Mientras el número de homicidios en el departamento Rosario crece semana a semana (con los dos de ayer se alcanzaron los 250 en lo que va del año, el registro más alto de 2014 hasta hoy), la sociedad rosarina ya no sabe a quién dirigir sus reclamos de mayor seguridad y justicia. Las marchas de familiares de víctimas de la inseguridad son moneda corriente y hay barrios enteros que se auto convocan para gritar que no soportan más la perturbación de la delincuencia, pero el Estado no logra hallar la fórmula no ya para erradicarla, sino para evitar que siga creciendo.
Esa falencia de los gobernantes para hacer su parte dentro del contrato social (cedida por los ciudadanos, que “resignan” la libertad de vivir en estado natural a cambio de una serie de derechos y obligaciones) le da lugar a posicionamientos extremos de una parte de la ciudadanía, que pide desde leyes más duras o bajar la ley de imputabilidad hasta el permiso para andar armados y haciendo justicia por mano propia. Voces que pueden ser peligrosas para la democracia, pero que son el resultado del hastío de sentir en carne propia cómo se derrumba la poca calidad de vida que aún les queda.
Uno de los sectores al que la población rosarina apunta como responsable de este estado de cosas es el de la Justicia, a la que acusan de no aplicar penas lo suficientemente duras o ser exageradamente contemplativa con los derechos de los delincuentes, incluso a veces por encima de los de las víctimas. Un reproche que los propios jueces tildan de improcedente, porque los encargados de “fabricar” las leyes son los legisladores, mientras que a ellos les toca fallar dentro del marco que ese Código Penal les permite.
El doctor Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados de la ciudad, dijo que se hacen “carne de la preocupación de la gente porque somos un poder del estado y no somos refractarios a las críticas”, pero dejó en claro cuáles son sus funciones, despegándose de la supuesta liviandad de las normas con las que se castiga a quienes infringen la ley: “Los tres poderes del estado deben conjugar acciones para revertir esta situación que estamos viviendo. Creo que no hay responsabilidad de uno sólo, la hay de todos. A nosotros nos corresponde investigar y juzgar hechos que ya se cometieron; pero nosotros no estamos encargados de la prevención ni del agravamiento de las penas”, subrayó.
Las penas y la edad de imputabilidad, bajo la lupa
En un extenso diálogo en AM/PM por Radio 2, Salvador se explayó sobre la falta de injerencia de los jueces a la hora de dictar la legislación: “Las penas están instituidas en el Código Penal y es un ámbito de competencia del poder legislativo nacional; y la edad de imputabilidad figura en una ley de los tiempos de la dictadura, del año 1982, que luego fue modificada en los comienzos del gobierno de Alfonsín y nunca más se alteró. Por ende, esos dos ítems no son resortes del poder judicial”.
“Cuando por un hecho determinado, como el robo con un arma, el juez analiza las pruebas que le presentan y le pone al delincuente 5 o 6 años de prisión como pena, es porque está compelido por un mínimo y un máximo que determina el Código Penal y no el juez. Yo entiendo que puede haber enojo de parte de la opinión pública porque por determinado hecho se le aplican determinados años de prisión: pero se debe tener en cuenta que se aplica según el Código Penal”, añadió.
Otros clamores frecuente de los ciudadanos están referidos a las salidas transitorias que obtienen los condenados o al cumplimiento de la pena antes de que expire el plazo establecido en los fallos. Según Salvador, eso tampoco puede modificarlo el Poder Judicial: “Si el delincuente tiene 6 años de condena y sale a los 4, es porque tenemos una ley que le exige a un magistrado que a los dos tercios de una condena esa persona pueda salir en libertad condicional. Eso sucede porque el juez está obligado, ante un determinado planteo, a valorar la posibilidad de que se le otorgue esa libertad condicional, que figura en una ley del Código Penal y que hace la legislatura nacional”.
Un caso testigo de las cárceles como “deformatorios”
De todos modos, el doctor Salvador relativizó la eficiencia de las penas más prolongadas para controlar la violencia e hizo foco en el tiempo que los delincuentes pasan en las cárceles: según su mirada, lejos de servirles para reflexionar, cambiar sus hábitos de vida y volverse mejores personas (el ideal de cualquier sistema carcelario), en la realidad les permite seguir delinquiendo y regresar a la sociedad en un estado aún peor. Y citó una experiencia personal.
“Yo formé parte del tribunal que condenó a René Ungaro como autor del crimen del Pimpi Caminos. Ungaro era una persona que no tenía antecedentes condenatorios antes de 2011. Está cumpliendo una pena de 13 años de prisión. Y cumpliendo pena, se transformó en líder de una asociación ilícita destinada a cometer extorsiones y balacera ¿Cómo lo hizo? Estando preso. ¿Esta es mi opinión personal? No, es la opinión de un Tribunal de primera instancia y otro de segunda instancia que condenaron a Ungaro como líder de una asociación ilícita por hechos cometidos desde la cárcel. Si no nos replanteamos eso, es difícil que podamos tener una oportunidad de salir de la situación en la que estamos”, comentó.
Salvador quiere decir que no servirán de nada las condenas más graves si no se mejora la calidad del servicio penitenciario: “Lo que me gustaría es que nos replanteemos para qué vamos a tener esos espacios de detención: primero que ya casi no alcanzan, porque tenemos organismos de derechos humanos que hablan de superpoblación; pero también debemos pensar para qué los vamos a tener detenidos 8 o 10 años, porque eso es solamente patear la pelota para adelante”.
“En 2004, con la muerte de Axel Blumberg, se endurecieron las penas por los delitos cometidos con armas de fuego, secuestros o extorsión. Díganme si ustedes perciben que desde allí han disminuido esas infracciones a la ley. ¿Para qué queremos penas más duras? ¿Para encerrarlos cinco años y devolverlos luego a la sociedad peor de cómo ingresaron? ¿Y qué hacemos cuándo salgan?”, expresó.
Ante estas afirmaciones, se le preguntó a Gustavo Salvador si creía que el poder judicial era el menos culpable de la situación de violencia desbordante que sufre Rosario. El presidente de los magistrados respondió: “De ningún modo voy a decir eso ni que estamos eximidos de responsabilidad. Pero sí que nos debemos como sociedad un análisis más serio de parte de quienes la representan para hablar de todos estos temas”.
