40 años de discusiones sobre cómo y quién debía financiar las obras. Dispuso que las realice el Estado, con financiamiento blando multilateral y un sistema de tasa única de ingreso a puerto que está en proceso de negociación con los municipios de la región.
Caputo también dijo en Rosario: “Le estamos dando la ruta A012 al Gobierno de Santa Fe”. No es poca cosa la palabra de un ministro, pero a ciencia cierta no hay nada concreto, distinto de las conversaciones que Provincia y Nación mantienen desde hace dos años.
En 2024, la buena predisposición de Caputo chocó con las autoridades de Vialidad. El organismo autárquico aceptaba un convenio para mantenimiento, pero se oponía a que la ruta saliera de la red vial nacional para volver a la de la provincia, como pretendía Santa Fe. Es decir, el planteo es que las provincias arreglen, mejoren y pongan en valor el patrimonio del Estado nacional con sus recursos y proyectos, que previamente Vialidad Nacional les sube o baja el pulgar.
Mendoza aceptó ese modelo de solidaridad invertida en mayo de 2025. Santa Fe busca otra salida. La A012, especialmente, está en el corazón de la malla de accesos que la provincia planea ampliar con crédito de la CAF. La última alternativa que se explora es una cesión temporal por 20 años, algo así como una concesión a un Estado provincial en lugar de a un privado, y atada también al esquema de tasa única de ingreso de camiones que se proyecta para toda la red portuaria.
Los borradores con Ansés
Sí hay avances para un acuerdo por los fondos de Ansés que Nación no envía a la Provincia. El lunes, en un reportaje que el gobernador Pullaro concedió a periodistas de seis medios en Rosario —entre los que estaban Rosario3— confirmó la columna vertebral del potencial convenio. Nación restituiría los pagos mensuales a cuenta de la cobertura del déficit previsional que interrumpió de forma unilateral en marzo de 2024.
La cifra estaría en el orden de los 10 mil millones mensuales. Si se actualiza por inflación, es la mitad de lo que giraba Nación cuando interrumpió los pagos. Además, Santa Fe recibiría bienes del Estado nacional a cuenta del stock multimillonario de deuda por el que litiga en la Corte Suprema. Entre otros, los terrenos de Puerto Norte sobre avenida Caseros (a un lado y otro de avenida Francia), y los proyectos Procrear a medio hacer en distintas ciudades. Por dos motivos, para la provincia es negocio: le permite retomar proyectos urbanos paralizados e implica un reconocimiento formal de la deuda y, por lo tanto, un aspecto menos para discutir en la Corte.
Rosario y sus ingresos
La política santafesina recorre los primeros metros del camino a 2027. Se nota en los tonos de las declaraciones, en los y las políticos y políticas que levantan perfil, en la agenda de temas que cada uno toma, en las potenciales alianzas que insinúan las reuniones políticas y sus respectivas fotos.
El concejal opositor Juan Monteverde abrió un primer debate. Propuso que la Provincia se haga cargo del sostenimiento económico de la salud pública, pero que esta siga siendo gestionada por la Municipalidad. Por lo general, las cosas no funcionan así: nadie pone dinero para que otro lo gaste como le parezca.
El concejal parte de un punto polémico: lo que durante décadas fue un orgullo de la ciudad hoy es una carga que impide crecer. Su propuesta, en síntesis, es que Provincia asuma lo ya hecho para que la Municipalidad pueda destinar esos recursos a transporte, calles y vivienda. Buena, mala o perfectible, la idea también ancla en un punto realista: los ingresos de la ciudad no están a la altura de sus necesidades, como sí ocurre en Ciudad de Buenos Aires. Eso explica la imposibilidad de dar un salto de escala para subsanar el déficit de infraestructura y en la urbanización de sus asentamientos, por dar dos ejemplos. Hay una parte del problema de Rosario que excede la orientación del gasto o la eficiencia de sus gobiernos.
¿Debe quitarse de encima la inversión en una de las mejores funciones sociales que cumple el Estado municipal para poder hacer otras? Las respuestas no tardaron en llegar. Hubo silencio de aliados peronistas de Monteverde y posicionamientos con matices de la concejala Fernanda Gigliani y del ex secretario de Salud Leonardo Caruana. El oficialismo cuestionó en bloque: desde los concejales de Unidos, pasando por el ex gobernador Antonio Bonfatti y la diputada Varinia Drisun, hasta el secretario de Gobierno Sebastián Chale, el gobernador, concejales y el intendente Pablo Javkin. El debate llega en tiempos en los que la autonomía dejó de ser un deseo. Monteverde dice que su proyecto afianza la autonomía. Javkin respondió con el oficio del que lleva siete años sentado en el Palacio de los Leones: si te dan la plata, vas a tener que entregar el comando. ¿Qué autonomía sería esa?
Otra arista para observar es que la Provincia hoy invierte recursos muy significativos en Rosario, además de ese cuarenta y pico por ciento de la salud pública. Los criterios de inversión de Monteverde seguramente no coincidan con los que Pullaro y el intendente Pablo Javkin acordaron y ejecutan, pero si la discusión es en términos presupuestarios, nadie puede alegar que la Provincia esté desatenta a Rosario. Aeropuerto, avenida Newbery, pavimentos, iluminación, reparación de muelles de la costa central, EPE y Aguas, y fundamentalmente seguridad, entre decenas de proyectos en ejecución. Hay miles de millones plantados y clavados en Rosario.
