La Convención Constituyente de Santa Fe ingresa esta semana en una etapa crucial, definitoria. A punto de cumplir un mes de trabajo, el cuerpo tiene dos semanas para que sus comisiones dicten los dictámenes que luego, entre el 25 de agosto y el 12 de septiembre, deberán ser aprobados por el plenario. Esos despachos se convertirán en el articulado nuevo de la Constitución santafesina. El foco de atención –y de conflicto– está puesto en lo que en constitucionalismo se llama “la sala de máquinas”. Esto es, las normas, condiciones y mecanismos de funcionamiento interno del sistema político e institucional.
La llave para destrabar los acuerdos la tiene Unidos, porque por número controla las comisiones y también, con los tres convencionales aliados del Frente de la Esperanza (el sector que encabezó la fallecida Alejandra “Locomotora” Oliveras), es mayoría en el plenario, con 36 bancas sobre un total de 69. El oficialismo no pudo llegar a una síntesis en la previa, fundamentalmente por las diferencias entre el radicalismo y el socialismo, lo que llevó a que siete de los partidos de la coalición presentaran su propio texto de reforma. Pero ahora llegó la hora de hacer realidad una consigna repetida desde el día uno por sus integrantes: “Unidad hasta que duela”. ¿Habrá fumata blanca como la semana pasada para definir la oferta electoral en los comicios de octubre?
“Si pudimos acordar la lista de candidatos a diputados podemos consensuar cualquier cosa”, bromeó una fuente partidaria de la UCR consultada por Rosario3. Que, por si acaso, facturó: “Eso fue posible por la generosidad del gobernador (Maximiliano Pullaro) y del radicalismo”, al ceder el segundo lugar de la nómina al socialismo. ¿Una forma de pedir reciprocidad en la Convención?
Convencionales del propio radicalismo y del socialismo fueron más específicos: el objetivo es llegar esta semana a un proyecto único de la coalición oficialista. Es decir, la síntesis que no se pudo en la previa. La mecánica será buscar acuerdos entre los integrantes que Unidos tiene en cada comisión. En los puntos en los que las negociaciones encallen, definirá una mesa política que encabezarán los tres conductores del bloque del frente, Fabián Bastía (UCR), Joaquín Blanco (PS) y Cristian Cunha (PRO), más el presidente de la Convención, Felipe Michlig.
La idea primigenia es priorizar la construcción de los acuerdos internos para luego ir, tema por tema, por el consenso más amplio posible. Sin embargo, acaso influyan en las definiciones de Unidos las posturas ya expresadas por convencionales de la oposición sobre los mismos.
A continuación, los puntos más importantes en los que persisten los desacuerdos dentro de las cuatro comisiones que abordan las cuestiones vinculadas a la “sala de máquinas”: Poder Ejecutivo y Legislativo, Justicia, Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, y Régimen Municipal.
Poder Ejecutivo y Legislativo
—Ministro coordinador de Gabinete. El socialismo impulsa una figura obligatoria, con acuerdo legislativo para su designación (un “jefe de Gabinete” con anclaje parlamentario). La UCR acepta la posibilidad, pero sin exigencia de acuerdo legislativo y como herramienta opcional del gobernador. Dos lógicas: más parlamentarismo y control (PS) versus fortalecimiento del Ejecutivo (UCR).
—Decretos de emergencia. El PS busca prohibirlos y bloquear delegaciones legislativas al Ejecutivo en cualquier circunstancia. La UCR quiere abrir esa válvula, con límites temporales y temáticos, pero manteniendo capacidad de reacción ante contingencias declaradas por la Legislatura.
—Cláusula transitoria para la reelección. Hay unanimidad, con la oposición incluida, en habilitar una sola reelección para todos los cargos, entre ellos gobernador y vice. No así sobre la cláusula transitoria que permitirá a Maximiliano Pullaro competir por un nuevo período en 2027. Si bien en el oficialismo sí hay acuerdo en torno a este punto, sus operadores trabajan para obtener un número de votos mayor que le dé más legitimidad a la decisión. Podrían aportarlos los cuatro senadores del PJ que son convencionales y pertenecen a Más para Santa Fe. Ese sector ya votó dividido al inicio, cuando se abordaron puntos conflictivos del reglamento de la Convención.
Justicia
—No hay proyecto que no hable de asegurar la autonomía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con autarquía funcional y presupuestaria. La discusión es cuánto y cómo. Más para Santa Fe es el único que sostiene que el organismo siga siendo parte del Poder Judicial, en línea con lo que plantearon ante la propia comisión los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Pero en Unidos, si bien todos coinciden en que operativamente no debe depender de ninguno de los tres poderes del Estado, hay diferencias nada menores. La UCR plantea que el fiscal general debe coincidir en mandato con el gobernador que propone su nombramiento a la Legislatura; el socialismo y la oposición sostienen que no.
