Horas antes de que Estados Unidos atacase Venezuela, y por lo tanto sin conocerse aún el impacto que tendrá en los mercados, el equipo de Economía del gobierno de Santa Fe sacó cuentas. Con el tipo de cambio que cerró el viernes, la Provincia hubiera perdido $23.000 millones si hubiera traído al país los casi 800 millones de dólares que obtuvo el 4 de diciembre con la emisión de títulos de deuda SF34 y que mantiene depositados en Estados Unidos.
El cálculo oficial no es producto de funcionarios que estaban aburridos, sino que sirve para refrendar con números la decisión política de la Casa Gris de dejar el dinero en un banco de Nueva York a la espera de mayores certezas en el esquema cambiario del gobierno y preservar su poder adquisitivo.
“Queremos que al país le vaya bien, pero haremos lo que le convenga a la provincia”, ratificó esta semana Pullaro, quien coordina los movimientos con el gobierno porteño de Jorge Macri, que unos días antes que Santa Fe emitió deuda por 600 millones. La definición es ir trayendo dinero a medida que haya que pagar certificados de obra.
Pullaro aclara sus motivaciones –“queremos que al país le vaya bien…”– y va a contramano de la necesidad y del deseo del gobierno nacional, que quisiera tener esos dólares (y los de CABA) para cubrir el megavencimiento de deuda en dólares del 9 de enero.
Se contó en esta columna el 13 de diciembre pasado que el ministro de Economía, Luis Caputo, le pidió al mandatario santafesino que trajera el dinero. Esgrimió un acuerdo con el FMI que garantizaba que no habría modificaciones en la política cambiaria. Pero las palabras se las lleva el viento y, tres días después de esa conversación, el Banco Central decidió sacrificar el ancla cambiaria. Anunció la continuidad de las bandas de máxima y mínima, pero con una actualización al ritmo de la inflación a partir del 2 de enero, en lugar del 1% mensual.
Esa era la película que veía venir el equipo de Economía de Santa Fe que encabeza Pablo Olivares. No conocía precisamente cuál sería la medida, pero tenía en claro (al igual que el resto de los actores de la economía) que mantener la actualización de las bandas cambiarias al 1% mensual tornaba insostenible el atraso resultante, ya que la inflación mensual se movía en sentido contrario: en lugar de descender y acercarse al ancla del 1%, desde mayo tomó una tendencia ascendente que llegó al 2,5% en noviembre.
El capital que tomó prestado Santa Fe equivale a 1 billón 178 mil millones de pesos. Ese dinero, por ley, solo puede ser aplicado a proyectos de infraestructura y gastos de capital. Como la Provincia no tiene la posibilidad de ingresar los dólares y meterlos debajo del colchón, sino que debe entregárselos al Banco Central a cambio de pesos, por más que eche mano a herramientas financieras para mantener el valor, cualquier corrección cambiaria implica el riesgo de tener que dar de baja alguna obra. Veintitrés mil millones equivalen al precio al que se construye el Instituto Superior N° 8 “Almirante Guillermo Brown” en Santa Fe, o al 60% del valor de obras trascendentes como el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé o la reconstrucción de la pista del aeropuerto de Rosario.
Esquirlas del presupuesto
La aprobación del Presupuesto 2026 por parte del Congreso dejó algunas esquirlas para los senadores radicales. Los de Santa Fe, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, votaron a favor el capítulo 2, que incluía el cuestionado artículo 30. Ese artículo eliminó pisos de financiamiento para el sistema de ciencia y tecnología, la educación técnica y la defensa, volviendo estériles leyes sancionadas no hace muchos años y con amplio apoyo, incluida la UCR.
Aun cuando esos pisos progresivos se cumplieron muy pocos años, la eliminación directa y llana, a manos de un gobierno decidido a profundizar el desfinanciamiento del área de ciencia y técnica, por ejemplo, es vista por sectores del radicalismo vinculados a las universidades y al sistema de ciencia y técnica casi como una traición.
En ese punto, aunque no utilizó el término “traición”, puso la discusión el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. “La posición de los senadores la tienen que explicar ellos para justificar sus decisiones. Cuando uno suscribe a una tradición que hace de la educación pública, la producción del conocimiento y la ciencia su columna vertebral, no puede tomar decisiones que vayan en contra”, reprochó en Radio 2. También recordó que Losada ya había votado en contra de la ley de financiamiento universitario en agosto pasado.
La senadora aclaró que las leyes de financiamiento universitario (que Losada votó en contra) y de emergencia en discapacidad habían sido salvadas por Diputados, y que decidió votar a favor tras corroborar con el gobierno provincial que en Santa Fe la incidencia del presupuesto nacional en la educación técnica es ínfima.
El intercambio expone posturas contrapuestas dentro del radicalismo, en este caso el santafesino, sobre el eje central de lo que propone el gobierno de Milei: sacrificar en el altar del superávit lo que sea necesario y sin importar consecuencias.
Hay varias aristas en juego. Una es de estricta política parlamentaria. Si el viernes 26 el gobierno no lograba la aprobación del presupuesto sin cambios, el proyecto hubiese vuelto a Diputados y el kirchnerismo hubiese festejado un triunfo, algo que ni radicales ni libertarios querían ver.
Ese cálculo político conlleva un costo político. Bartolacci no está dispuesto a cargarlo, ni como rector ni como referente político del radicalismo universitario. Es que, si bien sobrevivió la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto habilita una serie de herramientas para cortar el flujo de recursos o desfinanciar institutos de investigación propios.