Es cierto que estos niveles de inversión hoy están y mañana pueden no estar. La administración Perotti definió otras prioridades. Pullaro hizo lo contrario. Considera que Rosario es el faro y, en muchos aspectos, la “ciudad aspiracional” para el resto de la provincia. Que si Rosario se repone es muy bueno para todos. No hay que perder de vista que la priorización de Rosario es comprendida en el resto de las ciudades y departamentos porque se justifica en la profunda epidemia de violencia de la ciudad. Pero eso no siempre fue ni va a ser así.
Monteverde propone asegurar los aportes de Provincia a la salud por ley. Tiene lógica desde su proyecto político. Seguramente piensa en qué ocurriría si le tocara ser intendente con un gobierno provincial de otro signo político, como a Javkin le tocó con Perotti en provincia y Alberto Fernández en Nación. No es la primera vez que alguien plantea blindar esas partidas para quitarles discrecionalidad. Lo intentaron los gobiernos del Frente Progresista y fue el Senado, entonces controlado por el peronismo, el que lo bloqueó, porque preferían que el monto y los plazos —si bien se definen con un método de cálculo— mantuvieran un criterio más político que técnico y automático. Probablemente, pensando en que, como finalmente ocurrió, el peronismo regresara al gobierno provincial y Rosario siguiera en manos de Javkin.
“Gobernar es explicar”
El reportaje mano a mano durante una hora y media con seis periodistas de distintos medios en Rosario sirvió para que el gobernador respondiera a cuestionamientos que recibe de la oposición y de algunos sectores sindicales. “Gobernar es explicar”, repite la Casa Gris. Habló también de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Dijo que hasta ahora no logró explicar las sospechas sobre sus viajes y su patrimonio, y que él “lo sacaría del gobierno” si no lo hace pronto. Instantes después, cuando se le preguntó por el presidente Milei y el caso Libra, dijo que “cree en la honestidad del presidente”, diferenciando su posición entre un ministro de la poca relevancia de Adorni y la investidura presidencial.
Respecto del conflicto docente, identificó el malestar que impulsó las protestas de febrero en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el programa Asistencia Perfecta. Ratificó la política educativa, aunque dio señales de correcciones: “25 a 30 por ciento de aumento en la última paritaria para los sueldos más bajos” y cambios en el premio por no faltar. “En 2023, apenas 5890 docentes faltaron 0, 1, 2 o 3 veces en el año. En el año 2025 fueron 59.200. ¿Valió la pena o no valió la pena?”, defendió.
Fue crítico con las conducciones gremiales. Les achacó que “a veces no parten de la honestidad intelectual, porque dicen una cosa en privado y otra en público”, y en especial con dirigentes a los que les reprocha que hacen pesar más su filiación partidaria que su rol de representantes gremiales.
Calificó de “fascista” la irrupción con silbidos y abucheos en actos oficiales —en dos casos se inauguraban escuelas—, promovida no desde la conducción gremial sino desde líneas gremiales que perdieron espacio en Amsafé, y la diferenció de la legitimidad de marchas y actos docentes que se dieron en la capital y en localidades del interior.
En ámbitos de relacionamiento con sindicatos, pero también a la hora de hacer declaraciones públicas, hay un saludable esfuerzo del gobierno provincial por afinar los términos de la disputa discursiva con los sindicatos (no solo los docentes), evitar cortar grueso y las generalidades, y sumar una lectura más histórica y política que consultiva o basada en percepciones sobre cómo funcionan los vínculos entre dirigencias y bases en tiempos de conflictividad.
Javkin a la cancha
Un dato político relevante en el reportaje surgió cuando se le preguntó al gobernador por la futura sucesión en la Intendencia de Rosario y quién sería el candidato de Unidos.
“Necesito una persona arriba de la gestión, que tenga un tablero de comando como yo acá en Gobernación, que sepa cuántos árboles necesitamos podar este mes y cuántos podamos, cuántos cordones hay que pintar y cuántos basurales erradicar”, definió Pullaro. En ese punto expresó que el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, muy cercano a él, podía ser “un muy buen intendente”.
De inmediato nombró otros posibles precandidatos, como la estoica presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck. Fue un paso más allá: “No descarto un tercer mandato del intendente”.
Puccini como candidato pullarista se llevó todas las marcas. Sin embargo, la novedad no estaba en blanquear que el pullarismo ponía su carta sobre la mesa —tema del que se habló en esta columna en enero pasado—, sino que por primera vez la principal figura de la política santafesina y de Unidos, que además competirá por la reelección, le dio entidad y legitimó la postulación de Pablo Javkin a un tercer mandato.
El javkinismo hace tiempo expresa por lo bajo esa posibilidad. El propio intendente abrió la puerta hace un tiempo cuando dijo que lo consideraría en caso de ser el único que garantice un triunfo electoral sobre Juan Monteverde o Juan Aleart.
Ahora el gobernador lo subió a la grilla con total naturalidad. Lo insta a dar un paso al frente y lo legitima para que empiece a caminar tempranamente hacia ese objetivo, aun cuando el tiempo no es un problema para Javkin, porque tiene a su favor un diferencial de conocimiento por encima de cualquier otro u otra y una valoración como líder de una gestión de ocho años.
Sea o no finalmente candidato, con Javkin plantado en el centro de la escena, comienza otro juego para el oficialismo y las oposiciones.