El Tribunal Oral Federal Nº 3 de Rosario, integrado por Eugenio Martínez, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta, condenó a 19 años y 6 meses de prisión a Claudio Daniel Coto (64), un hampón señalado como el “jefe ideológico” de una banda de secuestradores de empresarios que operó en Rosario y en Villa Ramallo. El fallo también alcanzó a cinco secuaces, entre ellos el “jefe operativo” de la organización, Néstor Santabaya (61), quien recibió 17 años y medio.
La sentencia se conoció este viernes al término de un juicio oral en el que el fiscal general Reynares Solari, junto a otros colegas, acusó a Coto como líder de la empresa criminal que actuó entre 2021 y 2023 y, en la función de “soldados”, a Emiliano Mario Andrés Acuña (39) y Sebastián Ezequiel Pugliese (47). Ambos fueron condenados a 14 años de prisión.
La acusación señaló que Silvia Beatriz López (44) participaba en tareas de inteligencia y logística, mientras que Nicolás Santabaya (32) colaboraba en funciones de apoyo. En ambos casos, el Tribunal dictó una pena de 5 años de cárcel de cumplimiento efectivo.
Coto, quien hasta su detención vivía en un coqueto chalet de Beccar, se presentó como comerciante en el rubro compraventa de autos de alta gama. Santabaya padre, como mecánico, pintor de vehículos y propietario de grúas de remolque. Su hijo, remisero y propietario de una parrilla. Acuña, ayudante de electricista, empleado en una fiambrería y animador en eventos infantiles. Pugliese, cerrajero. Y su pareja, Silvia, como ama de casa.
La investigación estuvo a cargo del fiscal general Javier Arzubi Calvo, con funciones de coordinación del Distrito Rosario, por secuestros ocurridos en esa ciudad, y de Matías Di Lello por un hecho cometido en Ramallo, con la colaboración de Santiago Marquevich. Todos trabajaron en conjunto con el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina, lo que permitió desmantelar la organización criminal.
Los representantes del MPF detallaron que, entre julio de 2021 y diciembre de 2023, la banda planificó y ejecutó secuestros extorsivos, amenazas y extorsiones en Rosario, Villa Ramallo y San Nicolás, con una logística digna de una “fuerza de seguridad paralela”: selección de víctimas de alto perfil patrimonial, tareas de inteligencia, alquiler de casas para cautiverio, vehículos con patentes cambiadas, teléfonos analógicos para evitar rastreos e incluso un distorsionador de voz.
“No se trata de hechos aislados, estamos frente a una organización criminal jerarquizada y persistente en el tiempo”, sostuvo en su alegato Reynares Solari.
El primer secuestro ocurrió el 24 de enero de 2023 en Villa Ramallo y tuvo como víctima a uno de los hijos del fallecido empresario Gustavo Degliantoni. Fue interceptado cuando circulaba en una camioneta por un camino de tierra, en el marco de un falso operativo policial que incluyó vehículos y hombres con uniformes de la Policía Federal.
El joven fue trasladado a un domicilio de San Nicolás. Los captores se comunicaron por mensajes de texto con un familiar, le indicaron dónde estaba la camioneta y dejaron en ella un bolso con teléfonos y una nota con instrucciones: exigían un millón de dólares de rescate.
El familiar comenzó a recibir llamados y las negociaciones se extendieron hasta que, al día siguiente, se acordó el pago de 580 mil dólares. Lo obligaron a realizar un recorrido con varias postas que culminó en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Wilde (partido de Avellaneda), donde por la noche un motociclista retiró el dinero.
A las 2 de la madrugada del 26 de enero, los secuestradores avisaron que habían liberado a la víctima en el puente de la ruta nacional Nº 9 de ingreso a la localidad santafesina de Theobald, a unos 60 kilómetros de Rosario.
El segundo y el tercer secuestro –uno en grado de tentativa y el otro consumado– ocurrieron con cinco días de diferencia, en el mismo sitio, y tuvieron como víctimas a la esposa y al hijo adolescente del empresario farmacéutico Roberto Zórzoli.
El 5 de octubre de 2023, a las 6.43, la mujer y su hijo bajaron a la cochera de la Torre Aqualina, donde residen, para subirse a su auto. En ese momento, los imputados “intentaron ingresar al área de cocheras para sustraer, retener y ocultar a las víctimas y exigir un rescate a cambio de su liberación, pero la maniobra se frustró porque el techo del utilitario quedó atascado en el portón del edificio, motivo por el cual se retiraron”.
El 10 de octubre siguiente, a las 6.44, una camioneta Renault Trafic blanca logró ingresar a las cocheras del mismo edificio y, cuando la mujer y el adolescente bajaron, fueron capturados por tres sujetos con los rostros cubiertos que los obligaron a subir al vehículo.
Según la investigación, los captores trasladaron a las víctimas al barrio Parque Avambaé de San Nicolás, donde permanecieron en una habitación durante todo el cautiverio. El empresario recibió una llamada y tres mensajes de WhatsApp en los que le advertían sobre sus familiares secuestrados y le exigían 3 millones de dólares por su liberación.
Luego, le indicaron que pasara por un restaurante de zona norte a retirar un bolso con celulares. Sin que se pagara rescate, la mujer y su hijo fueron liberados ilesos alrededor de las 20 del mismo día, sobre la ruta nacional 188, en una zona rural de la localidad de Campo Salles, partido de San Nicolás.
Para la fiscalía, la Trafic blanca empleada en este hecho es la misma que fue utilizada –ploteada como ambulancia– el 21 de octubre de 2023 en un robo de 530 millones de pesos a una financiera del microcentro porteño, y que luego apareció incendiada en el partido bonaerense de Lanús.