Un hombre acusado de confeccionar certificados truchos de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y de Verificación Técnica Vehicular (VTV, de carácter provincial) quedó en prisión preventiva, al menos hasta diciembre, luego de ser detenido con abundante evidencia en su contra. Previo al arresto, personal policial había pactado un encuentro con el sospechoso simulando estar interesado en el “servicio”, que era ofrecido en redes sociales.
Voceros de la Policía de Investigaciones (PDI) indicaron que la causa se inició a partir de publicaciones en Marketplace –el espacio de compraventa de Facebook– donde se ofrecían certificados de RTO. Los posteos, que promovían un servicio claramente ilegal, llegaron a conocimiento del personal de la fuerza, que notificó a la fiscal Guillermina Aiello.
El lunes, bajo la modalidad de entrega pactada, un brigadista simuló ser comprador y coordinó un encuentro en Avellaneda y Zeballos. Allí fue aprehendido Juan Cruz S., de 34 años, en el momento en que intentaba concretar la venta de la documentación apócrifa.
Durante la investigación se estableció que el detenido confeccionaba distintos formularios y certificados falsos, haciéndolos figurar como emitidos por una planta verificadora de Rosario, dijeron fuentes de la policía.
El martes los pesquisas allanaron un departamento del complejo El Palomar, en Colón y Mendoza, donde incautaron celulares, notebooks, impresoras, sellos profesionales –incluido un sello de ingeniero falsificado, con nombre y matrícula inexistente–, obleas de Enargas, obleas y certificados de RTO de Santa Fe y Buenos Aires, documentación de VTV, planillas, stickers de RTO, un pasaporte y otros elementos vinculados a la confección de certificados apócrifos.
Este jueves la fiscalía le atribuyó a Juan Cruz S. “haber confeccionado y ofrecido para su venta documentos apócrifos consistentes en dos juegos de formularios abrochados, conteniendo cada uno una oblea, un certificado y un formulario de revisión técnica vehicular”, y lo imputó por falsificación de documento público. La jueza Eleonora Verón le dictó prisión preventiva hasta 18 de diciembre. A su vez, autorizó la apertura de una decena de dispositivos electrónicos incautados en los procedimientos.