Siete trabajadores del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) quedaron en prisión preventiva este viernes, acusados de haber sustraído insumos médicos y medicamentos del efector municipal. Así lo resolvió la jueza Trinidad Chiabrera, quien dispuso un plazo preventivo de un mes.
La medida se adoptó tras una audiencia imputativa encabezada por el fiscal José Luis Caterina, quien lleva adelante la investigación con la colaboración de la Dirección de Asuntos Internos. En una conferencia de prensa posterior, el funcionario judicial aclaró que aún hay medidas en curso que requieren cierto grado de reserva.
Los imputados fueron identificados como Antonio A., Javier D., Darío F., Oscar L., Roberto R., Nelson S. y Eduardo T., detenidos el pasado 3 de julio en distintos domicilios de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Según explicó el fiscal, todos se desempeñan o se desempeñaron en el Heca, en áreas como control interno u operarios de patio en planta permanente.
La acusación incluye, en la mayoría de los casos, los delitos de hurto e incumplimiento de los deberes de custodia de sustancias medicinales, aunque algunos de los imputados también enfrentan cargos por encubrimiento y venta de medicamentos sin autorización.
“Hay muchas medidas en curso, seguimos manteniendo cierta reserva sobre la investigación”, reiteró Caterina, y agregó que existen dos líneas de investigación independientes dentro de la causa: una iniciada hace unos diez meses, y otra que comenzó hace un mes y medio. “La primera está mucho más fortalecida en cuanto a la probabilidad de autoría, pero la segunda también preocupa por una serie de indicios”, afirmó.
El fiscal aseguró que está acreditada la sustracción de materiales hospitalarios de diverso tipo –como hojas de bisturí, barbijos y guantes– y una gran cantidad de medicamentos. Parte de ese material fue hallado durante allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos y coincide con el stock registrado en el área de Farmacia del Heca. “Obviamente, retornarán allí”, señaló Caterina. Además, indicó que ninguno de los imputados pudo justificar la cantidad de insumos y medicamentos que tenía en su poder.
Por ahora, no está confirmada la existencia de una red organizada de venta, aunque el fiscal no descarta que los productos robados hayan sido volcados al mercado negro. En ese sentido, reveló que hay constancias de cuentas en redes sociales que ofrecen medicamentos en distintos puntos de la ciudad, y se investiga si podrían provenir del propio Heca o de centros de salud municipales.
La denuncia que originó la causa partió del propio hospital, aunque fue formalizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Según Caterina, existen intervenciones telefónicas elocuentes que muestran que estas maniobras eran una práctica habitual. “Espero que se haya interrumpido y que no vuelva”, expresó.
El fiscal también señaló que antes de iniciarse la investigación penal existió una denuncia administrativa, lo que hizo que el caso ya generara revuelo interno en el hospital y limitara la posibilidad de actuar con efecto sorpresa. Como consecuencia de esa instancia previa, algunas personas imputadas ya fueron suspendidas o cesanteadas.
Finalmente, Caterina remarcó que existe riesgo de entorpecimiento del proceso y aseguró que utilizará los 30 días de prisión preventiva para reforzar la causa.
