Una modesta vivienda ubicada en el extremo noreste de Rosario, que durante al menos ocho años había sido usurpada por bandas ligadas a la narcocriminalidad, terminó demolida a mazazos en el marco de la Ley de Microtráfico implementada en Santa Fe desde diciembre de 2023. El operativo estuvo encabezado por el fiscal de Microtráfico César Cabrera y el secretario de Seguridad provincial, Omar Pereira.
La finca, que llevaba al menos un año abandonada, está ubicada en Mateo Booz al 9013, en el barrio conocido como Los Unidos, situado al oeste del barrio Gráfico, a la altura de calle Calazanz, prolongación de Mendoza al 9000. Desde 2021, la vivienda apareció reiteradamente en crónicas policiales resonantes, vinculadas a allanamientos por causas narco y homicidios. Incluso, en enero de 2025, fue escenario de una ejecución: la de Lucas Urrutia, de 28 años.
Además, en los últimos años el entorno de la vivienda quedó posicionado como uno de los puntos rojos en el mapa de la narcocriminalidad barrial, a partir de una saga de crímenes cometidos en el asentamiento conocido como la Toma de Magaldi, en un contexto de profunda vulnerabilidad social.
El fiscal Cabrera explicó al respecto: “Hicimos un relevamiento en un radio de unas diez cuadras a la redonda y encontramos más de 120 incidencias relacionadas con venta de estupefacientes, disparos de arma de fuego, amenazas y personas armadas”.
La última causa de relevancia asociada al domicilio devenido en aguantadero fue el homicidio de Lucas Urrutia, cuya investigación tiene a tres varones detenidos: Junior Giménez, Brian Maidana y Brian P., este último menor de edad al momento del hecho. En el expediente surgió la sombra de la banda de Los Menores, que comenzó a ganar notoriedad en Rosario desde 2022, en un proceso de desplazamiento de la marca delictiva de Los Monos.
Urrutia fue ejecutado el 5 de enero de 2025 en el domicilio de Mateo Booz al 9013, en el marco de una emboscada. Según la investigación, lo citaron con la excusa de pagarle una supuesta deuda de 300 mil pesos. La causa, a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, sostiene como hipótesis que el crimen se enmarcó en un conflicto entre una banda narco, posiblemente Los Menores, y el hermano de la víctima, Gastón, quien según testimonios era prestamista y llevaba “un estilo de vida muy ostentoso”, con la compra de “autos nuevos, cadenas de oro y lanchas”.
Un informe fechado en marzo de 2025, elaborado por un brigadista de la PDI que investigó el caso Urrutia, señala a partir de entrevistas a vecinos de Mateo Booz al 9000 que en el domicilio había vivido una persona de edad avanzada que falleció hacía unos ocho años. Luego, la vivienda fue ocupada brevemente por un hijo, que residió allí por muy poco tiempo. Tras su mudanza, indica el reporte, la finca quedó usurpada.
“Era habitada en forma esporádica por distintas personas, que la utilizaban por pocos días. También era utilizada como desarmadero de vehículos”, detalla el informe. Los vecinos indicaron que “nunca vieron movimientos de venta de material estupefaciente” y que la ocupación era intermitente y a cargo de personas diferentes.
Como parte de su derrotero criminal, el aguantadero había sido allanado en agosto de 2022 en el marco de la investigación por el crimen de Ricardo Capoulat, un empresario villagalvense del rubro panadero que en junio de ese año fue víctima de un complot cuyo objetivo era el robo de su camioneta 4x4. Cuando los investigadores de la ex AIC irrumpieron en Mateo Booz al 9013, hallaron cinco autos robados, la documentación de la Amarok de Capoulat, armas y notas con amenazas dirigidas a jefes de bandas criminales que se encuentran detenidos. Por ese caso, dos personas fueron condenadas a prisión perpetua y nunca se descartó que el plan criminal haya sido instigado desde la cárcel.
Tiempo antes, en septiembre de 2021, el domicilio de fachada celeste también había sido parte de la incursión en Rosario de la Policía Bonaerense que, encabezada por el entonces ministro de Seguridad Sergio Berni, culminó con el secuestro de 12 kilos de cocaína a dos miembros del clan Villalba, históricos vendedores de droga de ese sector del noroeste rosarino.
Durante el derribo, el secretario Pereira reconoció que los búnkeres de venta de estupefacientes “son lugares generadores de violencia en toda una zona donde hay viviendas de gente trabajadora que se ve afectada por la presencia de estos puntos que lo único que hacen es envenenar a la juventud y niños, y terminan con homicidios, balaceras”, convirtiendo así “a un barrio tranquilo en peligroso, donde los vecinos temprano tienen que esconderse en sus casas y ser testigos de lo que sucede”