El paquete de seguridad que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial despertó críticas y silencios en la misma medida. Por el momento, voces del radicalismo son las únicas que abrazan la controvertida propuesta del gobierno de Maximiliano Pullaro.
Esto tiene su razón. Si bien el gobierno provincial defiende el paquete de leyes con argumentos funcionales y operativos, el texto expresa una voluntad política de jugar al fleje de la constitucionalidad con tal de tener las herramientas que dice necesitar para cumplir su contrato electoral con los santafesinos.
El paquete de leyes motivó cuestionamientos dentro y fuera del sistema político santafesino, por derecha y por izquierda. Los más críticos fueron los diputados de Frente por la Soberanía, Carlos del Frade (“Santa Fe avanza hacia un Estado casi fascista”), Claudia Balagué, y Fabián Palo Oliver, pero también fue muy crítico el diputado de Somos Vida Emiliano Peralta (hay artículos lisa y llanamente inconstitucionales").
El peronismo mide muy bien cómo sumarse al debate público. Sabe que el gobierno lo anda buscando. Las declaraciones de la vocera Virginia Coudannes en la semana le confirman que el gobierno lo quiere subir al ring a sabiendas de la baja valoración que dejaron las gestiones de Omar Perotti y Alberto Fernández en materia de seguridad. Una diputada anuncia una catarata de nulidades por inconstitucionalidad en caso de que el texto se apruebe como lo mandó el Ejecutivo.
El socialismo, con presencia determinante en la Cámara de Diputados, actuó con responsabilidad política a pesar de la evidente incomodidad que le genera el paquete de leyes. La atropellada del Ejecutivo lo puso en la disyuntiva de desmarcarse de entrada y arriesgar una potencial crisis que fortalezca a la oposición; o reservarse para cuando llegue el momento de negociación interna.
El texto de la ley tensiona el andamiaje legal y constitucional y expresa la voluntad política del gobernador, no necesariamente de todos los componentes de Unidos. Ahora será la Legislatura la encargada de ver qué hace con eso, de pulir el texto, de podar o reescribir y de establecer su propio equilibrio en la redistribución de poder procesal y operativo que el Ejecutivo está proponiendo para sí mismo, la Policía y el Ministerio Público de la Acusación.
En ese tránsito legislativo el socialismo se mueve con aplomo. Tiene dos cosas en claro: que el debate llevará tiempo; y que por la cantidad de bancas que tiene en la Cámara baja será un actor determinante de lo que se apruebe o no.
Un referente de la UCR trazó ante Rosario3 una posible hoja de ruta legislativa. “En lo inmediato una reunión con los legisladores radicales para informar los detalles del proyecto. Luego, una mesa bilateral con el socialismo para ver punto por punto y avanzar con aquellos en los que no hay controversia”.
Puso un ejemplo: “Con el punto que prevé casos en los que la prueba puede ser válida y usada para acusar aunque no se hayan respetado procedimientos, si logramos una buena redacción, bien ajustada, que permita distinguir cuando se trata de un error menor o formal de otros, se podría avanzar”. “En principio se plantea que este paquete una locura, pero creo que si se trabaja bien en seis o siete de los 11 puntos se puede avanzar”, resumió.
Por fuera de la política, el texto despertó reacciones. La Defensa Pública ya manifestó su intención de concurrir a la Legislatura a plantear reparos sobre el proyecto. También colegios de abogados y magistrados. La oposición, convencida de que hay flagrantes contradicciones constitucionales en el texto del proyecto, esperan que los magistrados se expresen y las señalen.
En el fuero penal esta semana se habló mucho del tema a partir del detalle de las reformas que Rosario3 publicó hace una semana. La Corte Suprema y los presidentes de las cámaras penales de las cinco circunscripciones de la provincia analizarán el tema en una reunión que probablemente se haga el martes. Los camaristas originalmente solicitaron el encuentro para tratar la reorganización laboral del fuero, pero la agenda se amplió.
En tanto, el gobierno provincial dedicó buena parte de la semana a militar el paquete de leyes. El primero en salir fue el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. Le siguió el gobernador Pullaro. En tándem sostuvieron que “no es momento de ablandarse”. Luego se sumó el presidente de la comisión de Seguridad de Diputados, Martín Rosúa, y el jueves la vocera Virginia Coudannes salió a patear hormigueros e instalar al exgobernador Omar Perotti, el diputado Agustín Rossi y los líderes de Ciudad Futura Juan Monteverde y Caren Tepp como referencias del paradigma de seguridad que fracasó.
El escenario que se le presenta a Maximiliano Pullaro es novedoso. Los resultados en seguridad se miden contra su propio éxito, porque el tiempo avanza, y el punto de comparación ya no son los fatídicos años de la gestión Perotti sino sus propios logros, alcanzados con un plan ejecutado a brazo partido y marcha forzada, al punto que le costó un conflicto policial.
