La unidad hasta que duela de la que tanto se habló en el oficialismo en la Convención Constituyente santafesina empieza a convertirse en realidad. Aunque no solo duele: también cuesta. O, al menos, avanza fácil en algunos casos y bien trabado en otros. La elaboración de los dictámenes en la comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo, por caso, viene más rápida que en la de Justicia, donde las diferencias entre los socios de Unidos parecen muy duras de saldar.
Primera aclaración: habrá dictámenes en plural. No solo porque existirán posturas de mayoría y de minoría, sino porque finalmente se habilitarán los despachos parciales y no uno general sobre todas las temáticas de cada comisión. Esto se resolvió —por iniciativa de Marcelo Lewandowski y a pedido de toda la oposición— en una reunión de Labor Parlamentaria realizada este jueves. Allí se definió que este viernes a las 15 habrá sesión plenaria para modificar el reglamento y permitir los despachos parciales.
Luego, a las 17, se reunirá la comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo y será la primera en emitir dictámenes, con acuerdos de la mayoría oficialista ya cerrados: en los temas conflictivos involucrados faltaban detalles, dijeron fuentes de Unidos, para llegar a un proyecto unificado.
Fuentes tanto de la UCR como del socialismo dijeron que, como proponía este último sector, la nueva Constitución prohibirá los decretos de emergencia, una figura que el radicalismo había incluido en su proyecto con “temporalidad acotada” y para casos de contingencia declarada por la Legislatura.
También se sumará al nuevo texto constitucional la figura del ministro coordinador, con acuerdo parlamentario. En la UCR, de todos modos, aún discutían si su designación (y el envío del pliego a la Asamblea Legislativa) quedará a voluntad del gobernador de turno o no.
En la comisión de Justicia, dijeron desde ambos sectores, los acuerdos están más lejos y todo indica que será la última. El conflicto pasa por distintas cuestiones: grado de independencia del Ministerio Público de la Acusación (MPA); si el Ejecutivo participa o no en los órganos que proponen y remueven/sancionan jueces y fiscales; si las ternas con los postulantes a esos cargos son vinculantes o no, entre otros asuntos. En ese marco, están sobre la mesa herramientas institucionales que ordenan quién propone, quién controla y quién sanciona —las propuestas van desde un Consejo de la Magistratura/Asesor que concursa y eleva ternas, hasta jurados ad hoc para la selección y un tribunal de enjuiciamiento para las faltas—.
“En esta comisión es donde el consenso está más complicado”, dijo a Rosario3 un convencional del radicalismo, partido que defiende para el MPA un enfoque inspirado en el modelo norteamericano —esto es, alinear la política criminal con el Ejecutivo—: el gobernador fija la política de persecución penal y, para eso, nombra un fiscal general que llega con él y se va con él. El socialismo y la oposición, en cambio, plantean que los mandatos de uno y otro deben ser distintos para darle mayor independencia al organismo a cargo de las investigaciones y que los lineamientos que fije el fiscal general se conviertan en política de Estado y no de una gestión.
En la comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, en tanto, la diferencia mayor pasa por si la Caja de Jubilaciones del Estado provincial debe declararse intransferible, como plantean el PS y también el PJ, o no, como sostiene el PRO. La UCR propone una postura intermedia y La Libertad Avanza adhiere a un concepto que repite en este y otros temas: todo servicio que pueda prescindir del Estado debe declararse privatizable.
Son cuestiones que se definirán en las próximas horas porque, finalmente, el tiempo apremia: queda menos de un mes de trabajo y los dictámenes deberán salir en efecto dominó, uno tras otro, para que la comisión redactora les termine de dar forma y armonizarlos entre sí, y el plenario apruebe el nuevo texto constitucional que el 12 de septiembre debe ver la luz.
Todo esto en un proceso trabajoso que por momentos gana tensión, como pasó con la discusión sobre si se aceptaban o no los dictámenes parciales.
Para la oposición resultó un alivio que el oficialismo finamente cediera en este tema. Porque eso les permitirá sumarse, en algunos casos, a los despachos de mayoría en cuestiones en las que están de acuerdo con Unidos.
Algo que se verá, por ejemplo, este viernes en la comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo. Según los cálculos de una fuente de la UCR, en el 80 por ciento de los temas los opositores acompañarán al oficialismo. Un ejemplo: que la Cámara de Diputados pase del actual sistema de mayoría automática —por el cual quien gana la elección en el rubro se queda con 28 bancas de 50— al D’Hondt puro es un punto en el que el consenso es absoluto; lo mismo que en establecer una sola reelección para todos los cargos. Pero en la cláusula que habilitará a Maximiliano Pullaro a ir por un nuevo mandato en 2027, no.
¿Conseguirá Unidos, en ese asunto tan espinoso, algún voto más además del de sus convencionales propios y los del Frente de la Esperanza, que llegaron en la boleta que encabezó Alejandra “Locomotora” Oliveras? “Estamos trabajando para eso; mañana te digo”, respondió uno de los convencionales de Unidos consultados por Rosario3.