No es un matiz: es una divergencia crucial. Para el radicalismo, el mandatario provincial electo por el pueblo tiene que contar —al estilo norteamericano— con la potestad de fijar la política criminal de su gestión y para eso designa al titular del MPA. Para el socialismo y la oposición, es el fiscal general el que define esa estrategia “en coordinación” con el Ejecutivo, para que sea una política de Estado que no dependa del color político de la gestión de turno.
—La misma lógica se replica en los mecanismos para seleccionar aspirantes a jueces y fiscales y también para juzgarlos. En este caso, la UCR impulsa, como la oposición, la creación de un Consejo de la Magistratura y un tribunal de enjuiciamiento, con una particularidad que solo contempla el radicalismo: que el Ejecutivo no solo sea parte sino que además lo presida. El PS rechaza un Consejo permanente y prefiere jurados específicos para los concursos y tribunales de disciplina ad hoc con integración plural, más evaluaciones periódicas de desempeño y aptitud para jueces, fiscales y defensores, sin participación del Ejecutivo. Otra diferencia es si el orden de las ternas que llegan al Ejecutivo es vinculante o no. Para la UCR, no; para el socialismo y la oposición, sí.
—La propuesta del socialismo para que los jueces de la Corte puedan permanecer un máximo de 20 años en la Corte, apoyada por los tres integrantes más nuevos del máximo tribunal (Margarita Zabalza, Jorge Baclini y Rubén Weder), no parece encontrar respaldo en el resto de los sectores, ni del oficialismo ni de la oposición.
Funcionamiento del Estado y Participación
—Un punto de conflicto en el oficialismo es el del sistema previsional del Estado provincial. El PS, al igual que el justicialismo, quiere que la Constitución declare que la Caja de Jubilaciones es intransferible. El PRO se planta en la sustentabilidad y rechaza ataduras rígidas, mientras que la UCR busca una fórmula intermedia que afirme la administración provincial, pero sin cerrojos que condicionen reformas futuras de un sistema en crisis en todo el mundo.
—En cuanto a la participación ciudadana, hay acuerdo general en incorporar iniciativa popular, referéndum y audiencias públicas. La diferencia es el alcance: el PS, al igual que el peronismo, propone consultas vinculantes y revocatoria de mandato con umbrales exigentes. La UCR y el PRO aceptan consultivas y son reticentes a la revocatoria. Aquí podría nacer una fórmula de equilibrio (vinculantes solo para ciertos temas, o con pisos de firmas/participación altos).
Autonomía municipal
-La autonomía municipal será un antes y un después. El consenso es reconocerla; los matices, cómo instrumentarla. En ese sentido, el debate es qué tamaño deben tener las ciudades para no solo declararse autónomas, sino también poder dictar cartas orgánicas. Es decir, contar con autonomía plena que les permita, por caso, definir su propio sistema de representación. Las posturas van desde que todas las localidades pueden hacerlo (PJ) hasta que esa sea una potestad solo para Rosario y Santa Fe (La Libertad Avanza). En el medio, dentro del oficialismo, la UCR propone establecer un umbral de 50 mil habitantes y el PS de 20 mil.
—Quién redacta la carta orgánica parece una discusión saldada. Si bien la ley de necesidad de la reforma habilitaba a los actuales concejos municipales, ninguno de los proyectos presentados lo incluyó expresamente salvo el del PRO. Ante la falta de consenso, el propio impulsor de esa posibilidad cuando se debatió la norma, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, bajó esa bandera. Todo indica que esa tarea quedará en manos de convenciones municipales cuyos integrantes deberán ser elegidos por el voto popular.
—Gobernanza metropolitana. ¿Habrá entes con capacidad de dictar resoluciones vinculantes para coordinar políticas entre ciudades de una misma área metropolitana en temas como movilidad, uso del suelo, ambiente, residuos y seguridad? El PS dice sí; la UCR y el PRO son más prudentes (cooperación sin cesión de competencias); el PJ explora mecanismos intermunicipales con atribuciones concretas. Es, en el fondo, un debate sobre federalismo interno y eficacia de gestión.
Trabajo contrarreloj
El tiempo no sobra. Son muchos los temas, compleja la tarea y hay un límite: de acuerdo con la ley de necesidad de la reforma constitucional, la Convención debe entregar el 12 de septiembre el nuevo texto constitucional.
La responsabilidad principal es de Unidos, donde habrá quienes cederán en algún tema y acaso logren lo que pretendían en otro, en pos de un objetivo mayor: evitar que la reforma se empantane y deje cuestiones afuera. Por eso la premura de la que hablan en el oficialismo: hay que apurar el consenso.
Lo que está en juego en Santa Fe es nada más y nada menos que un nuevo esquema de poder. Es decir, no se discute relato, sino reglas y un perfil institucional de la provincia para las próximas décadas. Por eso, aunque la Convención no genere pasión de multitudes, son debates cruciales para los actores políticos y también, aunque no le preste atención, para la ciudadanía.
