La Policía Federal desbarató en Puerto Madero una banda que traía a Argentina mujeres rusas embarazadas para dar a luz y les cobraban hasta 35 mil dólares. El paquete incluía conseguirles un sanatorio para el parto y documentación trucha para obtener la ciudadanía argentina en tiempo récord.
Durante toda esta semana, fue noticia la llegada a Argentina de un importante número de mujeres rusas embarazadas que buscaban dar a luz en este país. Pero tras la detención de seis de ellas en Ezeiza por haber mentido en los trámites migratorios hizo que la Policía Federal pueda avanzar en la investigación que había iniciado un mes y medio atrás.
Los efectivos realizaron el jueves último dos allanamientos en departamentos de torres de lujo de Puerto Madero, donde secuestraron dólares, notebooks y documentos migratorios de la organización delictiva. Según confirmaron fuentes policiales a Clarín, por sus "servicios" la banda cobraba entre 20 mil y 35 mil dólares a familias pudientes del país gobernado por Vladimir Putin.
El caso de las embarazadas rusas comenzó hace más de un mes, con una serie de investigaciones periodísticas que detallaban el boom de parturientas que viajaban para dar a luz en Argentina. Si bien mencionaban el afán por escapar de la guerra que libró su país de origen contra Ucrania, uno de los mayores atractivos era la posibilidad de conseguir para los recién nacidos y las mujeres la ciudadanía argentina.
El jueves pasado, un total de 33 mujeres rusas habían llegado al país solo en uno de los vuelos de la aerolínea Ethiopian Airways. Todas estaban entre la semana 33 y 34 de embarazo. De ese total, seis habían quedado demoradas por problemas en la presentación de los papeles. Según explicó Florencia Carignano, titular de Migraciones, habían mentido en los datos para solicitar el ingreso como turistas.
Es que con el pasaporte argentino se tiene acceso a una gran cantidad de países sin requisitos especiales, aunque para entrar a Estados Unidos se debe tramitar una visa que en general es por 10 años. En Rusia, en cambio, la guerra contra Ucrania hizo que muchas naciones le cierren las puertas a sus ciudadanos.
Pero detrás de todo ese movimiento se encontraba un grupo de personas que negociaba con la situación. Cobraban por un servicio que incluía traslados, alojamiento, una clínica para asistir al parto y traductores de idioma para los controles. Pero también gestionaban mediante documentación apócrifa trámites de radicación y ciudadanía argentina en tiempo "récord", confirmó la Policía Federal.
En la causa hay tres imputados, a los que se les secuestró el pasaporte y se les prohibió la salida del país, pero aún la jueza no ordenó su detención.
