La pandemia del coronavirus que inició en marzo del año anterior dejó saldos negativos en muchos sectores de la vida económica, tanto particulares como comerciales, debido a las restricciones y por eso desde la Legislatura santafesina reclamaron a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que se abstenga de cobrar intereses a deudores afectados por esta crisis.

El pago de impuestos y servicios fue cuesta arriba para muchas personas, comercios e industrias pero ahora el proyecto, del diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, pone el foco en la EPE para que no avance con la gestión de cobros en concepto de intereses punitorios por todo el período 2020/21, en todas las categorías de usuarios del servicio de energía eléctrica en el territorio provincial.

También se pide a la prestataria que proceda administrativamente “con el trámite de calcular e imputar como pago a cuenta o crédito fiscal en favor de aquellos contribuyentes a los cuales se les haya facturado ese costo financiero y, habiendo realizado el pago correspondiente, se intervenga con la conciliación económica pertinente, poniendo en igualdad de condiciones a todos los contribuyentes”.

"Mediante este proyecto solicitamos una medida excepcional de parte de la EPE, con claros fundamentos a partir de la situación de público conocimiento. Estamos transitando un período caracterizado por un contexto económico, social y sanitario en crisis, y estamos convencidos de que no es momento de incorporar en el cuadro tarifario o en el sistema de facturación conceptos vinculados con el cobro de intereses punitorios”, apuntó Real.

En ese contexto, el conjunto de las actividades comerciales, de servicios, los oficios, los profesionales y las propias industrias recién en estas últimas semanas comenzaron a tener un proceso de reapertura y de manera segmentada, todavía con ciertas restricciones en materia de ampliación de cupos, horarios y otros factores que tratan de volver a un contexto parecido al de pre pandemia.

“Si buscamos darle una oportunidad de regularizar sus deudas a un grupo importante de contribuyentes que tienen atrasos impositivos y de servicios, como consecuencia de que vieron afectados claramente sus ingresos, el sentido común diría que debemos volver a plantear medidas extraordinarias en el marco de este contexto justamente extraordinario", dijo el diputado del PDP.

“En este sentido –agregó–, las empresas prestadoras de servicios esenciales, y sobre todo siendo empresas estatales, deben ser objetivas en este punto y no pueden salir a cobrar por sus servicios impagos o pagos fuera de término, en la mayoría de los casos involuntariamente, un costo financiero absurdo. En este momento se deben adoptar criterios solidarios y coherentes de funcionamiento, no se puede cobrar 'por si las dudas' o no se puede recurrir a un instrumento como el cobro financiero de intereses punitorios en este contexto de desorden global extraordinario”.