En su rol de acusador, el diputado provincial Carlos Del Frade estuvo este miércoles ante la Comisión Bicameral de Acuerdos para un informe preliminar que resultó el inicio formal y la notificación al jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, del inicio del proceso en su contra por presunto mal desempeño tras la obtención de dos 0km de la concesionaria del empresario Rómulo González, al que benefició con el archivo de una causa. Entre otras cosas, sugirió evaluar una suspensión preventiva por seis meses del cargo de Fiscal Regional.
Ante la Comisión reunid con todos sus miembros, el legislador del Frente Social y Popular exhibió una línea de tiempo en la que expuso cómo Serjal firmó la resolución y obtuvo los vehículos en menos de un mes, aunque sólo lo informó en diciembre cuando la investigación fue reabierta en la Fiscalía General. Tras ello, envió un correo y pidió apartarse. De allí surgió el proceso en la Legislatura y el pedido de una investigación de la entonces diputada Alicia Gutiérrez.
Según información de Telenoche (El Tres), el informe preliminar de Del Frade encuadra la conducta en la violación a dos leyes. La de Ética Pública, donde entre los principios de honestidad, probidad, rectitud y buena fe que debe observar un funcionario incluye no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización u omisión de un acto inherente a sus funciones; y la del propio Ministerio Público de la Acusación, en particular sobre el deber de objetividad (Serjal negó haberse visto afectado) y del artículo que prohíbe solicitar o aceptar cualquier tipo de beneficio de parte de personas con las cuales se relacione en razón del desempeño de sus funciones.
La Comisión Bicameral deberá ahora protocolizar y enviar -si lo considera- las medidas de prueba que el acusador solicitó para comparar con su descargo. Son todos elementos objetivos: documentación sobre los vehículos y otros planes que mencionó en el descargo, movimientos y justificación del dinero desembolsado (cerca de 3 millones de pesos), registros de cámaras de seguridad (incluidas oficiales) y de llamadas telefónicas, entre otras extensas y exhaustivas.
Del Frade propuso que ese proceso se extienda hasta el 20 de mayo, para así contar con la posibilidad de presentar un informe final para la segunda quincena de julio. Tras ello, sugirió a los diputados y senadores evalular una suspensión preventiva por 180 días. Ese tratamiento, si es que sus pares lo consideran, podría darse tras escuchar el descargo del Fiscal Regional Rosario.
En manos de la nueva Comisión
La Comisión de Acuerdos, que la semana pasada abrió otros procesos contra los fiscales Mauro Blanco (Venado Tuerto) y Adrián Spelta (Rosario), está ahora presidida por el senador Joaquín Gramajo (PJ - 9 de julio) y conformada por sus pares Alcides Calvo (PJ - Castellanos), Rubén Pirola (PJ - Las Colonias) y Lisandro Enrico (UCR - General López).
Asimismo, por los diputados Pablo Farías (PS), Lionella Cattalini (PS), Maximiliano Pullaro (UCR), Fabián Bastía (UCR), Gabriel Real (PDP), Gabriel Chumpitaz (PRO-Juntos por el Cambio), Nicolás Mayoraz (SVF) y Leandro Busatto (PJ).
Además de ese proceso, en paralelo hay una causa penal abierta para determinar si Serjal cometió un delito con la acción realizada. Fue presentada por los abogados Gustavo Peirone y Walter Stramazzo –patrocinantes de la víctima en el proceso contra González– y asignada a las fiscales de Delitos Complejos de Santa Fe capital Mariela Jiménez y María Laura Urquiza.
