Uno de los socios de la agencia de vehículos MotorSport fue detenido este fin de semana en allanamientos que llevó a cabo la Policía de Investigaciones. Se trata de Juan Gabriel A., una de las caras visibles del comercio, quien será llevado a audiencia imputativa esta semana. Su socio, Eduardo S., está prófugo.
Juan A. cayó el sábado pasado en un operativo que hizo la PDI en Pellegrini al 800 por solicitud del fiscal Iván Enríquez de la Unidad de Investigaciones Estratégicas, quien interviene desde el primer momento en el legajo. Se estima que ya hay 80 damnificados por MotorSport.
Según pudo conocer Rosario3, el socio Eduardo S. se encuentra con pedido de captura y declaración de rebeldía. La hermana de Eduardo, Noelia S., también fue declarada en rebeldía por parte del fiscal de la causa.
Cómo fueron algunas operaciones denunciadas
El abogado Juan Manuel Fascia, que representa a varios perjudicados, contó en Radio 2 que algunos clientes entregaron sus vehículos a MotorSport –estaba ubicado en San Martín al 2600– para que fueran vendidos en consignación. La operatoria denunciada tenía un punto en común: desde la firma les comunicaban que el auto había sido vendido, les solicitaban que fueran a firmar el formulario 08 para concretar la transferencia y se comprometían a entregar el dinero durante ese mismo día. “Después empezaban a dilatarlo”, señaló el abogado durante la entrevista.
Fascia sostuvo que, a partir de los casos que analizan en su estudio, advierten que el accionar habría continuado durante un período en el que la agencia ya atravesaba dificultades económicas.
Según su interpretación, la empresa habría seguido ofreciendo vehículos a precios inferiores a los del mercado y realizando operaciones pese a encontrarse en una situación financiera compleja. “Se veía que el fin justamente era tratar de hacerse del dinero”, afirmó.
En ese sentido, Fascia sostuvo que la Fiscalía deberá determinar también si existió participación de terceras personas en algunas de las operaciones. Incluso mencionó la posibilidad de que la investigación analice una eventual asociación ilícita, aunque aclaró que ese punto deberá ser establecido a partir de las pruebas que se incorporen a la causa.
Otro aspecto que, según planteó, deberá determinarse es qué ocurrió con los vehículos que fueron transferidos a terceros. El abogado señaló que habrá que establecer si quienes recibieron esos autos actuaron de buena fe o si pudieron existir operaciones destinadas a afectar el patrimonio de la empresa.
