Cuatro personas siguen detenidas por la causa donde se investiga el robo de insumos al hospital de emergencias Clemente Álvarez. En una audiencia que se realizó esta semana, la jueza María Trinidad Chiabrera extendió la prisión preventiva efectiva para Antonio A., Darío F., Fernando L. y Eduardo T. Los otros tres acusados en el legajo, Nelson S., Javier D.A. y Roberto R., transitan el proceso en libertad, bajo reglas de conducta que deben cumplir.
Los involucrados, empleados del Heca, continuarán presos hasta el 10 de octubre próximo, de acuerdo a la resolución judicial tomada por la jueza en la revisión de medida cautelar, que contempla una prórroga automática hasta la finalización automática de la audiencia preliminar.
Chiabrera además dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para Roberto R., quien deberá firmar quincenalmente ante la Oficina de Gestión Judicial y pagar una caución real. En tanto, se le impuso la prohibición de acercamiento a un radio de 400 metros del Heca y cualquier tipo de contacto con personas relacionadas a la causa.
De acuerdo a la información del caso, todos los imputados se desempeñan o se desempeñaron en el Heca, en áreas como control interno u operarios de patio en planta permanente.
La acusación incluye, en la mayoría de los casos, los delitos de hurto e incumplimiento de los deberes de custodia de sustancias medicinales, aunque algunos de los imputados también enfrentan cargos por encubrimiento y venta de medicamentos sin autorización.
El fiscal aseguró que está acreditada la sustracción de materiales hospitalarios de diverso tipo –como hojas de bisturí, barbijos y guantes– y una gran cantidad de medicamentos. Parte de ese material fue hallado durante allanamientos de comienzos de julio en domicilios vinculados a los sospechosos y coincide con el stock registrado en el área de Farmacia del Heca. Además, indicó que ninguno de los imputados pudo justificar la cantidad de insumos y medicamentos que tenía en su poder.
Por ahora, no está confirmada la existencia de una red organizada de venta, aunque el fiscal no descarta que los productos robados hayan sido volcados al mercado negro. En ese sentido, reveló que hay constancias de cuentas en redes sociales que ofrecen medicamentos en distintos puntos de la ciudad, y se investiga si podrían provenir del propio Heca o de centros de salud municipales.
La denuncia que originó la causa partió del propio hospital, aunque fue formalizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Según Caterina, existen intervenciones telefónicas elocuentes que muestran que estas maniobras eran una práctica habitual.
El fiscal también señaló que antes de iniciarse la investigación penal existió una denuncia administrativa, lo que hizo que el caso ya generara revuelo interno en el hospital y limitara la posibilidad de actuar con efecto sorpresa. Como consecuencia de esa instancia previa, algunas personas imputadas ya fueron suspendidas o cesanteadas.