Este miércoles será un día clave para el nuevo gobierno de Javier Milei que puso la vara alta en materia de seguridad. El presidente, la ministra Patricia Bullrich, luego su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, y este martes el vocero Manuel Adorni, todos confirmaron que no permitirán las movilizaciones con cortes de calle. Pero eso es, justamente, lo que anunciaron que harán durante la jornada organizaciones sociales para recordar a las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y repudiar el ajuste en marcha.
La aplicación del protocolo antipiquetes de Bullrich plantea varios desafíos. Según el anuncio de la ministra, ya no se podrá cortar calles (“toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas”, fue el límite que explicitó la ex candidata presidencial del PRO), ni quemar gomas (se tomará como un “daño ambiental”), no se permitirán “palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”, tampoco la presencia de niños que, siempre según Bullruch, se usan “como escudos”.
La ministra expresó que esas acciones serán consideradas como “delito en flagrancia” lo que habilitará la respuesta de las cuatro fuerzas federales (incluso dijo que “habrá consecuencias” para las fuerzas provinciales que no actúen). Añadió que realizará inteligencia sobre los participantes de la marcha, se les quitarán los planes sociales y se enviarán los costos vinculados a los operativos de seguridad a las agrupaciones responsables.
Sin embargo, no es lo mismo cortar una calle mientras se marcha –ya que las personas están en movimiento y al tiempo la arteria se libera–, que un piquete estable en un punto. Esa distinción quedaría a cargo de cada Policía provincial, por ejemplo la de Santa Fe o la de Ciudad Buenos Aires (donde se realizará la movilización más importante este miércoles).
Una de las claves del protocolo nacional es que opera sobre jurisdicción federal, como puede ser una ruta nacional (la Circunvalación de Rosario, por ejemplo). No tiene alcance, en principio, sobre calles que dependen de las provincias. En ese punto se abren muchos grises que aún no están claros.
El mayor distrito del país, la provincia de Buenos Aires, está gobernada por Axel Kicillof, de la hoy opositora Unión por la Patria (UP). El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ya anunció que no adhieren al plan de Bullrich.
"A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo", contó Bianco y agregó: "No lo vamos a aplicar porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas creo que criminalizan la protesta".
Además, planteó dudas sobre la legalidad de algunas medidas anunciadas: "Sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia, cuestiones de reconocimiento facial, que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal, son cosas que habrá que analizar", dijo sobre una eventual inteligencia ilegal.
En cambio, el gobernador Maximiliano Pullaro se mostró de acuerdo con el espíritu del plan de acción de la ministra nacional. Pero diferenció el corte organizado sobre una ruta de un hecho puntual, como puede ser el reclamo de vecinos en una esquina (por ejemplo por un corte de luz). Adelantó que serán “sensibles” en esos casos.
La declaración que hizo el mandatario en Radiópolis (Radio 2) y que permite imaginar matices y diferentes reacciones según el origen de la protesta y la magnitud fue: “Una calle no se puede cortar pero fundamentalmente somos sensibles con la protesta social y la gente que la está pasando mal, siempre hay formas de protestar sin molestar a la mayor parte de la sociedad”.
Pullaro precisó que se “puede dejar que sea sobre una calle pero no sobre Circunvalación o una ruta porque la cantidad de personas afectadas son innumerables en función de la cantidad que está protestando”.
Aunque no aparecen como cuestiones taxativas, asoma en esas primeras declaraciones una posible dinámica que el gobernador enunció así: “Tiene que haber una lógica entre la protesta y las fuerzas del Estado”.
Lo que Pullaro definió como una “lógica” no puede estar por encima de la Constitución nacional. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se refirió a los alcances del protocolo y le puso límites concretos.
Rosatti dijo en La Nación+ que existe “un conflicto entre el derecho a manifestarse y a circular”. “¿Qué es lo que busca un juez? Optimizar los dos derechos. No confrontarlos y que sea una suma cero, o menos cero. Si usted me dice que un derecho va a anular al otro, ahí hay un ganador y un perdedor. No va”, definió.
En otras palabras, no se puede suprimir de forma total el derecho a la protesta.
Primera prueba
En Rosario también habrá una marcha por este 20 de diciembre, a 22 años del estallido y la represión policial que dejó nueve muertos en la provincia. La ex candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda, Carla Deiana, adelantó que en la ciudad habrá "una marcha muy importante con muchas organizaciones sociales, sindicales, políticas y centros de estudiantes, que vamos a salir a defender el derecho a la protesta y rechazar el plan de ajuste de Milei”.
Muchísimas organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales y políticas convocamos a movilizar mañana en Rosario y Santa Fe a 22 años del Argentinazo. Contra el plan motosierra de Milei que agrede a trabajadores y jubilados. Para defender en las calles el derecho a la protesta. pic.twitter.com/kFB2YRP5xe
— Carla Deiana (@DeianaCarla) December 19, 2023
La referente del Partido Obrero remarcó en De boca en boca (Radio 2) que “si Bullrich quiere prohibir las manifestaciones en la Argentina, constitucionalmente, el mecanismo es declarar el estado de sitio”.
Deiana descartó que la medida anunciada tenga que ver con garantizar el tránsito y analizó: “La ministra dijo que no importaba si se dejaba una vía alternativa o un carril para que circulen los autos, lo que no quiere es que haya manifestaciones”.
