La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa provincial deberá evaluar, a pedido del fiscal general de Santa Fe, un incidente que involucra al jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal, por un hecho que "implicaría" una "violación a la responsabilidad ética y a la transparencia".

El origen del conflicto es la compra de dos autos en la concesionaria de un empresario inmediatamente después de confirmarle a éste con su firma el archivo de una causa que lo tenía como acusado. Esa decisión fue en junio último y la adquisición, en julio.

Como la investigación se reabrió, Serjal hizo una presentación en la que explicó la situación en detalle, justificó la compra de los vehículos (ofreció documentación) y solicitó él mismo el apartamiento, medida que su superior le concedió pero que resolvió dejar a consideración de los legisladores, para que evalúen el incidente.

Tanto la resolución de Baclini como el descargo de Serjal fueron publicados en el sitio oficial del MPA.

La causa

Una denuncia penal por delitos económicos iniciada por Omar Santero (Carrocera Sudamericana) contra Rómulo González, actual titular de Auto Rosario, tuvo para éste último una resolución favorable con la firma de los fiscales de grado David Carizza y Natalia Benvenutto y fue después confirmada por Serjal.

No obstante, con posterioridad, Serjal adquirió dos autos cero kilómetro en la citada concesionaria: un Toyota Corolla y un Toyota Etios, ambos versión full. Como los abogados patrocinantes Gustavo Peirone y Walter Stramazzo apelaron, el trámite se reabrió por orden de Baclini.

Ante eso, y la posibilidad de tener que resolver nuevamente, el propio Serjal pidió voluntariamente ser apartado, ofreció comprobantes sobre los gastos y el origen de los fondos y aseguró que la causa "fue resuelta con criterio jurídico, mediante la evaluación de evidencias y el estudio de las mismas".

"No existen motivos para la pérdida de objetividad de mi parte", enfatizó en su presentación. No obstante, pidió ser apartado de una nueva actuación en la carpeta judicial "a los fines de evitar planteamientos, incluso que sólo podrían tender a lo que se conoce como chicanas judiciales".

"Como ocurría con la mujer del César, los Fiscales no sólo debemos ser objetivos sino también parecerlo", definió.

Análisis y resolución del superior

Baclini, por su parte, enunció que "la norma rectora del Ministerio Público de la Acusación indica que los fiscales deben observar una conducta pública y privada que no afecte la confianza en la función que cumple".

En ese sentido, consideró que "mediante un simple análisis se puede advertir que la fecha aproximada de fines de junio que el Fiscal Regional señala como inicio de su gestión con Auto Rosario SA tendiente a la adquisición de un Etios y un Corolla (que según sus dichos finalmente se concretó en julio) es coincidente con la fecha de la resolución de la Fiscalía Regional a su cargo (18/06/2019) en una causa en la cual aquella firma se encontraba directamente interesada con su titular imputado".

"Objetivamente esa circunstancia por sí misma resulta contraria a los principios de actuación que rigen el ejercicio de funciones de este MPA, principalmente el de transparencia", citó Baclini.

También recuerda específicamente la "prohibición de solicitar o aceptar cualquier tipo de beneficio de parte de personas con las cuales se relacione en razón del desempeño de sus funciones", y citó más fragmentos del Código de Ética del Poder Judicial de Santa Fe.

Entre ellos, ponderó el que indica que "todo funcionario judicial debe evitar celosamente que factores personales externos interfieran en su convicción, quedándole prohibido recibir cualquier tipo de beneficios ya sea antes, durante o después de finalizado el proceso donde actúen".

A los fines de "salvaguardar la institución"

Baclini entendió así "razonable" que esta posibilidad sea descartada a través de una investigación "mediante los procesos correspondientes", para "salvaguardar la integridad de la institución y de las personas involucradas".

"Se trata no solamente de resguardar la objetividad y eficacia, sino también de asegurar, en la medida de lo posible, que terceros puedan confiar en que ambos extremos estén salvados", escribió.

"Es por eso que el apartamiento que se dispone no sólo refiere específicamente al legajo en cuestión sino también a toda otra actuación fiscal por la cual se procure dilucidar cualquier aspecto vinculado al objeto de la presente".

La resolución

Con esos argumentos, el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, le concedió a Serjal el apartamiento, pero además resolvió enviar el incidente a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa de Santa Fe "a los fines que pudiera corresponder".

Como la Legislatura tiene actualmente el poder sancionatorio de los fiscales en hechos graves, será la que se expida sobre el episodio.

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