Por lo tanto, cualquier deterioro de la situación, aunque sea circunstancial, se mide con la propia vara, que quedó muy alta después de la abrupta caída que experimentaron los delitos en general, pero en especial la violencia altamente lesiva.
Eso explica por qué en la conferencia del jueves pasado la vocera haya exhumado el gobierno de Omar Perotti con su récord de homicidios y cuatro ministros en cuatro años. Y haya traído a escena a dirigentes asociados al kirchnerismo. El gobierno de Pullaro elige y modela su oposición como representación del pasado al que no se quiere volver y la incita a subirse al ring.
No es solo el kirchnerismo o el peronismo. El gobierno invita a quien esté dispuesto a subirse al ring. Ve críticas de los “garantistas” en el comunicado del Inecip (prestigioso centro de estudios penales que asesoró el cambio de Código Procesal en Santa Fe) y de “los abogados de los narcos” cuando el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas José Nanni dice que tal como se presentó el proyecto “destroza principios generales en materia de derechos procesal penal y garantías constitucionales. Aniquila años y años de historia y de evolución del derecho penal y el derecho procesal penal”.
En ese ring se siente cómodo y ganador. No solamente porque tiene resultados para contrastar que otros no, sino porque se autopercibe (y se esmera en serlo) fiel representante de la mano dura en materia de políticas de seguridad. El paquete de leyes que para muchos “es una locura” expresa una decidida voluntad política de representar la demanda de una presunta mayoría social, que a su vez coincidiría con el electorado que Unidos y La Libertad Avanza comparten en Santa Fe. En esta construcción discursiva, el panperonismo representa lo opuesto, desde la “defensa de los delincuentes por encima del de las víctimas”, hasta “disvalores” como el “garantismo zafaroniano”.
Como conductor de Unidos, el pullarismo se inscribe en una corriente que aboga por los equilibrios, la moderación, el centro y el pragmatismo como antítesis del dogmatismo libertario y kirchnerista. Seguridad es la excepción. Ahí no tiene medias tintas y opta sin especulaciones por políticas de mano dura, escudado en la gravedad de la situación de la que se hizo cargo y logró contener. No se ruboriza por devolverle a la policía la posibilidad de interrogar sin un abogado defensor ni por llamar El Infierno a la futura cárcel de máxima seguridad.
Un bullrichista al gobierno
El descenso del dirigente del PRO Federico Angelini desde el ministerio de Seguridad de la Nación al de la provincia va en esa línea. Estará a cargo de la secretaría que dejó vacante Coudannes cuando ascendió a vocera del gobierno, pero con funciones de coordinación con otras áreas de Seguridad. Su labor tendrá como epicentro Rosario por razones operativas pero también políticas.
Desde 2024 Angelini estuvo encima del Plan Bandera y las fuerzas federales en Rosario. A la vez es un dirigente con aspiraciones políticas. Pullaro le habilita un lugar y visibilidad para que haga su labor. El tiempo dirá luego quién es el precandidato a intendente del PRO. Él, Cristian Cunha y Ana Laura Martínez son los tres que están anotados.
Otrora mandamás del PRO santafesino, Angelini es de los macristas que tras las elecciones de 2023 dieron el salto a La Libertad Avanza. En su caso un doble salto, porque en la pelea entre Macri y Bullrich quedó del lado de la segunda.
Gabriel Chumpitaz, José Núñez y Angelini, todos del PRO, comprobaron lo hostil que es LLA con los inmigrantes políticos. No hay protagonismo, visibilidad ni futuro para ellos. Es subordinación o nada.
Angelini preparaba su salida del gobierno nacional hace tiempo. Se profundizó cuando la actual ministra Alejandra Monteoliva rompió con su antecesora Patricia Bullrich después que esta se fue al Senado. El deterioro de esa relación, que en realidad no es con Monteoliva sino con Karina Milei, dejó a Angelini como sapo de otro pozo en el ministerio.
Pullaro recibe con los brazos abiertos a Angelini, a pesar de que este enfrentó a la vicegobernadora y su protegida política Gisela Scaglia cuando el gobernador la ayudaba a ser la presidenta del PRO Santa Fe. Eso es historia del pasado. Ahora lo suma a la gestión y a la estrategia política cuyo objetivo final es retener la intendencia de Rosario en 2027.
Pullaro suma un dirigente que viene con el respaldo de Bullrich. Es curioso. Bullrich está en cortocircuito con el universo Milei, pero es la jefa de los senadores libertarios. Un hombre de su confianza podría ser el candidato de Unidos que tapone el carril y divida votos en el electorado de la centroderecha y derecha de Rosario para evitar que se los quede Juan Pedro Aleart, el periodista que dio el salto a la política de la mano de Bullrich en 2025. En Rosario, ¿Bullrich jugará para Unidos o para La Libertad Avanza?