Se extingue un año único. En apenas doce meses, en Santa Fe se disputaron tres elecciones, fermentaron y se apaciguaron tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial, y se rompió el karma de la reforma constitucional. Sin embargo esta semana, la antepenúltima de 2025, concentró novedades políticas como ninguna otra.
Comenzó con la toma de financiamiento por 800 millones de dólares en Nueva York. Siguió con el aval legislativo a un arsenal de herramientas financieras fijadas en el Presupuesto que evitarán sobresaltos en 2026. Se sumaron el anuncio de retiro de los últimos jueces de la Corte que resistían y la elección del intendente de Venado Tuerto como presidente de la Unión Cívica Radical nacional. Y termina este lunes con el lanzamiento de los objetivos políticos de los últimos dos años del mandato de Maximiliano Pullaro. Aquí, la trama, consecuencias y últimas novedades en cada caso.
1.Qué hacer con 800 millones de dólares.
Ser deudor intachable, gobierne quien gobierne, tiene beneficios. A Santa Fe le permitió tomar 800 millones de dólares a una tasa de 8,1% con vencimiento en 2034, que contrasta con el 9,2% que acaba de conseguir el Estado nacional con plazo a 2029 y bajo ley nacional.
La novedad es que el gobierno de Maximiliano Pullaro baraja la posibilidad de dejar los 800 millones de dólares por seis meses en Estados Unidos en lugar de traerlos a la Argentina.
La decisión no está cerrada, pero desde principios de semana los equipos económico y político, por instrucción del gobernador Pullaro, analizan los pasos a seguir. Las opciones que están sobre la mesa son:
-Dejar el total en cuentas en el exterior y traer solo en la medida que se necesite.
-Traer una parte y dejar el resto depositado en Estados Unidos.
-Ingresar al país el monto total y hacer colocaciones financieras en el mercado interno con los pesos que el Banco Central le dará a la provincia por el equivalente de 800 millones de dólares.
El gobierno nacional quisiera que esos dólares ingresen ya al país, pero la Casa Gris está mirando un panorama más amplio. Sobre todo enfoca las fortalezas y debilidades que atañen al escenario cambiario, la época del año y el pago de intereses y amortización de capital que el gobierno tiene que hacer en enero. No es menor el hecho de que la elección reciente le dio suficiente espalda política al gobierno para corregir lo que hiciere falta.
“Lo que resolvamos es independiente de cualquier otro diálogo que tengamos con el gobierno nacional. Vamos a decidir según lo que le convenga a Santa Fe”, aclaró un funcionario que está entre los que definirán “qué es lo más sirve a los intereses de la provincia”.
2. La Corte.
Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez anunciaron su retiro de la Corte Suprema de Justicia, después de 35 años en el cargo el primero y un cuarto siglo el segundo.Tienen más de 75 años de edad. y habían recibido mensajes contundentes del poder político por partida doble: con la reforma judicial primero y la Constitución después.
Fijaron el retiro para el 1° de noviembre de 2026. Es la fecha que había sugerido el Poder Ejecutivo como límite máximo para poder completar la renovación de la Corte Suprema. Antes del anuncio de los cortesanos, Pullaro decidió dar el paso que los aliados de Unidos en más de una ocasión le pidieron que no diera: mandó a redactar el decreto que establecía el cese de funciones para ambos jueces a partir de febrero. Se publicaría esta semana que comienza.
Falistocco y Gutiérrez, pero no solo ellos, siempre creyeron que lo del decreto era una suerte de apriete para que se vayan, que los estaban corriendo “con la vaina”. El fin de semana comprobaron en persona la decisión política del gobernador de avanzar. Para quedarse debían judicializar el decreto de Pullaro. Un enfrentamiento personal que no le servía a nadie, pero menos a ellos. Así fue que con el decreto sobre el escritorio, estiraron su permanencia hasta el 1° de noviembre.
Ese paso destrabó también la disputa por presidencia de la Corte, que ya había pasado dos veces a cuarto intermedio por alternativas que se contaron acá en columnas anteriores. Con la certeza que se irá dentro de 11 meses, Gutiérrez consiguió allanar que se cumpla su vocación por presidir el tribunal por última vez.
