El Decreto 787/2022 reestablece el Programa de Incremento Exportador para el complejo sojero (Dólar Soja II), ofreciendo nuevamente un tipo de cambio superior a quienes ingresen al programa ($230 hasta fin de año). El incentivo ofrecido es importante, se pagará por dólar exportado un 38% más que lo que se estaba pagando a fines de noviembre ($167), siendo de esperar por tanto que las ventas de las existencias de soja se aceleren, tal como sucediese en la primera edición.

Para el economista de Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón, si el programa lograse que la comercialización llegue a fines de año con un patrón similar al normal histórico, “el flujo de ventas podría estar entre los 3,5 y 5,3 millones de toneladas (según se tome como referencia las últimas 3 o 10 campañas), y si en diciembre se realizasen ventas que habitualmente se hacen en enero, el flujo podría ubicarse entre los 5,3 y 7,0 millones de toneladas”. Como referencia, el Gobierno espera que el programa genere u$s 3.000 millones que, a precios de exportación, equivale a unos 5,1 millones de toneladas vendidas, lo que parece factible de lograr.

En cuanto al nuevo cambio de reglas de juego, un tipo de cambio más alto sólo para un conjunto de productos y en forma temporaria genera obvias inequidades y distorsiones, además de configurar un escenario más complejo para la toma de decisiones. “Por lo pronto, resulta poco equitativo al interior del propio sector agropecuario, entre productores y producciones, y fuera del sector, en relación a otras actividades”, reconoció el experto.

Según explicó, en el plano de la eficiencia se genera una nueva distorsión de precios relativos y la toma de decisiones respecto a inversiones y asignación de recursos se hace más difícil. “La soja es unidad de cuenta en muchas transacciones, por lo que el dólar diferencial genera fricciones entre partes (mientras dura), e introduce un nuevo elemento a considerar, la posibilidad de operar bajo un esquema en el que los costos y los ingresos son impactados por diferentes tipos de cambio”, señaló.

Y agregó: “las distorsiones se extienden al interior de la propia cadena, por caso, aguas abajo, en granjas de animales o industrias de transformación no alcanzadas por el beneficio cambiario pero afectadas en sus costos, penalización que se exacerba si además rige sobre algunas de estas producciones algún tipo de control de precios en el mercado interno”.

Flujos amenazados

Mientras el Gobierno procura acelerar la venta de los stocks, Garzón indicó que “los flujos productivos del 2023 lucen cada vez más amenazados”.

El desarrollo de los cultivos de verano del ciclo 22/23 (maíz, soja) sigue fuertemente desafiado por la continuidad de un clima muy adverso, creciendo día a día la probabilidad de tener una campaña pobre en cuanto a volúmenes (por demora en la siembra, falta de lluvias a tiempo y la muy probable menor inversión en tecnología e insumos).

A los efectos de ir planificando la macro 2023, se construyen tres escenarios productivos, uno que podría considerarse optimista (y poco probable), otro moderado (más realista de lo sucedido hasta el momento) y un tercero más pesimista (supone la continuidad de la sequía por varias semanas más) pero que tiene probabilidad de ocurrencia.

“Con precios hoy esperados en los mercados de futuros, se estiman y valúan las exportaciones en los tres escenarios productivos definidos. En el escenario moderado las exportaciones asociadas a la cosecha 22/23 (ciclo comercial) tendrían un valor de u$s 36.400 millones, con una caída de u$s 6.600 millones respecto a las del ciclo previo. En el escenario pesimista, se ampliaría la caída a u$S 10.400 millones, mientras que en el optimista se reduciría a u$S 1.600 millones.