Las dos caras visibles de la agencia de vehículos MotorSport, que acumula 80 denuncias por estafa, fueron detenidas. Al arresto de Juan Gabriel A. (36), ocurrido el pasado sábado, se sumó el de su socio Eduardo Atilio S. (40), que se presentó este martes ante la Policía de Investigaciones. Serán llevados a audiencia imputativa por el fiscal Iván Enríquez, a cargo del legajo.
En la causa, el fiscal Enríquez también declaró en rebeldía a Noelia S., hermana de Eduardo S., ya que también figura como socia y habría tenido participación en las maniobras bajo investigación.
El fiscal avanzó con varias medidas en los últimos días para poder acusar penalmente a los responsables del local que supo funcionar en San Martín al 2600 y, al día de la fecha, está completamente vacío. De hecho, el sábado allanó y detuvo con la PDI a Juan A. en Pellegrini al 800, donde se incautaron dos millones y medio de pesos, un drone, un celular, dos armas de fuego, dispositivos electrónicos, llaves de ignición de autos y una BMW modelo K1.
Cómo fueron algunas operaciones denunciadas
El abogado Juan Manuel Fascia, que representa a varios perjudicados, contó en Radio 2 a finales de agosto que algunos clientes entregaron sus vehículos a MotorSport –estaba ubicado en San Martín al 2600– para que fueran vendidos en consignación. La operatoria denunciada tenía un punto en común: desde la firma les comunicaban que el auto había sido vendido, les solicitaban que fueran a firmar el formulario 08 para concretar la transferencia y se comprometían a entregar el dinero durante ese mismo día. “Después empezaban a dilatarlo”, señaló el abogado durante la entrevista.
Fascia sostuvo que, a partir de los casos que analizan en su estudio, advierten que el accionar habría continuado durante un período en el que la agencia ya atravesaba dificultades económicas.
Según su interpretación, la empresa habría seguido ofreciendo vehículos a precios inferiores a los del mercado y realizando operaciones pese a encontrarse en una situación financiera compleja. “Se veía que el fin justamente era tratar de hacerse del dinero”, afirmó.
En ese sentido, Fascia sostuvo que la Fiscalía deberá determinar también si existió participación de terceras personas en algunas de las operaciones. Incluso mencionó la posibilidad de que la investigación analice una eventual asociación ilícita, aunque aclaró que ese punto deberá ser establecido a partir de las pruebas que se incorporen a la causa.
Otro aspecto que, según planteó, deberá determinarse es qué ocurrió con los vehículos que fueron transferidos a terceros. El abogado señaló que habrá que establecer si quienes recibieron esos autos actuaron de buena fe o si pudieron existir operaciones destinadas a afectar el patrimonio de la empresa.