La causa por lavado de activos de origen ilícito que se le sigue al financista Patricio Carey fue remitida a la Justicia Federal. Así lo resolvió el camarista Guillermo Llaudet, quien además resolvió dictar la libertad del imputado, luego de que pasara las fiestas de fin de año y siguiera parte del Mundial de Qatar en prisión preventiva, una detención que para el magistrado fue ilegítima.
Carey enfrenta una acusación con pedido de pena de 5 años, presentada en agosto pasado por el fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja.
Este viernes, Llaudet resolvió declarar “la incompetencia de la Justicia provincial para seguir entendiendo en el caso (…) sin que ello impacte en la validez de todo lo actuado”. Y remitió el cuerpo de evidencia del legajo fiscal al fuero federal. La semana que viene se conocerán los fundamentos.
El camarista dictó la resolución de oficio. Si bien todavía no se conocieron los fundamentos –que se prevén para la semana próxima–, causó preocupación entre los fiscales que investigan delitos complejos la posibilidad de que un camarista entienda que la competencia para investigar lavado no le corresponda a la justicia provincial, pudo saber Rosario3.
La causa
Cueva financiera, lavado de activos y narcocriminalidad son los entretelones de la causa que inició con el crimen del narcobarra Marcelo “Coto” Medrano, en septiembre del 2020, y derivó en allanamientos a la cueva financiera Cofyrco, ubicada en Corrientes y Córdoba, y a los domicilios de sus titulares tras información recabada en el celular del barra.
Horas antes de su muerte, Medrano había comprado algo más de 17 mil dólares en Cofyrco. El fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja explicó que con la intermediación de un hombre identificado como Sergio Zapata, Medrano entregó la suma de 2.350.000 pesos en efectivo obtenido de actividades criminales para luego aplicarlo a operaciones de compra de moneda extranjera dentro del mercado legal de cambios, con la posibilidad que adquiriese la apariencia de un origen lícito.
Los directivos Fernando Vercesi y Guido Garay, a cambio de los pesos, entregaron 17.776 dólares a Medrano por fuera de los canales regulados por el Banco Central, con conocimiento del perfil público de Coto Medrano y sin que se le requiriera ningún tipo de acreditación del origen ilícito del dinero.
Abreviados
En diciembre de 2021, Vercesi firmó un acuerdo abreviado que implicó una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional, el cumplimiento de reglas de conducta por el plazo de 2 años y una multa de 35.552 dólares, por los delitos de lavado de activos de origen ilícito y tenencia ilegal de documentos de identidad.
Además Guido Garay logró la suspensión del juicio a prueba –probation– por tres años, plazo en el que deberá cumplir reglas de conducta y pagar una multa por el mismo monto que Vercesi.
En junio de 2022, Teodoro Fracassi fue condenado a 3 años de prisión en suspenso, una multa de más de 35 mil dólares y el cumplimiento de reglas de conducta por los delitos de lavado de activos de origen ilícito en carácter de autor, encubrimiento, por receptación, agravado por el ánimo de lucro en carácter de autor.
Quien no cerró acuerdo de partes fue Carey. Y en abril de 2021 Narvaja le amplió la imputación. El fiscal señaló que, en su carácter de directivo de Cofyrco, recibió, entre el 26 de marzo de 2018 y el 17 de septiembre de 2021, a sabiendas de su procedencia ilícita, 174 documentos de identidad extraviados, hurtados o sustraídos ilegitimamente a sus propietarios entre marzo del 2017 y el mismo mes del 2018.
El fiscal sostuvo que los DNI habían sido utilizados para simular operaciones de compra de moneda extranjera a cotización oficial como si sus titulares hubieran accedido al Mercado Único de Cambios de Cambios para adquirir divisas. Divisas que quedaban disponibles para operaciones de cambio ilegal obteniendo un beneficio de la diferencia entre la cotización oficial y la del mercado negro.
Narvaja le imputó la realización de al menos 306 operaciones de compra de dólares que luego se volcaron a operatorias irregulares de la firma por lo que obtuvieron un beneficio económico ilícito denominado spread de cambio, es decir la diferencia existente entre la cotización del dólar oficial y el denominado dólar blue.
Hasta septiembre de 2019, vale recordar, la compra de dólar oficial era irrestricta. En ese mes pasó a haber un tope de 10.000 y en octubre, tras la derrota de la coalición Cambiemos en las Paso, de 200 dólares.
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