Un joven de apenas 18 años fue imputado este jueves como coautor del homicidio del jubilado Roberto Ferrari, asesinado al voleo a fines de mayo frente a un súper chino de barrio Moderno, en el oeste de Rosario. El fiscal Franco Miatello le atribuyó además los delitos de amenazas coactivas calificadas e intimidación pública, ya que sobre el cuerpo de la víctima apareció un mensaje con amenazas a un recluso y al gobernador, Maximiliano Pullaro.
La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal y terminó con la prisión preventiva efectiva del joven por el plazo de ley, dispuesta por el juez Alejandro Negroni.
Según determinó la acusación, basada en filmaciones y contenido de celulares incautados, Williams llegó el 27 de mayo, alrededor de las 19.10, hasta Sanguinetti al 5200 junto con otro adolescente, el tirador, que todavía no fue identificado. Toledo sería quien arrojó una nota amenazante y su cómplice sacó una pistola y efectuó al menos tres tiros a bocajarro contra Ferrari, de 81 años, quien estaba en la puerta del súper y murió en el acto.
El mensaje estaba dirigido al recluso Gabriel Lencina, alojado en el pabellón 6 de alto perfil de la cárcel de Piñero. “Dejá de matar a gente inocente en la Vía Honda y más lugares”, decía la nota, que también contenía una exigencia dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro: “Hacé algo”.
Lencina, vinculado con el narcomenudeo, saltó a los titulares en noviembre de 2023, cuando un precario grupo de soldaditos intentó “extraerlo” del Hospital Provincial, donde se encontraba internado mientras era atendido por un cuadro de tuberculosis. Aquel plan terminó con un desenlace trágico: el homicidio del policía Leoncio Bermúdez.
Vía Honda, mencionada en el mensaje, es el asentamiento ubicado junto a las vías del Ferrocarril Belgrano, al sur de bulevar Seguí y Avellaneda. Se trata de un sector de Rosario históricamente afectado por la venta de droga al menudeo y por disputas vinculadas con la narcocriminalidad.
Para la Fiscalía, el ataque contra Ferrari no fue un homicidio cometido al azar sino una acción destinada a utilizar el cuerpo de una persona ajena a la disputa como soporte para transmitir un mensaje entre sectores vinculados con el delito.
Después de los disparos, Toledo y el tirador escaparon a pie por Sanguinetti y luego ingresaron a una vivienda de pasaje Zolá 3641. Allí, según la imputación, el autor de los disparos se deshizo de la ropa que llevaba puesta durante el ataque. Luego, ambos peones de la mafia abandonaron el aguantadero con un auto de la aplicación DiDi, un Chevrolet Corsa gris.
El recorrido del coche permitió reconstruir que primero bajó el tirador en la zona de Patricios y Laprida, barrio de La Carne, y que luego el viaje siguió hasta España y Lirio, Las Flores Sur, donde bajó Toledo.
La Fiscalía sostuvo que la acción tuvo como finalidad “infundir temor y conmoción pública”, no solamente en el barrio donde ocurrió el crimen sino en Rosario en general. También planteó que las amenazas buscaron condicionar el ejercicio de las funciones del Poder Ejecutivo provincial y, particularmente, intimidar al gobernador Pullaro en el marco de las políticas de seguridad implementadas para los presos considerados de alto perfil.
En ese sentido, Miatello sostuvo que se trató de un ataque organizado y coordinado cuyo propósito era amedrentar a las autoridades y condicionar sus decisiones. El mismo modus operandi de las bandas criminales que instigaron los asesinatos de cuatro trabajadores en marzo de 2024.
Tapian aguantadero
Durante la audiencia, el fiscal también pidió una medida sobre la vivienda de Zolá 3641, donde los investigadores determinaron que se refugiaron los autores del ataque inmediatamente después del asesinato.
El juez Negroni hizo lugar al pedido y autorizó a la Fiscalía a bloquear físicamente las aberturas de la planta baja del inmueble que, según informes del 911 estaría vinculado con maniobras de narcomenudeo. Hace una década, según registros periodistícos, la misma propiedad fue allanada por un expediente de venta de drogas.
La casa ya había quedado en el centro de la investigación la misma noche del crimen. Cuatro hombres fueron detenidos allí por haber aguantado a los homicidas antes y después del ataque. Se trata de Daniel Rolando Vega, de 29 años; su padre, Daniel Vega, de 61; Sebastián Insaurralde, de 24; y Nahuel Vega, de 19. Todos siguen detenidos, imputados como coautores de encubrimiento agravado.
Toledo, en tanto, había decidido entregarse en el Centro de Justicia Penal, después de varios allanamientos. Tanto él como su cómplice son meras piezas fungibles: la investigación todavía tiene pendiente avanzar sobre la cadena de instigación que dio origen al homicidio.