El gobierno de Javier Milei se apresta a conseguir este miércoles la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026, en el inicio de una ola de reformas que espera que el Congreso sancione de aquí a fin de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias y con el impulso —y el crecimiento en representación legislativa pero sin obtener mayoría propia— que consiguió en las elecciones de octubre pasado.
Para encaminarse a su primer triunfo legislativo importante después de un año colmado de traspiés en el Congreso, recorrió un camino de negociación que en términos políticos es bastante clásico: concesiones selectivas a gobernadores que eligió como aliados, guiños a bloques afines y promesas de recursos forman parte de una estrategia orientada al objetivo de obtener una victoria holgada, que no solo garantice la aprobación de la ley de leyes sino que refuerce la legitimidad política del oficialismo de cara a la próxima estación, una reforma laboral que derrumba un sistema legal pensado hace décadas para proteger a los trabajadores frente al capital.
El esquema de negociación tiene heridos y entenados. Mientras algunas provincias lograron acuerdos concretos o señales de acercamiento, otras quedaron deliberadamente al margen. Entre ellas, las que integran el espacio Provincias Unidas y, en particular, Santa Fe. Esa exclusión ayuda a explicar el endurecimiento del gobernador Maximiliano Pullaro, su decisión de no reunirse con el ministro del Interior Diego Santilli y la negativa del interbloque Unidos a acompañar el proyecto oficialista, tal como ya anticipó Rosario3.
En la Casa Rosada hacen cuentas y se muestran confiados: aun sin los votos de Santa Fe, Córdoba y el resto de Provincias Unidas, el oficialismo entiende que le sobra para aprobar el presupuesto.
Santa Fe, afuera
El reparto de concesiones es selectivo. Gobernadores aliados obtienen gestos de bajo impacto fiscal, pero que les generan alivio y tienen alto valor político: reformas normativas —como la que ahora se impulsa para la ley de glaciares—, transferencias discrecionales, avales para endeudamiento y promesas de obras. Incluso La Pampa, gobernada por el kirchnerismo, logró un entendimiento con la Nación por su deuda previsional, un terreno que para Santa Fe sigue bloqueado.
La comparación no pasa inadvertida en el gobierno provincial. Y Pullaro decidió no callarse. “Yo no me puedo sentar con el ministro Santilli hasta que desde Nación no den certezas de que van a acomodar algunas cuestiones que tiene la provincia de Santa Fe. No es que uno lo hace de matón. Mi responsabilidad es defender los intereses de la provincia”, sostuvo.
El gobernador apuntó directamente al núcleo del conflicto: la deuda previsional que la Nación mantiene con Santa Fe por los fondos que debería transferir la Ansés para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. “Las deudas que tiene Nación con la provincia no solo las reclamamos institucionalmente y en buenos términos, sino que esos reclamos los llevamos a la Corte Suprema de Justicia”, recordó.
Según precisó, el monto adeudado es de una magnitud que condiciona cualquier negociación: “Hay una deuda de stock de la diferencia que debería cubrirnos la Ansés con la Caja de Jubilaciones que es de entre uno y dos billones de pesos. Son casi los mismos recursos que tenemos destinados a la obra pública del año en el Presupuesto 2026”.
Pullaro también mencionó los incumplimientos vinculados al flujo corriente de fondos: “Están los recursos del flujo que nos deberían cubrir porque los pactos fiscales que firmaron gobernadores anteriores —Jorge Obeid y Carlos Reutemann— implicaron ceder impuestos coparticipables con el compromiso de que la Nación cubriera parte del déficit previsional. Eso hoy no se está cumpliendo”.
Qué más hay en disputa
La decisión del gobierno nacional de prescindir del respaldo de Provincias Unidas no parece casual. Santa Fe y Córdoba son los dos distritos más importantes gobernados por ese espacio y, al mismo tiempo, dos de los territorios donde La Libertad Avanza hizo una gran elección en octubre de este año. Es todo un dato que el presidente haya iniciado en Córdoba su “tour de la gratitud” por el respaldo electoral obtenido por el oficialismo nacional, una estrategia diseñada por Karina Milei y sus dos principales espadas políticas: el asesor Lule Menem y su primo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Está claro que la Casa Rosada optó por privilegiar los acuerdos con sectores del peronismo no kirchnerista y con referentes de provincias mineras, antes que con los gobernadores de Provincias Unidas.
La pregunta que abre esa situación es si el oficialismo libertario ya proyecta el escenario de 2027 y ve en el eje Córdoba–Santa Fe un adversario político para los próximos años, al menos en la disputa del voto no peronista. También si entiende que Provincias Unidas, en su estrategia diferente a la de otros sectores de lo que en algún momento se llamó la oposición dialoguista, apuesta a preservarse a distancia del gobierno de Milei como opción para el círculo rojo y el electorado no kirchnerista, algo que muchos sectores del poder económico creían que debía hacer —y no hizo— Mauricio Macri con el PRO.
Pero además, la gran performance electoral de La Libertad Avanza en ambos distritos podría alentarlo también a imaginar, en el tablero político futuro, la posibilidad de dar disputa por el poder provincial a la par de la campaña por la reelección de Javier Milei. Acaso la amenaza de darles batalla en sus terruños sea su mejor arma para ponerle un dique a la posible proyección nacional de Pullaro y Martín Llaryora.
La diferencia de trato con la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO, refuerza la lectura. Mientras el gobierno accedió a incluir en el Presupuesto 2026 un artículo que reconoce el fallo de la Corte Suprema que le devolvió al distrito una parte de la coparticipación que le había recortado Alberto Fernández —aunque sin fijar montos ni plazos de pago—, con Santa Fe la postura fue la inversa: endurecimiento discursivo, reclamos cruzados y ninguna señal concreta de distensión.
Aunque el Presupuesto 2026 probablemente se apruebe con una mayoría holgada, el conflicto deja huella. Para Milei, alcanzar la sanción sin Santa Fe y Córdoba puede ser suficiente en términos legislativos. Acaso le sirva también para tensionar a un electorado que hasta ahora lo respaldó a él cuando hubo comicios nacionales y a los gobernadores cuando la votación fue por cargos locales.
Para Pullaro, el choque refuerza un perfil de defensa de los intereses provinciales que, atento a que —reforma constitucional mediante— tiene reelección, también puede resultarle funcional, a la vez que lo sostiene en el debate de lo nacional.
La ley de leyes es –siempre lo fue– algo más que una discusión técnica. Funcionará como una primera radiografía del nuevo mapa de alianzas entre Nación y provincias. Una señal temprana de los realineamientos y movimientos que se generan en un tablero político que constituirá el escenario desde el cual comenzará a ordenarse la disputa de cara a 2027.