La otra parte estaba en el trabajo político interno de Gutiérrez para conseguir los votos. Partía de una mayoría a favor de 4 sobre 7, pero una votación 4 a 3 era la sentencia de un enfrentamiento por el resto del año. Profundizó el diálogo con Daniel Erbetta y Margarita Zabalza, con quienes acordó un plan de trabajo para 2026 que contempla parte de las reformas que ambos empujan. Distinto es el caso con Baclini.
Baclini y Gutiérrez arrastran desencuentros desde que el primero era fiscal regional de Rosario primero y fiscal general luego, al punto que Gutiérrez buscó dejarlo afuera del Poder Judicial cuándo “el Negro” concluyó su mandato en el MPA. Eso explica la abstención de Baclini.
Zabalza y Erbetta votaron a Gutiérrez tras acordar un plan de trabajo para 2026 que Gutiérrez se comprometió a llevar adelante. Los puntos centrales: avanzar con la plataforma digital Alberdi para el sistema penal, el cambio del sistema de rotación para presidir el tribunal (ya se aprobó), la reingeniería del gobierno del Poder Judicial con base en la descentralización de la Secretaría de Gobierno, avanzar en las pruebas pilotos de oralidad para todos los casos civiles y laborales en los que haya controversia, soluciones para el sistema informático actual (Sisfe) e inversión presupuestaria en potenciar áreas de informática para contar con desarrollares propios y equipos interdisciplinarios para fortalecer las áreas de familia y minoridad.
Erbetta valoró y justificó los acuerdos alcanzados más allá de sus conocidos enfrentamientos con la vieja guardia de la Corte: “Las diferencias no neutralizan la posibilidad de acuerdos. Es muy importante que la Corte haya podido dar una muestra de fortaleza institucional, acordando una agenda de trabajo que el tiempo dirá, y que se está ejecutando desde que entraron los nuevos ministros”.
La pax interna alcanzada y los retiros anunciados abrió el juego de nombres para reemplazar a Eduardo Spuller, Falistocco y Gutiérrez. Hace un mes se contó en esta columna que el primer filtro lo define el sector de procedencia: uno/a la política, otro/a de la magistratura y el tercero/a de los colegios de abogacía.
La lista en manos de Pullaro hoy está circunscripta a nueve nombres, aunque no todos posicionados igual. Algunos circularon en la semana y están entre los posibles, aunque una alta fuente de la Casa Gris aconsejó no jugarse por nombres que todavía no están cerrados.
La clave de esa terna estará en el que salga desde “la política”. No hay dudas que será un profesional de la abogacía vinculado al gobierno de Unidos, a la UCR para más dato. Ese casillero se dirime entre nombres que hoy se desempeñan en el Legislativo y en el Ejecutivo. En cualquier caso será alguien de confianza del Ejecutivo. La etapa que sigue a la renovación de la Corte es la implementación de las reformas en el Poder Judicial. Y esa tarea, sostienen en la Casa Gris, es una labor de naturaleza más de gestión política que técnica.
3. El ojo en 2027.
El intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella es el nuevo presidente de la UCR nacional. Visto por arriba, el título parece uno más en el transcurrir de un partido desmembrado y sin liderazgos sólidos, aunque preserva estructura territorial, gobiernos locales y cinco gobernaciones. Un radicalismo que no gobierna el país desde 2001, con apenas 6 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y que en el Senado pierde terreno con La Libertad Avanza.
Chiarella es un intendente exitoso pero la particularidad de su ascenso es que gobierna una ciudad de 82 mil habitantes del interior del interior y no una capital o una urbe de primera escala. Su marca personal es la experiencia acumulada a muy corta edad y ser parte de un proyecto político que se consolidó en Santa Fe y apuesta a construir a nivel nacional.
Chiarella al frente de la UCR es obra de Maximiliano Pullaro. La movida confirma que el gobernador, a pesar de la mala perfomance electoral de Provincias Unidas, y en particular de su lista en Santa Fe, seguirá jugando en la escena nacional.
Así como operó personalmente para darle volumen al bloque de diputados de Provincias Unidas y que la presidenta sea Gisela Scaglia y no Miguel Ángel Pichetto, para quedarse con la presidencia del partido cerró filas con las patas radicales de Provincias Unidas –el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el porteño Martín Losteau–. Esa alianza le ganó al gobernador chaqueño Leandro Zdero y sobre todo a Alfredo Cornejo de Mendoza, los dos mandatarios radicales aliados al gobierno libertario.
