La Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario imputó formalmente a once integrantes del Escuadrón 46 Sección Seguridad Vial “Arroyo Seco” de Gendarmería Nacional, acusados de conformar una asociación ilícita destinada, entre otros delitos, a quedarse con cargamentos de hojas de coca de contrabando. Según la investigación, esa mercadería era obtenida de manera irregular en controles realizados en el peaje General Lagos de la autopista Rosario-Buenos Aires y luego era colocada en el circuito de venta minorista.
La acusación fue presentada durante una extensa audiencia oral y pública desarrollada ante el juez de garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, que se llevó a cabo en dos tramos: comenzó el viernes 10 de abril y concluyó el pasado viernes 24. En ese marco, la fiscalía detalló la teoría del caso, exhibió los elementos probatorios reunidos y solicitó medidas cautelares, además de restricciones patrimoniales y personales para todos los involucrados.
Los fiscales coadyuvantes Franco Benetti y Matías Mené atribuyeron a los gendarmes los delitos de asociación ilícita en calidad de coautores, en concurso real con cohecho pasivo, y encubrimiento de contrabando por omitir denunciar los hechos pese a estar obligados a hacerlo, agravado por su condición de funcionarios públicos, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, según indicó el portal fiscales.gob.ar.
Los once acusados pertenecen al Escuadrón 46 Seguridad Vial de Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, y fueron identificados como Humberto R., Jorge B., Andrés G., Esteban B.M., Fabián P., Francisco V., Juan S., David B., Norberto C., Marcos Antonio B. y Enzo Gastón N.V. Este último aparece señalado con un papel central dentro de la maniobra y se encontraba en situación de disponibilidad por haber realizado operativos falsos.
A todos se les adjudicó haber integrado una organización criminal activa entre el 19 de enero de 2025 y el 5 de mayo de 2025, con el propósito de apropiarse de cargamentos de hojas de coca a granel ingresados ilegalmente al país, para luego venderlos y obtener beneficios económicos.
A solicitud del Ministerio Público Fiscal, el magistrado dispuso para todos los imputados la obligación de someterse al proceso judicial, no entorpecer la investigación, presentarse periódicamente ante la Oficina Judicial o la autoridad correspondiente en sus lugares de residencia y no salir del país sin autorización previa.
Además, ordenó el embargo preventivo de vehículos y la inhibición general de bienes para cada uno de ellos, con montos fijados entre 8 millones y 293 millones de pesos, con el objetivo de garantizar un eventual decomiso. En caso de ser condenados por encubrimiento de contrabando, podrían enfrentar multas de entre cuatro y veinte veces el valor de la mercadería involucrada.
“Comunidad delictiva”
Al describir la estructura del caso, el fiscal Mené separó la imputación vinculada a la asociación ilícita de los episodios concretos de cohecho y encubrimiento de contrabando atribuidos a los gendarmes, e incluyó además a una mujer oriunda de Rosario, también acusada, por adquirir parte de la mercadería.
La hipótesis fiscal se apoyó en la existencia de una verdadera “comunidad delictiva”, con tareas distribuidas entre sus integrantes. De acuerdo con el MPF, nueve de los gendarmes tenían la función de detectar y retener cargamentos de hojas de coca de contrabando durante controles vehiculares para luego entregárselos a Enzo Gastón N.V., quien fue detenido el 5 de mayo de 2025 mientras trasladaba 180 kilos de esa mercadería. Ese procedimiento fue el puntapié inicial de la investigación.
Según explicó el fiscal, el gendarme detenido era quien pactaba de antemano el valor de cada cargamento, coordinaba la entrega con otros miembros del escuadrón y luego revendía la hoja de coca a terceros encargados de su comercialización. En esa etapa apareció involucrada la mujer rosarina, imputada como autora de siete hechos de encubrimiento de contrabando por la compra de mercadería extranjera proveniente de ese delito.
