La investigación por el ataque ocurrido el pasado 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno nº 40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, derivó en allanamientos realizados en la ciudad de Tartagal, Salta, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, según publicó el Ministerio Público Fiscal salteño.
Cabe recordar que el trágico hecho en Santa Fe tuvo como protagonista a un adolescente de 15 años, identificado como Gino C., quien asesinó a un compañero de 13 años, Ian Cabrera, e hirió a otros estudiantes dentro del establecimiento educativo. De acuerdo con la investigación, el atacante habría actuado motivado por comunidades virtuales vinculadas a discursos violentos.
Según informaron desde el Once Tv Salta, a partir del avance de la causa se detectó una posible red de agitadores virtuales, lo que llevó a las autoridades a intervenir en domicilios ubicados en el Distrito Judicial Norte, circunscripción Tartagal.
Los procedimientos se realizaron con autorización del Juzgado de Menores en turno, a cargo del juez Aníbal Burgos, y bajo la supervisión del fiscal Pablo Cabot. Durante los allanamientos se concretaron registros e inspecciones con el objetivo de secuestrar elementos de interés y preservar evidencia digital potencialmente relevante para la investigación.
En los domicilios allanados se procedió al secuestro e inspección de dispositivos informáticos y soportes tecnológicos. Tras un análisis preliminar, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que surgieron referencias vinculadas únicamente a la causa que se investiga en Santa Fe y que, en principio, se descartó la existencia de algún hecho aislado o independiente que pudiera involucrar a la comunidad salteña.
Asimismo, el organismo indicó que se adoptaron medidas urgentes de resguardo y protección, con intervención de la Asesoría de Incapaces y de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. También se dispuso una consigna policial fija en el domicilio involucrado y se prevé una audiencia ante el Juzgado de Menores con participación del adolescente investigado, sus padres, representantes de la Fiscalía y la asesora interviniente.
Por tratarse de actuaciones que involucran a menores de edad y la existencia de víctimas, la causa se mantiene bajo estricta reserva judicial.