En este punto reposa el valor de quedarse con una “cáscara vacía”. Más allá del respaldo partidario a las cinco gobernaciones y las 500 intendencias radicales de todo el país, quien tiene el control del partido es determinante a la hora de definir la política de alianzas para las presidenciales de 2027.
Eso miran Pullaro, Valdés, Lousteau y Morales. Un camino es repetir la historia de Gualeguaychú 2015, cuando la convención presidida por otro mendocino, Ernesto Sanz, definió aliarse al PRO y hacer Cambiemos. Otro camino es que el radicalismo tenga candidato presidencial propio en el marco de una alianza no con La Libertad Avanza sino al estilo de Provincias Unidas.
A decir verdad, hoy no puede descartarse nada ni aventurar lo que vendrá. Lo único claro es que Pullaro y sus aliados intentarán construir el camino de una alianza refractaria al peronismo, pero que no es con La Libertad Avanza, sino en los términos que Gisela Scaglia lo expresó al estrenar el rol de jefa de bloque. Tres veces definió a Provincias Unidas como un espacio opositor.
Lo que ocurra dentro de dos años es impredecible, pero si la realidad no deja otra alternativa a la UCR más que confluir con la LLA, el objetivo de quienes tomaron las riendas es que el partido llegue lo suficientemente fortalecido como para que en 2027 no terminen siendo un convidado de piedra como fue en el gobierno de Cambiemos y mucho menos ser absorbido a precio de remate como viene haciendo la LLA con el PRO, que de a uno lo vacía de legisladores.
Alguien a esta altura, con justa razón podría preguntarse: ¿los gobernadores radicales que se quedaron con la UCR son los que en el Congreso armaron un bloque diferente al de la UCR? La contradicción es tan evidente pero nada excepcional respecto al resto de la oposición. Por doquier se observan alianzas parciales y fútiles.
Los esfuerzos de Provincias Unidas estarán orientados a coordinar con el diezmado bloque de la UCR que dirige Pamela Vesaray, que responde al gobernador Cornejo, y a quien acompañan otros dos mendocinos, dos chaqueños, un correntino y un entrerriano. Nótese que los radicales de Provincias Unidas primero ganaron la pulseada en el Congreso y luego se quedaron con el control del partido.
La mejor postal de lo que se viene en el Congreso, en especial en la Cámara de Diputados, es el desorden que se vio el día de la jura de los nuevos legisladores. Proyectos como presupuesto, reforma laboral, reforma tributaria realinearán una y otra vez los votos. Los bloques deberán argumentar “amplitud” y “diversidad” para explicar que unos votarán una cosa y otros otra.
En muchos casos las alianzas legislativas en el Congreso se fundan en razones tácticas, como hacer bloques numerosos para lograr más participación en comisiones o colocar nombres propios en organismos del Estado o entre las autoridades de las cámaras. Eso explica el éxtasis presidencial por haber sumado tres diputados más que el peronismo, o la pulseada aún no resuelta entre Provincias Unidas y otros bloques por una vicepresidencia de la Cámara y mayor número de integrantes en las cámaras, que el presidente Martín Menem mandó al freezer como muestra poco amigable con el bloque preside la santafesina Scaglia. Los proyectos de presupuesto 2026 y reforma laboral serán las primeras pruebas de fuego.
4. Segundo tiempo.
Ministros, secretarios, subsecretarios y directores están convocados a la reunión de gabinete ampliado que el gobernador Pullaro encabezará este lunes en Rosario. El motivo es alinear la gestión con los objetivos políticos de la segunda etapa de gobierno.
Pullaro considera cumplida o encaminada la primera etapa de reformas (en el ámbito penal y penitenciario, previsional, constitucional, fiscal, educativo y judicial) y va por un segundo tiempo donde la centralidad, según la información que recogió Rosario3, pasará a estar en salud pública, la reforma educativa y el cambio tecnológico-digital.
“Mientras se mantenga el actual equilibrio en seguridad y podamos profundizar el plan, nuestro objetivo es enfocar los últimos dos años en salud, educación y digitalización del Estado”, resumió un integrante del gabinete. La salvedad inicial es importante: el radar sobre la seguridad nunca se apaga, por la sencilla razón de que radica ahí (aunque no sólo ahí) la esencia del contrato electoral entre Pullaro y los santafesinos.
