La causa en la que se investiga el juego clandestino en la provincia de Santa Fe, y que ya tiene a dos fiscales detenidos, suma un nuevo capítulo. Este jueves se realizó en el Centro de Justicia Penal (CJP) una audiencia imputativa en la que los fiscales Edery y Schiappa Pietra presentaron las pruebas por las que acusaron a tres personas de estafa procesal y lavado de activos.
Se trata del ex piloto de la Fórmula 1 Oscar “Popy” Larrauri, el abogado José Fernández Chemes y el empresario ligado al juego clandestino, Leonardo Peiti. Según las pruebas que presentaron los fiscales, los dos primeros ayudaron a este último, que ya está imputado en otra causa por juego ilegal en Rafaela, a lavar activos por más de medio millón de dólares.
De acuerdo a la presentación de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, el hecho por el que se los acusa de estafa procesal y lavado de activos de origen ilícito tiene su origen en 2009. Allí Peiti, patrocinado por Chemes, ejecutaron maniobras delictivas para adjudicarse 10 terrenos en la localidad de Funes.
Este proceso se judicializó por terceros y recién en julio del 2015 el acusado logró escriturar estos lotes y sumarlos a su patrimonio. Según los fiscales, en marzo del 2016, Peiti simuló vender esos terrenos al ex piloto y actual empresario frigorífico Oscar Larrauri por la suma de U$D 536.000 dólares.
Para los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) esa operación también fue simulada ya que el verdadero dueño de esos terrenos continuó siendo Peiti ya que, además de la venta, se firmó un contradocumento en el que el corredor le vendía los terrenos nuevamente al empresario.
“La maniobra simulada que se instrumentó con esta escritura traslativa de dominio a favor de Oscar Larrauri. le permitió a Leonardo Peiti justificar la incorporación de un ingreso financiero a su favor de U$D 536.000 dólares en base a la conformación de registros contables que no responden a la realidad económica”, destacaron en el parte oficial.
Además, desde el MPA remarcaron que el dinero blanqueado surge como fruto de la actividad ilícita de Peiti “como jefe de una asociación ilícita destinada explotar, administrar y/u operar, por sí o a través de terceros, un sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente, hecho ya imputado”.
Una vez que logró que ese dinero ingrese al curso legal, Peiti lo utilizó para simular la compra de otros lotes ubicados en la localidad de Casilda que, según los fiscales, luego se demostró que ya habían sido adquiridos con anterioridad.
Las acusaciones contra Fernández Chemes y Larrauri
En la audiencia, los fiscales atribuyeron a Chemes de representar legalmente a Peiti en la gestión para escriturar los terrenos ubicados en Funes a sabiendas de que se trataba de un acto ilegítimo. “A sabiendas de esto patrocinó a Leonardo Peiti en su petición y acompañó para fundar su pedido la cesión de derechos que sabía era falsa, siendo que estas maniobras le redundaron en un beneficio económico ilícito para concretar la escrituración”, detallaron.
“De esta forma se consolidó en el patrimonio de Leonardo Peiti esa operación inmobiliaria mediante escritura judicial de fecha 30/7/2015. Durante el año 2016 le brindó asesoramiento legal con el objeto de que éste cometiera delitos; se prestó su asesoramiento y lo representó para se valiera del resultado del juicio de escrituración utilizando el crédito fiscal que esa operación le proporcionó para generar fondos con apariencia de licitud por un valor de U$D 536.000”, añadieron los fiscales.
Por su parte, a Larrauri lo consideraron “parte de la maniobra delictiva poniendo a disposición de Peiti y su empresa criminal, su nombre, capacidad patrimonial y solvencia moral a los fines de posibilitar contar con fondos aparentemente lícitos que le permitieran adquirir los lotes de terreno de la ciudad de Casilda y dinero en efectivo con apariencia de haber sido generado legalmente”.
“A esos fines aceptó prestar su nombre como persona interpuesta para simular una adquisición que se documentó por medio de la escritura pública traslativa de fecha 10 de marzo de 2016, de los lotes de terreno de la ciudad de Funes, haciendo insertar manifestaciones falsas en los documentos que registraron dicha operación. En los mismos manifestó que existió un intercambio de dinero a cambio de la adquisición de dichos lotes y suscribió como comprador la escritura traslativa de dominio antes mencionada, todo lo cual no se corresponde con la realidad de lo ocurrido”, fundamentaron durante la audiencia.
Por todo esto es que la fiscalía solicitó medidas cautelares no privativas de la libertad para los tres acusados. Las mismas consisten en una caución real de 800 mil dólares y prohibición de salir del país.
La Jueza de Primera Instancia Dra. Eleonora Verón tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dio lugar al pedido de las medidas solicitadas por la Fiscalía.
