En el marco del derribo de un nuevo búnker de venta de droga en la zona sur, el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, defendió este lunes el paquete de reformas legislativas que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro para endurecer la política de combate al delito. El funcionario destacó que los indicadores de criminalidad mejoraron, pero insistió en que se necesitan más herramientas legales para sostener la intervención estatal, como la creación de zonas policiales especiales y juicios exprés para penas leves.
Según informó El Tres desde el lugar, el operativo de inactivación se llevó a cabo en Centeno al 2400. El fiscal César Cabrera detalló que la intervención abarcó Villa Moreno y Villa Centeno debido a los altos índices de violencia de la zona. "Este es uno de los tantos puntos de venta que había en el barrio y específicamente en el lugar se realizaron allanamientos que dieron resultados positivos", señaló Cabrera, y adelantó que ya tienen identificados otros inmuebles para intervenir en varias cuadras a la redonda, pertenecientes a los mismos grupos delictivos.
Al respecto, Cococcioni precisó que la mayor parte de las inactivaciones provinciales ocurrieron en Rosario y anticipó un nuevo derribo en la ciudad de Santa Fe para este viernes. En ese contexto, el ministro evaluó la aplicación de la ley de microtráfico y consideró que los buenos resultados le dan crédito a la gestión para avanzar con nuevas medidas legislativas. "Creemos que no es momento de ablandar la política de seguridad en la provincia de Santa Fe", afirmó.
El titular de la cartera de Seguridad reconoció que el problema no está terminado y que, si bien los índices locales mejoraron muchísimo respecto a 2021, 2022 y 2023, la provincia aún está lejos de una situación óptima si se la compara con la tasa nacional. Por ello, remarcó que la instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro fue profundizar el rumbo para "no levantar el pie del acelerador" en la lucha contra la delincuencia.
Para lograrlo, el Ejecutivo propone un paquete de leyes que incluye desde la declaración informativa e interrogatorios policiales sin necesidad de un defensor como requisito de validez, hasta juicios en rebeldía si el imputado se fuga, y allanamientos automáticos ante la detección de armas en la vía pública. Además, se proyecta un régimen agravado con aislamiento pleno para internos que ordenan delitos desde las cárceles y el fortalecimiento de las actividades de inteligencia.
Uno de los puntos centrales del debate es el "procedimiento por decreto penal", que permitiría aplicar un juicio breve para penas que no involucren prisión efectiva. Cococcioni comparó esta herramienta procesal con el pago de multas de tránsito y aseguró que el proyecto protege el piso de garantías constitucionales. "En ningún caso ninguna cláusula constitucional es lesionada", aseveró el ministro.
Ante las críticas a la reforma procesal penal, el funcionario anticipó que encontrarán posiciones distintas en la Legislatura provincial. "Los abogados que regularmente hacen defensa penal obviamente van a tratar de fortalecer las cláusulas de garantía y de que no avancen las herramientas de la política criminal, porque es su interés", apuntó Cococcioni, y agregó que a los letrados que defienden a "presos de alto perfil vinculados al narcotráfico, seguramente no les va a gustar este proyecto".
Entre los puntos fuertes que el Gobierno busca aprobar, Cococcioni destacó la posibilidad de establecer una zona de intervención policial especial. Esta figura, inspirada en las normativas nacionales, permitiría que en barrios con indicadores de criminalidad elevados y sostenidos, la Policía cuente con facultades extraordinarias. Esto habilitaría controles de acceso, limitaciones horarias para circular, la prohibición de consumo de alcohol, demoras de hasta 24 horas y el requerimiento de allanamientos generales.
