Durante décadas, el régimen cubano sobrevivió a todo lo que, en teoría, debía haberlo destruido. Sobrevivió a la caída de la Unión Soviética, al llamado “Período Especial”, a la muerte de Fidel Castro, a las protestas de 2021, incluso al agotamiento ideológico de una revolución que ya no moviliza, sino que administra escasez.
Pero la Cuba de 2026 enfrenta algo distinto: no una crisis aislada, sino la convergencia simultánea de colapso económico, asfixia energética, desgaste político y presión geopolítica externa. Y, por primera vez en muchos años, en Washington existe la convicción de que el sistema cubano puede estar entrando en su fase terminal.
El hombre que empuja esa hipótesis es el secretario de Estado, Marco Rubio. Hijo de inmigrantes cubanos nacidos en la isla -aunque él nació en Miami-, construyó buena parte de su carrera política alrededor de la cuestión cubana y mantiene una lectura mucho más sofisticada del régimen que la mayoría de la dirigencia estadounidense.
Para Rubio, Cuba no es solamente una dictadura anacrónica en el Caribe: es una estructura de poder profundamente militarizada, sostenida por redes económicas, inteligencia estatal y alianzas estratégicas con Rusia y China. Precisamente por eso, su apuesta parece orientarse menos a una confrontación militar directa que a una presión gradual destinada a alterar los incentivos internos del sistema cubano.
El funcionario no mira a Cuba como un problema diplomático convencional. La mira como una anomalía histórica que Estados Unidos dejó sobrevivir demasiado tiempo. Por eso la estrategia actual no se parece a la distensión de Barack Obama ni tampoco al embargo clásico del siglo XX. Es otra cosa: una combinación de presión económica extrema, aislamiento estratégico, señales militares disuasivas y desgaste psicológico orientado a erosionar la capacidad de supervivencia del régimen.
La lógica detrás de esa ofensiva es brutalmente simple.
Cuba depende estructuralmente del petróleo importado. Sin combustible, colapsa la generación eléctrica. Sin electricidad, colapsa la industria, el transporte, la refrigeración de alimentos, los hospitales y, finalmente, la gobernabilidad. Washington entendió que el verdadero talón de Aquiles de La Habana no es militar ni ideológico: es energético.
Por eso, después de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y del corte del suministro petrolero venezolano, la administración Trump endureció la presión sobre cualquier país o empresa dispuesta a abastecer a la isla. México redujo envíos. Las navieras comenzaron a recalcular riesgos. El resultado fue inmediato: apagones masivos, desabastecimiento y una economía funcionando a mínimos históricos.
Pero el objetivo estadounidense no parece ser una invasión clásica. De hecho, Washington sabe perfectamente que una intervención militar abierta traería otro desastre político internacional y además un nuevo trauma regional. La apuesta real parece ser otra: generar suficientes costos internos como para obligar al sistema cubano a negociar una transición controlada.
Ahí aparece la parte más sofisticada -y menos visible- de la estrategia.
Porque Estados Unidos no está hablando solamente a la oposición cubana. Está hablándole a la élite del régimen. El mensaje implícito es: todavía existe una salida pactada antes del colapso total.
Las recientes señales apuntan en esa dirección. La reunión del director de la CIA en La Habana, la presión judicial sobre figuras históricas del castrismo (como Raúl Castro) y las sanciones contra Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.). Este es el conglomerado militar-empresarial que administra buena parte de la economía de la isla y articula los intereses de las Fuerzas Armadas con la supervivencia del régimen.
El mensaje que Marco Rubio envió esta semana, con Gaesa en el centro de la escena, fue clave porque -según la visión de Washington- allí reside el verdadero núcleo del poder cubano.
Durante años, buena parte de los análisis occidentales interpretaron a Cuba como un régimen esencialmente ideológico. Lo que empezó a cambiar no fue solamente Cuba, sino también la manera en que Estados Unidos comenzó a leer el funcionamiento real del poder en la isla.
La administración trumpista parece haber llegado a la conclusión de que el sistema cubano ya no opera únicamente como un Partido Comunista tradicional, sino como una estructura híbrida donde el aparato militar administra sectores estratégicos de la economía, desde el turismo y los puertos hasta las telecomunicaciones, las remesas y el comercio exterior.
Por eso empezó a apuntar directamente contra esa estructura económica.
No busca únicamente castigar al gobierno. Busca fracturar los incentivos de la élite dirigente. Introducir dudas. Generar miedo patrimonial. Convencer a sectores internos de que preservar parte del sistema puede ser más racional que hundirse con él.
Sin embargo, Cuba no es la Europa del Este de finales de los años ochenta. El régimen cubano conserva niveles de cohesión política, control estatal y capacidad represiva que los viejos gobiernos soviéticos ya habían perdido cuando comenzó su derrumbe.
La isla tiene una estructura de control social extremadamente sofisticada, una oposición fragmentada, una sociedad agotada por décadas de emigración y una capacidad represiva todavía intacta. El castrismo perdió épica pero conserva aparato.
Además, el deterioro cubano genera un riesgo que obsesiona a Washington: una migración masiva descontrolada.
Estados Unidos quiere presionar al régimen, pero no provocar un colapso caótico que empuje cientos de miles de personas hacia Florida. Esa contradicción atraviesa toda la política norteamericana hacia Cuba desde hace décadas. La Casa Blanca quiere una transición. No quiere otro Mariel, el éxodo masivo de 1980 en el que más de 120 mil cubanos llegaron a Estados Unidos en apenas unos meses y desataron una crisis política y migratoria de enorme impacto en Florida.
Mientras tanto, La Habana intenta ganar tiempo.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel busca evitar el derrumbe administrando escasez, reprimiendo protestas y abriendo parcialmente algunos espacios económicos para captar divisas. Pero el margen es cada vez más estrecho. La economía cubana enfrenta inflación, caída del turismo, deterioro energético y fuga permanente de capital humano. Pero el dato más revelador quizá no sea solamente económico, sino demográfico: una parte creciente de la juventud cubana ya no intenta reformar el sistema. Simplemente busca emigrar.
Y detrás de la crisis cubana empezó a reaparecer una dimensión mucho más amplia. Porque Cuba hace tiempo dejó de ser solamente Cuba.
Para Washington, la cuestión cubana también volvió a adquirir una dimensión estratégica mayor. Funcionarios estadounidenses vienen advirtiendo sobre un incremento de la cooperación de inteligencia entre La Habana, Moscú y Pekín, particularmente en materia de vigilancia electrónica y acceso a infraestructura sensible en el Caribe.
Eso transforma la cuestión cubana en algo más grande que un conflicto bilateral.
La isla vuelve a insertarse en la lógica de competencia entre grandes potencias. Otra vez el Caribe empieza a parecerse, incómodamente, a un tablero de Guerra Fría. No igual al de 1962, pero sí al de un mundo que regresó a las zonas de influencia, las presiones cruzadas y la disputa por posiciones estratégicas.
Por eso el momento actual es tan delicado. Porque el régimen cubano probablemente atraviesa su crisis más profunda en décadas. Pero también porque Washington parece convencido de que esta vez sí existe una oportunidad histórica para empujar un cambio político.