Enviado especial / Buenos Aires. En el marco de las Jornadas Internacionales de Conectividad de ATVC desarrolladas durante dos días en el hotel Hilton Buenos Aires, Claudio Ambrosini, presidente del directorio del Enacom, confirmó que en el primer trimestre del año próximo estará lista la licitación para que la Argentina pueda contar con la tecnología 5G. Ante este hecho, desde el sector Tics advirtieron que la industria requerirá de procesos de inversión constantes y de grandes recursos estatales.

"La evolución tecnológica hacia 5G, redes de nueva generación, internet de las cosas e industria 4.0, se necesitará un salto sustancial en las inversiones anuales de los operadores brindando servicio actualmente, quienes deberán ampliar la capilaridad, adecuar la tecnología y transformar sus redes para brindar las soluciones que demandarán los usuarios", señalaron desde el sector.

"La industria TIC requiere de inversión constante para la operación, mantenimiento y despliegue de redes. La velocidad con la que las tecnologías evolucionan y la necesidad de satisfacer la demanda de más y mejores servicios de conectividad por el conjunto de la sociedad obliga a las empresas del sector a sostener un ritmo de inversión cada vez más intensivo para el cual resulta imperioso contar con un marco regulatorio estable que acompañe e impulse la sostenibilidad de la industria", agregaron empresarios de la industria de las TICs.

Análisis del contexto

Argentina cuenta con características particulares que desafían el desarrollo de infraestructura TIC. Es el 8° país con mayor extensión territorial del mundo (2° de la región detrás de Brasil) con 2,78 millones de kilómetros cuadrados. Pese al extenso y heterogéneo territorio nacional, el país cuenta con una baja densidad poblacional (aproximadamente 17 habitantes por kilómetro cuadrado) que se concentran principalmente en los grandes centros urbanos del país (más del 90% de la población).

En este contexto, el país supo alcanzar niveles de penetración de servicio aceptables a través de inversiones sostenidas en las últimas décadas, posicionándose entre los mejores de la región, señalaron desde la industria.

Argentina cuenta con una ratio de penetración de la banda ancha fija (76% de los hogares) por encima de países con similar PBI per capita (como Brasil, Rusia, México o Colombia). La penetración del servicio de conectividad fija también se encuentra por encima de la línea de regresión de los 40 países que componen la muestra, un resultado que se explica por las más de tres décadas de inversión sostenida en redes y conectividad.

En materia de conectividad, la calidad de servicio, definida principalmente por indicadores de velocidad, complementa al indicador de penetración para evaluar las condiciones de los servicios en un país.

En este sentido, Argentina también presenta una velocidad promedio a niveles de la media regional con 52.34 Mbps. Estos datos resultan de relevancia dado que la asequibilidad está relacionada con el precio de la conectividad, su disponibilidad y con la calidad de conexión.

En referencia al precio de la conectividad, Argentina posee un buen ratio de asequibilidad, competitivo con el resto de los países de la región. Si nos enfocamos en la banda ancha fija, el país se ubica entre los tres más “baratos” de Latinoamérica de acuerdo con el análisis realizado por Cable.Co en el relevamiento realizado en el último trimestre de 2021. Cabe aclarar que a los efectos de la comparación para el análisis se tomó el tipo de cambio oficial a diciembre de 2021 ($ARS 104.-).

Sin embargo, advirtieron que el DNU 690, publicado en agosto de 2020, en plena pandemia y que convirtió a las TIC en servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y puso bajo jurisdicción del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), generó un impacto negativo en la industria por la decisión de regular los precios.

Mientras que la inflación acumulada alcanzó un 176% entre diciembre de 2020 y julio 2022, los aumentos autorizados quedaron sensiblemente por debajo de esa marca. Para los licenciatarios en general, los aumentos autorizados acumularon en total un 42% en dicho período, contemplando que la última resolución hasta el momento de elaboración del informe fue la publicada en junio de 2021, tras mantenerse casi 1 año sin cambios.

Por su parte, si bien para los licenciatarios Pymes se dispuso una frecuencia y ratio de incremento mayor, sólo alcanzó a un 72% acumulado entre 2020 y 2022, aún muy por debajo de la marca del IPC.

Inversiones y desafíos

En el comunicado lanzado, la industria TIC señaló que se requiere de inversiones constantes para la operación, mantenimiento y despliegue de redes. La velocidad con la que las tecnologías evolucionan y la necesidad de satisfacer la demanda de más y mejores servicios de conectividad por el conjunto de la sociedad obliga a las empresas del sector a sostener un ritmo de inversión cada vez más intensivo para el cual resulta imperioso contar con un marco regulatorio estable que acompañe e impulse la sostenibilidad de la industria.

Destacaron que pese al escenario actual, los operadores del sector buscan alternativas para satisfacer a sus clientes y, a su vez, ser más eficientes e innovadores. El cambio de condiciones regulatorias que introdujo en DNU 690 en el año 2020 marcó un quiebre, con una caída de la inversión cercana al 50%.

En relación con los ingresos que genera el sector, desde el sector aseguraron que vale la pena destacar que el ARPU (ingreso promedio por usuario) de la industria, tanto para el servicio de conectividad fija como para el móvil, se mantienen por debajo del ritmo de inflación y devaluación de la moneda en Argentina, evidenciando un deterioro sostenido en dólares que estresa la capacidad de financiamiento de la industria.

Con todas estas consideraciones, desde la industria indicaron que resulta fundamental atraer inversiones para infraestructura con políticas integrales coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno que den forma a un marco para el fortalecimiento del ecosistema TIC, considerando tanto las regulaciones como las necesidades de despliegue, la utilización de los fondos de servicio universal (FSU) y el acceso a créditos para el sector.

Entre algunos de los puntos que consideraron importantes a mejorar se encuentran:

- Retomar el status regulatorio previo al dictado del DNU 690/20, restableciendo la libertad de precios y la promoción de una competencia justa.

-Articular los planes de infraestructura del Estado con los operadores de la industria de modo tal, que la infraestructura pública esté a disposición como herramienta que potencie y amplíe la capilaridad y la velocidad de despliegue y cobertura de las empresas privadas de servicios TIC para todo el país.

- Impulsar una simplificación normativa para facilitar permisos de despliegue de redes en localidades mediante la homogeneización de reglas, permisos, tasas y contribuciones. Permitir el canje de obligaciones regulatorias por inversiones en conectividad como incentivo al despliegue y desarrollo de infraestructura.

- Delinear un esquema de incentivos impositivos que brinde exención de impuestos para despliegues de infraestructura nueva y zonas vulnerables o alejadas sin conectividad.