Este sábado 3 de enero, la confirmación de que Estados Unidos ejecutó una operación militar a gran escala en Venezuela, capturó y extrajo del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, marca un punto de quiebre histórico para América Latina y para el sistema interamericano en su conjunto. No se trata solo del colapso del chavismo como régimen político, se trata de la ruptura explícita del principio de soberanía estatal, uno de los pilares centrales del orden internacional contemporáneo.
Hay que tener en claro que la acción estadounidense no inaugura una transición. Inaugura una excepción peligrosa.
Lo que ocurre en Caracas es una escena de capas superpuestas y tensiones simultáneas. Es el derrumbe de un régimen autoritario, la irrupción de una potencia hegemónica, una crisis humanitaria de larga data, un vacío de poder inmediato, aspiraciones democráticas legítimas y una disputa geopolítica de fondo.
No se puede analizar con simplismos ni consignas morales automáticas.
Ésta no es una liberación lineal ni una invasión clásica: es un episodio híbrido que desborda las categorías tradicionales con las que el sistema internacional suele ordenar los conflictos. Conviven en él una demanda interna legítima de cambio político, una acción militar unilateral de una potencia global y la incapacidad persistente de los mecanismos multilaterales para ofrecer salidas eficaces a crisis prolongadas.
Lo que ocurre en Venezuela expone el agotamiento de las herramientas convencionales de gestión internacional –sanciones graduales, mediaciones diplomáticas, misiones de observación, declaraciones de condena– frente a regímenes que sobreviven bloqueando toda alternancia y frente a potencias que, ante ese vacío, optan por imponer hechos consumados. No es solo un conflicto venezolano, es la evidencia de un sistema internacional que llega tarde, actúa fragmentado y, cuando falla, deja espacio a la lógica de la fuerza.
Lo cierto es que el país de Simón Bolívar llega a este desenlace devastado. Más de una década de colapso económico, una emergencia humanitaria prolongada, violaciones sistemáticas de derechos humanos y el mayor éxodo de la historia reciente en América Latina –alrededor ocho millones de ciudadanos– vaciaron al Estado de legitimidad interna. El poder de Maduro ya no se sostenía por consenso, sino por coerción, captura institucional y represión selectiva.
En ese contexto emergió, por primera vez en más de 25 años de chavismo, una oposición unificada con respaldo social verificable, encarnada en María Corina Machado, que el régimen optó por bloquear y proscribir en lugar de enfrentar en las urnas, cerrando la última válvula de escape democrática.
Este estancamiento creó un escenario en el cual ninguna salida interna parecía posible, y donde el Estado había perdido su monopolio de legitimidad sin que otro actor eficaz pudiera reemplazarlo. Fue en estas circunstancias donde Washington decidió presionar de manera creciente en los últimos meses, articulando sanciones, estableciendo presión diplomática, desarrollando actividad militar en el Caribe y deslizando movimientos de disuasión regional como preludio de la acción de este sábado.
Nada de ese contexto modifica el marco normativo que rige las relaciones internacionales. La pérdida de legitimidad interna de un gobierno no habilita, por sí misma, la intervención armada de un Estado extranjero. La detención y traslado de un jefe de Estado por fuerzas de otro país, en ausencia de un mandato multilateral expreso o de una autorización clara de los órganos competentes del sistema internacional, constituye una violación grave del derecho internacional vigente.
Al naturalizar ese tipo de acciones, se debilitan los principios diseñados precisamente para limitar el uso discrecional de la fuerza y proteger a los Estados más vulnerables frente al poder de los más fuertes.
El gobierno de Donald Trump invoca razones de seguridad, narcotráfico y justicia. Pero al actuar de manera unilateral reintroduce una lógica de fuerza que América Latina conoce demasiado bien. La región aprendió a un costo altísimo que los cambios de régimen impuestos desde afuera rara vez producen estabilidad y casi nunca construyen democracias sostenibles. En ese sentido, Panamá en 1989 fue una excepción contextual, en un mundo unipolar que ya no existe. Convertir esa experiencia en modelo es ignorar deliberadamente las lecciones de las últimas décadas.
El vacío de poder que se abre ahora en Venezuela es profundo y peligroso. No hay instituciones sólidas esperando ser reactivadas, sino un Estado colonizado, fuerzas armadas fragmentadas, economías ilícitas entrelazadas con el poder y una sociedad exhausta tras años de deterioro material y simbólico. La transición será necesariamente larga, frágil y atravesada por riesgos humanitarios y políticos. Ninguna estabilización será viable si se percibe como una tutela externa permanente.
La reconstrucción legítima de la república bolivariana sólo podrá sostenerse si es liderada por los propios venezolanos, con acompañamiento internacional, garantías políticas y mecanismos multilaterales claros. Sin eso, el país corre el riesgo de pasar de un autoritarismo interno a una dependencia externa, cambiando de forma pero no de problema.
La condena al chavismo y la defensa de la democracia no pueden construirse sobre la negación de la soberanía. Si el orden internacional acepta que una potencia decida quién gobierna y cómo en otro país, el problema deja de ser Venezuela. El problema pasa a ser el sistema global y la fragilidad de las reglas que dicen contener el uso arbitrario de la fuerza.