Recién reglamentada y ya operativa, la ordenanza de suelo e inversiones productivas podría hacer su estreno para aplicar sus parámetros al proyecto de Aceros Coco, que desde hace cinco años está intentando terminar su centro logístico en la zona de 27 de Febrero y Circunvalación.

Sancionada a fines de 2020 y reglamentada semanas atrás, la ordenanza impulsada por el secretario de Producción, Sebastián Chale, procura frenar el éxodo industrial que tanto sufrió Rosario en las últimas décadas. Para eso alivia las exigencias de compensaciones (como donación de terrenos o construcción de gran infraestructura) y reduce la carga tributaria para los que se instalen en la zonas de promoción. Además, sube los metros de la altura edificable, baja las parcelas mínimas de edificación, genera un fondo especial para el desarrollo de infraestructura y unifica beneficios fiscales.

El oficialismo en el Concejo Municipal cree que estos nuevos lineamientos podrían servir para resolver un tema de larga data como es el proyecto de ampliación de Aceros Coco, que desde 2016 intenta sin éxito culminar su centro logístico. “En la comisión de Planeamiento pedimos que el proyecto vuelva al Ejecutivo para que se lo analice en los términos de la ordenanza de inversiones y suelos productivos, y que cada área técnica pertinente lo revise”, manifestó el concejal de Creo, Fabrizio Fiatti.

El edil destacó que la empresa quiere construir infraestructura para un depósito y oficinas administrativas, y que es conveniente estudiar el expediente a la luz de la nueva ordenanza. “Como este mensaje tiene muchos informes técnicos, creemos que lo mejor es que intervengan las áreas correspondientes nuevamente para ver si está todo ok”, planteó Fiatti en diálogo con Ecos365 y agregó: “Tal vez se pueda hacer un convenio en otros términos, ya que hay nuevas herramientas de promoción de inversiones privadas”.

Pero el otro escollo que debe sortear la siderúrgica es la ocupación de una porción del terreno que sufrió por parte de un grupo de familias, que le impide finalizar la obra. La empresa incluso se mostró predispuesta a negociar la adquisición de otro predio para cederlo con fines habitaciones a estos ocupantes, más allá de que el tema está judicializado.

Acerca de esto, y propuesto por la concejala de Ciudad Futura, Jésica Pellegrini, se acordó realizar un pedido de informes sobre las familias que ocupan un sector de los terrenos de la referida empresa, a los fines de encontrarle una solución a esta segunda cuestión.

“Lo que buscamos desde el Concejo es generar una instancia de diálogo entre la empresa, el Ejecutivo y las familias, más allá de que esto no deja de ser una cuestión entre privados, pero en la que queremos ayudar a resolver”, sostuvo Fiatti.