Adrián Spelta, fiscal de la reciente unidad especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, brindó este lunes detalles sobre la investigación que sacude a la Justicia de la provincia de Santa Fe. La causa tiene como principal protagonista al exfiscal Mariano Ríos Artacho, preso por desviar al menos 425 millones de pesos de cuentas judiciales.
En diálogo con Radiópolis (Radio 2), Spelta explicó el mecanismo implementado para vulnerar los controles del sistema, analizó el destino del dinero sustraído y aclaró cómo la Justicia evalúa la ludopatía manifestada por el acusado.
El caso, que ya cuenta con 11 imputados, podría agravarse. Según reveló Spelta, la cifra millonaria detectada hasta el momento surge de revisar apenas un tercio de las cuentas vinculadas a Ríos Artacho durante los últimos dos meses y medio de investigación. “De las 100 cuentas que falta todavía analizar, seguramente podemos llegar a encontrar mayor cantidad de perjuicio ocasionado”, advirtió el funcionario judicial sobre la magnitud de los desvíos.
La cadena de engaños y el destino de los fondos
Uno de los puntos clave de la maniobra consistía en sortear el requisito de la doble firma para liberar los recursos depositados. Spelta detalló que el exfiscal incurrió en falsedad ideológica al utilizar oficios institucionales como herramienta de engaño. “En esa cadena de engaños, el primer engañado era el segundo fiscal. A él se le presentaba el oficio firmado por Ríos Artacho, se le explicaba al fiscal cuál era el motivo y prestaba la segunda firma para que el banco haga la extracción”, precisó. La cadena continuaba engañando a las entidades bancarias y a los propios jueces. Para no levantar sospechas, el acusado utilizó a nueve fiscales distintos que prestaban funciones cerca de su unidad.
Respecto al destino final de los millonarios montos, el fiscal se distanció de la teoría que reduce todo a un problema personal con las apuestas. “Alguien sacó rentabilidad de esto”, sentenció tajante.
La pesquisa busca determinar si el grupo operaba como una mesa financiera prestando dinero a altos intereses. Como prueba de este accionar, Spelta ejemplificó que, en algunas cuentas, el dinero era reintegrado después de dos años por el mismo valor nominal en un contexto de altísima inflación, evidenciando que en el interín se había generado una fuerte suma de intereses para provecho propio.
El factor de la ludopatía y el resarcimiento a las víctimas
Durante el proceso, el exfuncionario judicial argumentó padecer problemas de juego compulsivo. Sin embargo, Spelta fue muy claro sobre cómo se sopesa este elemento en el ámbito penal. El profesional explicó que la ludopatía no influye “en absoluto” respecto a la existencia del delito ni exime de responsabilidad, aunque sí “va a amortiguar en la cuantía de la pena al momento de establecerla, porque se va a tener como una consideración a los efectos de si se quiere atenuar la sanción”.
Finalmente, consultado sobre la posibilidad de reparar a las víctimas que nunca pudieron cobrar lo que les correspondía, el fiscal destacó que los implicados que recuperaron la libertad debieron depositar fianzas que superan los 40 millones de pesos.
Al concluir el proceso, se evaluará cuánto de esas garantías y de los bienes embargados a favor de la Justicia podrán destinarse a resarcir los daños ocasionados tanto a los particulares como al propio Estado provincial, que también se perfila como víctima de esta gigantesca defraudación.
Mientras avanza la causa, Ríos Artacho permanece alojado en una delegación de Prefectura en la capital santafesina, aislado de la población carcelaria común debido a sus antecedentes como funcionario.