Bartolacci no desconoce las variantes políticas que llevan a los gobernadores a pedirles a sus senadores que acompañen el presupuesto. Tampoco que su partido lucha para no ser engullido por las fauces libertarias, como le ocurrió al PRO. Es muy finito el sendero en el que se mueven los radicales. El dilema se transforma en pregunta: ¿qué le reporta a la UCR ser la llave de la gobernabilidad de Milei si, por causa de ese papel —que quizás sea el posible—, entra en fricción con parte de su base electoral? ¿Hay otra parte a la que no le importa el sacrificio de las vacas sagradas?
Mientras tanto, en el Conicet hay institutos donde becarios y científicos se llevan el papel higiénico desde sus casas. Las que más sufren son las ciencias experimentales, que requieren insumos, mantenimiento de equipos y materiales. Para ellos, el impacto de la aprobación del artículo 30 en el presupuesto será real y no lo viven como una discusión de oficialismo y oposición. En el caso particular del financiamiento de ciencia y técnica, se derogaron los artículos de la ley 27.614 que establecían un piso para el presupuesto —de por sí ya bajo y en picada— en Ciencia y Tecnología, lo cual deja sin utilidad a la ley.
Como hizo notar un científico rosarino, lo más amargo del asunto es que esa ley fue aprobada en ambas cámaras tras muchos años de trabajo, en octubre de 2020, por unanimidad en el Senado y por 189 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones en Diputados. Es decir, la votaron radicales, el PRO, el kirchnerismo y otros. Entre ellos, el actual ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo; y el senador cordobés Luis Juez, entre muchos otros.
Si bien en el mundo se discute la conveniencia de asegurar por ley porcentajes para determinadas áreas, el país asiste a un caso de cambio de criterios políticos en tiempo récord. O hace cinco años fueron unos irresponsables dispuestos a “condicionar” el presupuesto, o hoy están tirando por la borda sus convicciones.
Cómo juega Santa Fe
La destrucción del sistema de educación, investigación y ciencia que costó décadas construir tiene algún aliciente en algunas provincias. Santa Fe, entre ellas. Es muy común en estos tiempos que científicos que desarrollan sus tareas en institutos radicados en la provincia, cuando hacen reportajes, agradezcan los fondos oficiales.
Santa Fe se sumó desde mediados de la década de 2000 a una política de apoyo a la ciencia y la técnica. En 2017 sancionó su propia ley de “promoción y financiamiento de actividades con base en la ciencia, la tecnología y la innovación”, que entre sus artículos manda destinar el 0,5% del presupuesto provincial a apuntalar proyectos. En 2025 le dio rango constitucional en el artículo 27.
La demonización del sistema de ciencia y técnica como si fuera un aparato copado por el kirchnerismo, sumada al desfinanciamiento brutal e indiscriminado, invita a dudar sobre si las razones que motivan esas acciones del gobierno de Milei son estrictamente de orden fiscal. Hay cabos sueltos que por ahora son eso, pero a los que no se puede dejar de prestar atención.
En 1991, el gobierno de Carlos Menem desactivó el proyecto misilístico Cóndor por presiones directas de Estados Unidos. Eran tiempos de relaciones carnales y en Argentina gobernaba el presidente que Milei idolatra y considera el mejor de la historia.
Da que pensar la obsesión por vender Nucleoeléctrica Argentina SA., la empresa superavitaria que administra las tres centrales atómicas. El país pertenece al selecto grupo de los que manejan tecnología nuclear y ha desarrollado su propio ecosistema. Como unidad de negocios, según los expertos, vale no tanto por el capital clavado sino por la calidad de los recursos humanos que lo hacen funcionar. No es lo mismo manejar una usina termoeléctrica que Atucha. Desde ya que formar físicos nucleares no es cualquier profesión. Hay que esperar. Quizás surta efecto el límite que puso el Congreso en la ley Bases, permitiendo enajenar como máximo el 44% del capital. Es difícil que alguien quiera invertir en una empresa que no va a manejar.
Da que pensar. Lo que acaba de pasar en Venezuela este sábado, pero sobre todo la conferencia de prensa posterior de Donald Trump, establece un momento histórico tan increíble como preocupante. Trump explicitó (confesó, en realidad) sin medias tintas una renovada doctrina a la que deberán atenerse las “administraciones” de América Latina. Expresa la supremacía de los intereses de su gobierno por sobre cualquier otro país del subcontinente. El motor de esa doctrina es garantizar —dijo— la seguridad de Estados Unidos en la región y el acceso a los recursos naturales. Trump y sus secretarios de Defensa y de Estado hablaron de “dominar” la región y dieron cuenta de que la soberanía es un concepto válido hasta que Estados Unidos decida lo contrario.
Seguramente esa conferencia de prensa tuvo mucho de puesta en escena y sobreactuación ante el resto del mundo que miraba. El patético gobierno de Maduro era, además, el enemigo perfecto para justificar la gravedad de lo hecho y mandar un mensaje ejemplificador a la región. Trump está dispuesto a “controlar” América Latina como un elefante atraviesa un bazar con tal de contrarrestar la influencia comercial y política de China y Rusia en el continente.
En Argentina, ese intervencionismo se hizo de forma descarada, pero no por medios bélicos sino a través de un salvataje financiero directo e inédito del Tesoro estadounidense antes de la elección. Es la hora de devolver favores. Por eso el presidente Milei le dijo a la cadena CNN que colaborará con Estados Unidos en Venezuela “en todo lo que nos pidan”, incluso tropas. Una remake de Menem mandando soldados argentinos y barcos al Golfo Pérsico a pedido de George Bush. Milei es, por lejos, el alumno perfecto de la doctrina Trump para América Latina.