Durante la pesquisa se constató que la mujer recibía y abonaba los cargamentos vendidos por N.V. En un allanamiento realizado en su vivienda el 28 de mayo de 2025, fueron secuestrados ocho bolsones con 22 kilos de hojas de coca cada uno.
Maniobras sistemáticas
En cuanto al accionar de los gendarmes, la fiscalía describió doce episodios con un patrón idéntico. El primero se registró el 19 de enero de 2025, cuando Francisco Javier V. secuestró 80 kilos de hojas de coca ingresadas al país en violación al régimen aduanero y omitió informar el hallazgo a la autoridad competente. Posteriormente, recibió 375 mil pesos de Enzo Gastón N.V. a cambio de entregar ese cargamento.
De acuerdo con la teoría fiscal, la relación entre ambos se originó a partir de la intervención de Marcos Antonio B., quien los presentó y facilitó el contacto. Ese mismo funcionario fue el encargado de retirar la mercadería en Arroyo Seco y entregársela a N.V.
La maniobra volvió a repetirse el 30 de enero de 2025. En esa ocasión intervinieron Jorge Luis B., Juan Héctor S. y Fabián P., quienes durante un control vehicular obtuvieron 131 kilos de hojas de coca. Ese día, Enzo Gastón N.V. abonó 3.596.000 pesos a sus compañeros mediante transferencias bancarias y pagos en efectivo.
El 3 de febrero del mismo año se produjo otro episodio similar: Jorge B. obtuvo un cargamento de 67 kilos y recibió de N.V. la suma de 1.957.500 pesos entre transferencias y dinero en mano. Dos semanas más tarde, el 17 de febrero, el mismo gendarme se quedó con otros 22 kilos y percibió 607.500 pesos por esa entrega.
La operatoria continuó el 30 de marzo, cuando se apropiaron de 132 kilos de hojas de coca y N.V. pagó 4.300.000 pesos en efectivo. Más tarde, el 5 de abril de 2025, se concretó otro retiro de 20 kilos a cambio de 600 mil pesos. Ese mismo día, además, José Luis B. y Andrés G. obtuvieron otro cargamento de 130 kilos.
A estos dos últimos efectivos los fiscales les atribuyeron haber aceptado y recibido dinero de N.V. como contraprestación por no denunciar el hecho y facilitar la entrega de la mercadería. Por esa operación cobraron 4.324.000 pesos, compuestos por transferencias de 300 mil, 20 mil y 200 mil pesos, además de un pago en efectivo de 3.804.000.
Por otra parte, a David B. se le imputó haber obtenido un cargamento de 103 kilos de hojas de coca el 14 de abril de 2025, mientras realizaba tareas de patrullaje, por el que recibió 3.023.000 pesos en efectivo de manos de N.V.
La fiscalía también sostuvo que el 16 de abril de 2025 el mismo acusado, junto con Esteban B.M. y Fabián P., se apropió de otros 118 kilos en un nuevo control rutinario, por los cuales N.V. les pagó alrededor de 3.450.000 pesos en efectivo, además de transferencias por 250 mil y 300 mil pesos.
Otro de los hechos señalados ocurrió el 17 de abril, cuando Jorge Luis B. y Andrés René G. se quedaron con 121 kilos de hojas de coca, recibiendo a cambio transferencias por 200 mil, 600 mil, 560 mil y 200 mil pesos. A esos mismos gendarmes también se les adjudicó la apropiación de un nuevo cargamento de 40 kilos de hojas de coca de contrabando el 4 de mayo de 2025.
Según la exposición del Ministerio Público Fiscal, esa misma modalidad tuvo su correlato en siete operaciones atribuidas tanto a la mujer imputada como a Enzo Gastón N.V., desarrolladas entre el 27 de diciembre de 2024 y el 28 de mayo de 2025. Al gendarme se le endilgó haberle vendido a la mujer un total de 527 kilos de hojas de coca, mercadería que ella pagaba, recibía en su domicilio y luego distribuía mediante venta al menudeo.